Blakely Morales
Una red de mujeres en San Luis Potosí se organiza contra la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG) para acompañar los casos y denuncias durante el actual proceso electoral.
Pero, ¿Qué es la VPG? En la historia reciente de los ejercicios democráticos en San Luis Potosí, han abundado los ejemplos; desde Sonia Mendoza y Lidia Argüello en el PAN, pasando por Beatriz Benavente y Rebeca Terán del PRI, han señalado ser víctimas de las estructuras patriarcales de instituciones y partidos.
Los casos locales pueden clasificarse en el orden del tipo de la violencia simbólica, donde las expresiones, las acciones y las omisiones son clave para detectar cuando una mujer está siendo víctima de alguna de estas agresiones.
Este sería el caso, por ejemplo, de la líder sindical Francisca Reséndiz, quien activó la semana pasada, el Protocolo de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, un documento creado para servir como una herramienta de auxilio.
Arely Torres Miranda, feminista, activista, apartidista y acompañante de casos de VPG, opina y cuestiona: “¿Qué hubiera pasado si Morena hubiera dicho que en San Luis iba un hombre? ¿hubiéramos visto el mismo movimiento de parte de ellos, de los hombres exigiendo transparencia en esa decisión? Creo que aquí lo que les molestó fue precisamente que fuera una mujer la candidata, porque varios de ellos ya se veían (como candidatos)”.
Al presentar una denuncia, demanda y querella, como lo hizo Reséndiz, automáticamente se activa el Protocolo.
¿Qué es Protocolo de Atención a la VPG? Se trata de un documento extenso que brinda las pautas con las que las autoridades judiciales y demás competentes pueden reconocer las agresiones relacionadas con la Violencia Política en Razón de Género.
Arely Torres recuerda, por ejemplo, cuando hace seis años, durante la contienda electoral en la que participó como candidata al gobierno de SLP Sonia Mendoza, recibió un ataque relacionado a un video relacionado con un presunto conflicto familiar, en donde la señalaron de agresiones físicas; “muy desafortunado, no tendría porqué ser un arma para disminuir la fuerza de un candidato”.
“El tema tan fuerte que se dio -prosigue Arely-, que decían si Sonia se había aclarado de más o no en los espectaculares”. En esa ocasión en medio de la contienda, un periódico local publicó imágenes “comparativas” para cuestionar la apariencia de la hoy diputada local.
Ambos ejemplos ingresan en el terreno de la violencia simbólica, pues se juzga con criterios misóginos que no han aplicado a los candidatos varones, sobre la imagen personal o funcionalidad familiar.
El Protocolo expone ejemplos que han sucedido en el país donde mujeres han sido blanco de alguno de los dos tipos de agresiones que clasifica de manera general, para englobar casos específicos. Uno de los ejemplos sucedió en Puebla, donde dos candidatas a la gubernatura, presentaron un juicio para la protección de derechos político electorales (JDC), contra un mensaje emitido por el propio Instituto Electoral del estado de Puebla que decía: “el 5 de junio es el día. Elige a tu próximo gobernador”.
El mensaje alentaba al voto exclusivamente para al género masculino y la autoridad tuvo que rehacerlo.
El protocolo también limita y enmarca la disposición de los recursos públicos, como un acto de violencia cuando se reparten de manera inequitativa o se utilizan para estrategias que reafirman estereotipos de género; como cuando los partidos políticos, han utilizado el recurso destinado a la paridad para comprar mandiles.
“Espero que no suceda en este proceso electoral, ha ido disminuyendo, pero hace unos años sí era muy visible cómo se repartían el dinero entre hombres y mujeres en la campaña; ahora sí que como en la canción de la Bartola, ahí te dejo estos tres pesos y con eso pagas campaña, autobuses, traslados y tal; entonces eso también quedó ya como muy claro”, explica Areli Torres.
El Protocolo, además, fue modificado recientemente para obligar a actores como el INE o el CEEPAC en SLP para tomar acciones y medidas contra la VPG, así como el acompañamiento de los casos.
En ese sentido, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ya tendría atribuciones para hacer señalamientos o llamados acerca de la presunta comisión u omisión de acciones machistas en el seno del Movimiento de Regeneración Nacional en SLP, en el caso denunciado por Francisca Reséndiz Lara.
En una estructura desorganizada como es hoy la de Morena en SLP, no es fácil observar lo que sucede entre quienes hoy comienzan a repartirse la 4T; Arely Torres opina y observa que Morena en SLP está cimentado en una base machista que no ha dejado paso al trabajo de las mujeres.
El Protocolo también abarca las violencias ejercidas desde los medios de comunicación; en el caso potosino, habremos de dar un paso significativo en la erradicación de la VPG, cuando dejemos de preguntar si está lista o no la entidad, para ser gobernada por una mujer.
*Imagen de Mujer Es Más
