La Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Chiapas trabajan para atender las demandas de los dos grupos involucrados
Infobae.- Al menos 44 ejidatarios que fueron secuestrados la tarde del miércoles en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, ya fueron liberados, mientras que 23 personas aún permanecen retenidas.
A través de un comunicado, el Gobierno de Chiapas dio a conocer que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSyPC) mantienen resguardadas las entradas y salidas del municipio; asimismo se brinda atención a los dos grupos involucrados que mantienen diferencias políticas y sociales.
Como parte de las estrategias acordadas en la Mesa de Seguridad Estatal, desde la noche del martes 10 de octubre más de 150 efectivos estatales reforzaron la presencia policial en la región, informaron.
Asimismo, el gobierno Rutilio Escandón hizo un exhorto a las dos partes en conflicto a canalizar de manera legal sus demandas ante las instituciones correspondientes a fin de no afectar a la ciudadanía de Altamirano.
De igual forma, instancias del Gobierno de Chiapas colaboran y coadyuvan con la Fiscalía General del Estado en el caso del secuestro de más de medio centenar de ejidatarios, entre quienes se encuentra el comisario ejidal Rogelio Hernández Gómez y los delegados de barrio.
Cómo fue el secuestro de los ejidatarios
De acuerdo con lo dicho por los propios testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del martes 10 de octubre, cuando un grupo de 20 hombres encapuchados y armados ―presuntamente integrantes del grupo paramilitar 14 de agosto― emboscaron a los ejidatarios cuando éstos se trasladaban en varias camionetas por el tramo carretero Chamal-Altamirano, a la altura de la comunidad de Mendoza.
Cabe apuntar que la comitiva de más de 120 ejidatarios se dirigían a su comunidad tras asistir a una reunión con legisladores estatales en Tuxtla Gutiérrez.
Durante el ataque algunos ejidatarios lograron huir y fueron a la base militar de San Cristóbal de las Casas donde, según las víctimas, las autoridades reconocieron que no podían intervenir porque eran superados en número por los hombres armados.
Luego de los hechos, habitantes de 109 comunidades y 11 barrios de Altamirano realizaron diversos bloqueos en dicho municipio, cerrando las tres entradas principales a la localidad, a fin de presionar a las autoridades para que agilizaran la búsqueda de las personas que fueron privadas de su libertad.
De acuerdo con un audio presentado por la periodista Azucena Uresti en su noticiero en Milenio, el grupo armado amenazó a quienes se manifestaban, diciéndoles que si no retiran los bloqueos van a asesinar a los ejidatarios.
“Mira, hijo de tu put* madre, obedezcan si no sus familiares van a llegar por pedacitos en bolsas de nailon negro, ¿me escuchaste?”, se puede escuchar a uno de los presuntos delincuentes.
¿Por qué hay conflictos?
El pasado 8 de agosto habitantes de los barrios de Guadalupe y Casitas se manifestaban para exigir la destitución del síndico concejal, Gabriel Montoya, pues se le señalaba de no entregar las obras prometidas. Fue entonces que el mismo grupo paramilitar abrió fuego en contra de los pobladores, dejando una persona muerta.
Posteriormente, el pasado 29 de septiembre autoridades ejidales de Altamirano, presuntamente encabezados por el comisario Rogelio Hernández Gómez, quemaron una veintena de casas y vehículos con el objetivo de mostrar su inconformidad y buscar la destitución del Concejo Municipal.
Aunque otras versiones señalaban que la quema fue una respuesta a la liberación del expresidente municipal de Altamirano, Roberto Pinto Kanter, al que desde 2021 los ejidatarios acusan de haber impuesto a Gabriela Roque Tipacamu como su sucesora.
El síndico Gabriel Montoya ofreció una conferencia la tarde del miércoles y negó estar involucrado en el secuestro de los 67 ejidatarios, por lo que también pidió calma a los pobladores.
