Hasta ahora se contabilizan 22 asuntos en los que el Poder Legislativo debe desplegar sus funciones, derivado de sentencias de ministros, magistrados o jueces, y ya suma cuatro desacatos.
Expansión.- Los legisladores ya están desplegados en recorridos por sus estados y distritos, muchos de ellos como apoyos de campaña y otros más lo hacen en pos de su futuro político rumbo al 2024, mientras en ambas Cámaras del Congreso hay pendientes que debieron legislar por orden judicial, lo que los coloca en desacato desde hace casi un año.
Desde 2022 vencieron una serie de plazos y el Congreso está en falta al no legislar en cuatro materias: educación indígena y educación inclusiva, con consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas; al no expedir la Ley General de Aguas; al omitir normas de paridad en la integración de la Comisión Permanente y por último, por no haber previsto mecanismos de impugnación en el proceso de revocación presidencial.
Esta vez, sin embargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó trabajar para dar cumplimiento a todos los mandamientos judiciales que existen y atender el rezago legislativo, de acuerdo al presidente de esa instancia, el diputado panista Jorge Romero Herrera.
“De los más de 4,000 pendientes que tenemos, existen alrededor de 25 o 28 pendientes que lo son porque nos los está ordenando el Poder Judicial, ya sea o la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF)”, admite.
Pero si la Cámara de Diputados y el Senado están en incumplimiento de cuatro sentencias, potencialmente podrían triplicarse los desacatos, pues el 15 de diciembre, en que concluye el periodo ordinario de sesiones, vence también el plazo para acatar siete fallos pendientes de cumplir y en febrero una octava resolución.
“Hay mandamientos judiciales en donde en la Cámara de Diputados ya cumplimos nuestra parte, ya legislamos y, ahora, le corresponde al Senado”, agregó Herrera.
El panista reconoce que el incumplimiento persiste en todos los casos pues con asuntos sólo votados en una Cámara, sigue incompleto el ciclo legislativo.
Estos casos son, recuerda, el relativo a la derogación del artículo 235 de la Ley General de Salud, para permitir el uso lúdico de la cannabis, que ya pasó por la Cámara de Diputados y está ahora en manos del Senado; también, el de las reformas para reconocer el derecho a la seguridad social de concubinas del personal de las fuerzas armadas.
También se tipificó el odio racial como un delito en el artículo 149 del Código Penal Federal, y se emitió la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, “en todo eso nosotros como Cámara ya cumplimos” y ahora los temas están bajo la responsabilidad del Senado.
Admite que el rezago legislativo es mucho mayor, pues además de esos casos en los que hay resoluciones dictadas por jueces y magistrados del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), “hay más de 4 mil pendientes” entre iniciativas y puntos de acuerdo presentados y no dictaminados.
La cancha del Senado
En febrero pasado, los entonces presidentes de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, el de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, además del expresidente de la Jucopo senatorial, Ricardo Monreal, instalaron una mesa para atender el rezago legislativo –al menos 48 minutas prioritarias, se dijo– y cumplir los mandatos judiciales.
Pero hoy Armenta anda en búsqueda de la candidatura al gobierno de Puebla y los otros dos legisladores se fueron de licencia, misma que solicitaron para buscar –sin éxito– la postulación presidencial. Y la iniciativa para abatir los pendientes legislativos no se concretó.
La nueva presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, ofrece también trabajar para desahogar todos los pendientes de la agenda legislativa, incluso en acuerdo entre Morena y la oposición, y la muestra es que en las casi 10 sesiones que se han realizado en lo que va del periodo, se han logrado algunas votaciones por unanimidad.
“En la Mesa Directiva estamos trabajando para sacar todos los dictámenes donde traemos acuerdos; estamos pactando la discusión de aquellas donde habrá disensos. Y que, entonces, las mayorías jueguen, porque así es la democracia. Para eso tenemos reglas internas. Donde la mayoría tenga que hacer su papel como mayoría, lo hará; pero donde podamos transitar con todas las fuerzas políticas, también lo vamos a impulsar”, dice la morenista.
“Sí vamos a tener un acompañamiento con Cámara de Diputados. Sí lo vamos a tener, para sacar la agenda posible, en la medida del tiempo que nos queda”, asegura.
Resalta, también, que hay rezagos legislativos del lado del Poder Judicial, al no resolver acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de diversas leyes, una de ellas la Ley de Austeridad, impugnada desde 2019 y sin sentencia de la Corte que defina si es constitucional o no.
“Tienen omisiones muy grandes y que por algún motivo no lo han podido resolver; entonces se trata de que, como Poderes de la Unión, asumamos nuestro papel en la República como nos corresponde, sin convertirnos en el Poder que somete o que humilla o que evidencia al otro, porque también ellos traen atrasos importantes y sus motivos tendrán”, explica.
La legisladora plantea que analiza presentar un recurso ante la SCJN para que a la brevedad también emita fallos pendientes:
“Nos están llevando a un extremo de tomar esa decisión también de requerirles de manera pronta y urgente resuelvan estos rezagos que están allí pendientes y que no han resuelto”.
De acuerdo a Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, aun cuando su partido no esté de acuerdo en algunas de las iniciativas rezagadas, promoverá que suban al pleno a votación.
Por ejemplo, buscará que el pleno debata y decida en el tema de derecho a la objeción de conciencia en materia de sanitaria, tal como lo ordenó la Corte el 21 de septiembre de 2021 al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Este fallo sin embargo no dio un plazo para acatar el mandato.
“Hay un acuerdo por el que ya se tiene que subir al pleno para legislarla, para cumplir con el mandamiento de la Corte” pero en el PAN “nosotros obviamente la vamos a votar en contra, así lo hicimos en la sesión de comisión porque nosotros queremos que es sagrado el derecho de poder objetarte cuando es tu conciencia quien lo determina”, dice el diputado panista.
¿Qué temas están pendientes?
De acuerdo al reporte de la Cámara de Diputados sobre los asuntos por legislar en los que ha habido sentencias de la SCJN, jueces o magistrados del Poder Judicial o fallos del TEPJF, hay 22 casos pendientes, de ellos en cuatro ya hay incumplimiento, es decir no se acató el plazo otorgado para legislar.
Hay cinco casos son donde ya hay mandato judicial y la minuta fue turnada por la Cámara de Diputados al Senado; un caso en el que fue el Senado el que remitió una minuta a San Lázaro
Y hay otras cuatro casos que tendrán que esperar mejor momento, pues como ya inició el proceso electoral hay impedimento constitucional para modificar leyes que impacten en lo electoral.
Las prioridades legislativas por mandato judicial que ya tienen una iniciativa o dictamen en trámite, son doce y son asuntos en los que hay un plazo para legislar y ya hay una iniciativa, con dictamen o no, en la cámara de origen o en su revisora.
Es en esta última clasificación que entra la sentencia que derogó varios artículos del Código Penal Federal en materia de despenalización del aborto y ahora el Congreso debe legislar en consecuencia; el plazo fenece al término de este periodo ordinario de sesiones, es decir el 15 de diciembre.
En este apartado se ubica también la orden de regular el derecho de objeción de conciencia en materia de sanitaria, según sentencia dictada el 21 de septiembre de 2021 al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018, caso en el que ya hay un dictamen que todavía no sube al pleno.
Sobre la orden para emitir una Ley General de Aguas, según sentencia de la Corte al resolver la Controversia Constitucional 56/2020, promovida por varios municipios de Chihuahua, hay desacato, pues el plazo para acatar el fallo venció el 15 de diciembre de 2022.
La Corte también resolvió, en sentencia del 29 de junio pasado, que se debe legislar en las materias de educación indígena y de educación inclusiva, según el fallo a la acción de Inconstitucionalidad 121/2019 presentada por la CNDH.
En este caso también ya hay desacato, pues el plazo era el 30 de septiembre de 2022. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cuenta con 10 iniciativas pendientes de dictaminar sobre el tema.
Es la misma circunstancia de la sentencia del TEPJF, emitida al resolver un juicio promovido por diputados del PRD, y que concluyó con la orden al Congreso para que emita reglas que acaten el principio de paridad a partir de la próxima integración de la Comisión Permanente. Este es otro caso de desacato pues el plazo venció el 15 de noviembre de 2022.
El pendiente de reconocer el derecho de las audiencias en materia de radio y televisión y establecer garantías o mecanismos de protección y defensa de sus derechos también fue resuelto en un amparo (1031/2019) y en la SCJN se emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad: 4/2022 y aunque no se vinculó al Congreso, quedó el vacío legal, por lo que se considera que se debe regular.
La emisión de una ley sobre derechos de las audiencias es resultado de que se invalidara la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la acción de Inconstitucionalidad 150/2017 y 153/2017, pero no se determinó un plazo para cumplir.
Respecto a la orden de regular la actuación del personal del Registro de Detenciones cuando se susciten hechos o eventos, ya sean externos o internos, que pongan en riesgo la información contenida en la base de datos , la orden se expresó en la sentencia del 24 de enero de 2023 al resolver la acción de Inconstitucionalidad 63/2019; el plazo para acatar vence el 15 de diciembre de 2023.
El 17 de abril de 2023 la Corte falló que el Congreso debería emitir legislación relativa en el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, previa consulta a personas con discapacidad, así como a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y el Plazo para hacerlo concluirá el 19 de abril de 2024.
El 3 de febrero de 2022 la SCJN ordenó al Congreso establecer mecanismos de impugnación en el proceso de revocación de mandato del Presidente. Esto fue derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 151/2021 y el plazo venció el 15 de diciembre de 2022, es decir, hay incumplimiento.
También la Corte emitió declaratoria de Inconstitucionalidad 3/2023 sobre un artículo la Ley de Instituciones de Crédito, por considerar que se viola el secreto bancario por solicitar información a las autoridades financieras sin autorización; el plazo para legislar concluye al finalizar este periodo Ordinario de Sesiones, el 15 de diciembre.
El Congreso también deberá legislar sobre el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para superar la inconstitucionalidad declarada por la Corte, e igualmente el límite es el 15 de diciembre.
En cuanto a la regulación del uso de la cannabis en actividades distintas a las médicas y científicas el nuevo plazo conseguido es este periodo ordinario de sesiones que acaba en diciembre.
El mismo caso es para expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias –cuya minuta le envió el Senado a la Cámara- en el periodo ordinario que termina el 15 de diciembre del 2023.
Ese límite de tiempo vencerá también para legislar en las leyes generales y federales para armonizarlas con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Y por último, no hay plazo para legislar el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para ordenar que el IFT siga regulando los Códigos de Ética.
