El Economista,.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hizo un recuento de las seis resoluciones en las que ordenó entregar información para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Fue en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de entre 17 y 25 años, fueron a Iguala, Guerrero, con la intención de tomar los autobuses que necesitaban para participar en la conmemoración del 2 de octubre, por la matanza de Tlatelolco en 1968.
Aunque no era el primer año que realizaban esto e incluso contaban con el aval de las autoridades, los Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra ellos para impedir que sacaran los cinco autobuses de la ciudad, deteniendo a los 43 estudiantes, quienes sufrieron agresiones y después fueron desaparecidos; después se demostró que las autoridades estaban coludidas con una organización criminal.
6 resoluciones del INAI por Ayotzinapa
- La averiguación previa del caso Ayotzinapa. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) reservó la información por un periodo de 12 años, pero el Pleno del Instituto determinó en febrero de 2015 que debía de elaborarse y entregarse una revisión pública, esto, al considerar que se trataba de un caso con graves violaciones a los derechos humanos.
- Declaraciones de personal militar. La PGR reservó la información por considerar que formaba parte de una averiguación previa, así que difundirla afectaría la investigación. El INAI ordenó entregar versiones públicas de las 36 declaraciones de militares involucrados, tras determinar que era un asunto de violaciones graves a los derechos humanos.
- Informes de la Policía Federal. La entonces Policía Federal reservó los documentos de su actuación en el caso al creer que la información era parte de una averiguación previa y difundirla pondría en riesgo la investigación. El Pleno del INAI ordenó entregar versión pública de las bitácoras de servicios y de radio que hizo la Policía Federal de Guerrero, tras considerar que la sociedad debía de saber cuál fue su participación en el caso.
- Órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó entregar la información de las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México. El INAI ordenó hacer una búsqueda exhaustiva para entregar una versión pública de ellas, precisando contra quiénes se giraron, el delito que se les imputó y el número de identificación.
- Participación de buzos de la Secretaría de Marina. Buzos de la Secretaría de Marina buscaron los restos de los 43 estudiantes en el río San Juan, Guerrero. Una persona solicitó conocer toda la información generada a partir de esa búsqueda, pero la Semar respondió que la información no existía. “El INAI advirtió que el personal de esa Secretaría tiene la obligación normativa de informar a sus superiores respecto de las actividades o eventos realizados y ordenó buscar y entregar los documentos”.
- Informe de Estados Unidos. La Oficina de la Presidencia de la República, en respuesta a una solicitud de información, señaló que no tenía el expediente entregado por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el INAI ordenó buscar la información y entregar la versión pública del documento.
