El Supremo frena temporalmente la entrada en vigor de la ley antimigrante de Texas
El Tribunal anula una decisión previa del Quinto Circuito que avalaba la vigencia de la norma que permite la detener y expulsar a los sin papeles. La decisión de la corte se mantiene hasta el 13 de marzo
El País.- La ley antimigrante de Texas ha llegado al Supremo. El juez Samuel Alito ha emitido esta tarde de lunes una orden que frena la entrada en vigor de la SB4, una polémica norma que permite detener a cualquiera bajo sospecha de no tener papeles e iniciar los trámites para su expulsión a México. La decisión de Alito es temporal y estará vigente hasta el 13 de marzo, cuando el fondo del caso pueda ser evaluado por el Tribunal Constitucional en pleno.
La orden del Supremo llegó horas después de que el Departamento de Justicia había pedido a los jueces constitucionales intervenir en el juicio. La llegada a la mayor instancia judicial del país es un nuevo capítulo en el estira y afloja entre Washington y el Gobierno de Texas. El Quinto Circuito de Apelaciones dio el sábado la razón a una apelación presentada por la Administración de Greg Abbott para defender su polémica norma. Unos días antes, una corte de distrito frenó la entrada en vigor de la llamada SB4. Ahora el futuro de esta ley, la más dura contra los migrantes ilegales que llegan a Estados Unidos, será dirimido por el Supremo y su mayoría conservadora.
El Supremo ha actuado con gran velocidad. Apenas esta mañana se informó que el Quinto Circuito, radicado en Nueva Orleans, había otorgado siete días al Gobierno de Biden para recurrir al fallo. Esto permitía a las autoridades de Texas aplicar la ley desde el sábado. Pero el Departamento de Justicia acudió pronto al Tribunal argumentando que la norma de Abbott podía “alterar el estatus quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados en el contexto de la inmigración por casi 150 años”. La oficina del fiscal general, Merrick Garland, considera que la ley texana tiene similitudes con la SB1070, una norma de Arizona promulgada en 2010 que permitía a la autoridad pedir papeles en todas partes. Los togados la consideraron inconstitucional, aunque los juzgadores más conservadores defendieron que los Estados sí podían llevar a cabo detenciones de personas en situación irregular.
David Ezra, un juez federal de Distrito, argumentó la semana pasada que la ley de Abbott, firmada en diciembre, es inconstitucional. El magistrado asegura que la norma da a autoridades estatales facultades de regulación de la migración que solo competen al Ejecutivo federal. La oficina del fiscal de Texas ha defendido este lunes el texto de la SB4 aduciendo que esta imita la legislación federal y que ha sido “adoptada para atender la crisis en curso en la frontera, que afecta a los texanos más que a nadie”. Abbott ha hecho del combate a la inmigración irregular una de sus prioridades. Acompañó a Donald Trump en una visita a la frontera el viernes y figura entre las opciones del aspirante republicano para la vicepresidencia.
La jueza Edith Brown Clement, propuesta para el Quinto Circuito por el presidente George W. Bush, y el togado Kurt Engelhardt, quien llegó al cargo gracias a Donald Trump, han dado la razón a Abbott. La jueza Irma Carrillo Ramirez, hija de braceros y la única latina que ha ocupado uno de los asientos en el panel del tribunal, no otorgó la suspensión. Ramirez llegó a esta instancia judicial en diciembre del año pasado después de haber sido propuesta al cargo por el presidente Joe Biden.
Abbott anunció el jueves pasado que su Gobierno recurriría al Quinto Circuito. Pero el gobernador Abbott ya tiene la esperanza puesta en la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. “Incluso desde su tribunal, este juez de Distrito admite que este caso será decidido últimamente por el Supremo”, señala el mandatario.
El gobernador promulgó la ley en diciembre durante un evento celebrado en la frontera con México, una zona que ha producido en 2023 números récord de inmigrantes irregulares. La SB4 convierte la entrada ilegal a Texas en un crimen que puede ser castigado hasta con seis meses de prisión. Los reincidentes, sin embargo, se exponen a penas más duras, que pueden llegar a los dos e incluso hasta los 20 años tras las rejas.
Una de las partes más polémicas de la norma permite a las autoridades estatales llevar a las personas sin papeles ante jueces locales. Estos togados podrían entonces iniciar los trámites de expulsión del Estado de los migrantes. Estos serían enviados presuntamente hacia México, sin importar si son o no nacionales mexicanos. El Gobierno de ese país ha rechazado de manera rotunda y repetida la SB4. La deportación de migrantes por un Estado es considerada inconstitucional por varias instancias. “La expulsión toca una de las más sensibles consideraciones de asuntos exteriores de la política federal”, señaló el juez Ezra en el fallo que fue revertido, pero que ahora el Supremo parece dar oxígeno.
