La organización México Evalúa, presentó los hallazgos sobre Justicia Penal en San Luis Potosí, donde nos destacamos por no denunciar actos delictivos, y por la recurrencia en la violencia familiar, lesiones, daño en las cosas, hechos de tránsito, robos, daños a la propiedad amenazas y narcomenudeo.
San Luis Potosí se destaca porque mantiene un aumento significativo a comparación del año pasado en delitos de feminicidio, violencia familiar, abuso sexual y violación donde el Estado se encuentra entre las entidades con mayor agresiones de este tipo, tanto en el ámbito comunitario como en el familiar.
Se ofrecieron una serie de datos donde se señala que la entidad potosina destaca por su cifra negra, la población sigue desconfiando de las autoridades ejecutoras de justicia. Y es que refieren que en 2018 los potosinos no denunciaban en un 94.7 por ciento, en 2019 en 93.6 por ciento, en 2020 en 94.5 por ciento y en 2021 en 96.3 por ciento. Esta última cifra significó para ellos, un dato alarmante toda vez que superamos el indicador Nacional de 93.2 por ciento.
En el índice de impunidad por delitos destacaron el secuestro en un 90.48 por ciento, el feminicidio en 90.50 por ciento, el homicidio doloso en 95.10 por ciento, la violación en 96.40 por ciento, enfocadas la extorsión en 97.60 por ciento, fraude en 98.20 por ciento, abuso sexual en 98.90 por ciento, robo simple en 99.48 por ciento, despojo en 99.50 por ciento, violencia familiar en 99.80 por ciento, y narcomenudeo en 99.90 por ciento.
Se informó que la población potosina básicamente desconfía de la Policía Preventiva, de la Policía Ministerial, del Ministerio Público, y de la Policía Estatal.
Los datos fueron ofrecidos en la defensoría de los Derechos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, donde asistieron la representante de la máxima casa de estudios, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, y el representante de México Evalúa, Jorge Carbajal Hernández, la presidenta de la Fundación Ponciano Arriaga Leija A. C., Mónica Macías Guel, entre otras personalidades.
Tras conocer los datos anteriores, el organismo ciudadano evaluador nacional propone, revisar fortalecer, e institucionalizar mecanismos de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana en el marco de la política de persecución penal. Adicional a estrategias de la política de persecución penal, plantear una, enfocada en el abatimiento del rezago que permita la entidad desahogar el acumulado de casos previos, así como aprovechar la justicia alternativa.
Se pidió fortalecer a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, además del fortalecimiento presupuestal y de personal, establecer estándares y medios de supervisión del servicio para elevar su calidad.
Disminuir el diferimiento de audiencias y revisar aspectos como la congestión judicial, a fin de disminuir la dilación y duración de los procesos penales, especialmente aquellos que concluyen por procedimiento abreviado o juicio oral.
Fortalecer la operación y capacidades técnicas de las Unidades Estatales De Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, UMECAS, considerando el análisis de riesgos realizado y los casos que han derivado en la sustracción de la justicia.
Recuperar mecanismos interinstitucionales de coordinación estratégica no operativa para elevar la calidad de la justicia penal que incluyan a las instituciones del sistema de Justicia Penal y a representantes de la Sociedad Civil profundizando la colaboración en red en la atención de temáticas específicas.
