Fue presentado el programa de implementación de la Política Estatal anticorrupción y el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, que tiene como objetivo construir un estado más transparente, equitativo y justo.
A la presentación del programa asistieron la presidenta del DIF Estatal, Ruth González Silva, así como los representantes de las siete instituciones que forman parte del Comité Coordinador, integrado por el Comité de Participación Ciudadana, Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Contraloría General del Estado, Consejo de la Judicatura, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa; así como el órgano de apoyo técnico, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí.
El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Rafael Rodríguez López, explicó que el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PI-PEA), es el resultado de la colaboración entre el gobierno, la academia y la sociedad civil, quienes han trabajado para diseñar e implementar políticas y acciones efectivas contra la corrupción.
“El programa se ha desarrollado en consonancia con la Política Nacional Anticorrupción y cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, apuntó.
Detalló que el programa se compone de siete ejes, 62 prioridades, 124 estrategias y 248 líneas de acción que serán ejecutadas en las cuatro regiones del estado.
“Se elaboró un diagnóstico situacional sobre la corrupción en el estado, el cual permitiera conocer la problemática de la corrupción en la entidad y la revisión y análisis de los mecanismos con los que se cuenta para combatirla”, precisó Rodríguez López.
El funcionario estatal dijo que la revisión del monitoreo permitirá identificar los aspectos susceptibles de mejora, en caso de ser necesario, se podrán modificar estrategias, líneas de acción, indicadores y/o metas. Los informes anuales de avance de cumplimiento se compartirán de manera transparente con el público y las autoridades pertinentes; la rendición de cuentas es fundamental para mantener la confianza y el apoyo a las acciones anticorrupción.
El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción puntualizó que establecieron tres plazos, acorde a los niveles de complejidad para su instrumentación en la administración pública: corto plazo (2024-2025), mediano (2025-2028) y largo (2028-2030), según el tiempo estimado que conllevará alcanzar sus metas.
