El Economistas.- Un juez decretó prisión domiciliaria para el exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien fue detenido en agosto de 2022 por los presuntos delitos de desaparición forzada y tortura en el marco del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados en 2014.
Aún queda pendiente un segundo proceso en contra del exfuncionario, por lo que continuará internado en la Torre Médica de Tepepan.
El juez federal José Rivas González del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte decidió en la víspera durante una audiencia a puerta cerrada que tendrá que permanecer en su domicilio en la Ciudad de México hasta que se celebre su caso, programado para enero del próximo año, debido a su delicado estado de salud.
La medida, celebrada a petición de la Fiscalía, impedirá que Murillo Karam –quien fue procurador general de México entre diciembre de 2012 y febrero de 2015 durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto–, salga de su domicilio, puesto que seguirá detenido bajo la modalidad del brazalete electrónico, según informó Milenio.
Murillo Karam fue implicado formalmente en el caso el pasado mes de abril por presuntos delitos de desaparición forzada y tortura, que habría cometido contra Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa a las afueras de Iguala (Guerrero).
En concreto, el exprocurador habría incurrido en dichos delitos para fabricar la conocida como “verdad histórica”, la versión del Gobierno mexicano para ocultar la participación de varias estructuras del Estado en lo ocurrido.
La Fiscalía sostiene que ‘El Cepillo’ fue torturado durante los interrogatorios para que corroborara la versión oficial. En una de las grabaciones el sicario aparece en un cuarto esposado y encapuchado, siendo amenazado por el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia.
La “verdad histórica” nunca fue creída por los familiares de las víctimas, que la consideraron como una forma de acallar las protestas que estallaron tras salir a la luz el caso, mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un comité de juristas y médicos que llevó a cabo su propia investigación, lo tildó de crimen de Estado.
