SEGE ignora denuncias por acoso contra docentes

Blakely Morales

Docentes víctimas de acoso en dos escuelas primarias de la zona escolar 153, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), denuncian un posible encubrimiento institucional en favor de sus agresores por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que argumentó la prescripción de dos hechos ocurridos en enero de este año, e invalidó actas administrativas levantadas a pesar de contar con evidencia y testimonios.  

A  través de cartas de hechos, dos maestras frente a grupo, señalaron los actos de acoso de índole sexual, con insinuaciones, de parte de un profesor de educación física conocido como “Pepe”, y de un trabajador de apoyo escolar, o intendencia, identificado como “Goyo”. Las conductas ilegales de los señalados han ocurrido de manera reiterada, según consta en expedientes compartidos por las víctimas.

En el caso del profesor de educación física de nombre José “Pepe”, el hecho que marcó el hartazgo y motivó a la denunciante para iniciar un procedimiento, ocurrió el 26 de enero del 2024, durante la reunión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE) de la zona, cuando el maestro se sentó junto a ella y le mostró en su celular, una serie de fotografías tomadas a escondidas y sin su consentimiento dentro del centro de trabajo, así como imágenes robadas de sus redes sociales.

La víctima directa narra su testimonio para este medio de comunicación:

“A lo mejor al principio lo normalicé, o pensaba que si no le hago caso, no va pasar nada; yo lo veía como pasivo, no está sucediendo nada más; sin embargo esto tomó otro rumbo cuando me di cuenta de que el maestro tenía fotografías mías en su celular, él me las enseñó, fotografías tomadas sin que yo me diera cuenta; también involucró a mis alumnos, les decía que yo era su novia, me mandaba saludar con ellos, y los niños hasta la fecha, todavía me preguntan por él, así como de: maestra, pero si usted era el amor de su vida”.

En el caso de la acusación contra el trabajador de apoyo escolar, de nombre Juan Gregorio “Goyo”, la víctima describe que el acoso inició con atenciones exageradas e incómodas de las que siempre intentó marcar distancia, hasta que el 18 de enero del 2024, con un mecanismo de utilizar a las infancias, similar al anterior, el trabajador de limpieza entró a su salón de clases, se acercó hasta su mesa, y le tomó la mano de manera sugestiva, ante lo que sus alumnos reaccionaron con una bulla infantil “como si hubiera una relación entre él y yo”, declara la maestra.

Después corroboró que el mismo personaje, “Goyo”, había incitado a los niños para que realizaran esa expresión. 

“Una cosa es que yo me lleve (el acoso) normalizando de cierta forma, evitando el qué dirán, aguantando sus atenciones incómodas, su hostigamiento, sino yo dije, no, los alumnos deben estar involucrados en esto; que un menor me diga que me van a mandar regalitos, involucrando la falta de respeto hacia mi persona por parte de mis alumnos, fue mi límite“.

Comparte otra víctima de la zona escolar 153 para esta nota.

En las actas administrativas que fueron declaradas improcedentes, a través de los acuerdos administrativos UAJDH-27 y UAJDH-28/2024; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGE, Luis Francisco Contreras Turrubiartes, citó las fracciones 3 y 4 del artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que elimina la atribución de los titulares de entidades o dependencias públicas para suspender a trabajadores por causas justificadas o para disciplinar sus faltas, habiendo transcurrido treinta días, al momento en que se conocen los hechos.

Sin embargo, las docentes víctimas, alegan que el artículo no aplica pues en ambos casos, las autoridades inmediatas tuvieron conocimiento de los hechos, en un plazo menor a los treinta días. En la acusación contra el profesor de educación física José “Pepe”, la víctima señaló los hechos ocurridos el 26 de enero, en un acta administrativa levantada el 8 de febrero del 2024. Mientras que en el caso de la acusación contra el trabajador de apoyo, el intendente Juan Gregorio “Goyo”, la víctima presentó acta de hechos, el mismo día de ocurrido el acto que identificó como el culmen del acoso en su contra, el 18 de enero del 2024. 

“Ninguno de los dos violentares tienen actas anteriores a estas, porque se dan cuenta de que todo esto son trabas, contra trabas, contra trabas, ayudas de superiores a los violentados; en lugar de ayudarnos a nosotras las víctimas, los apoyan a ellos”, señalan las víctimas.

Un grupo de maestras ha unido esfuerzos para denunciar la violencia y el acoso en la zona escolar 153, aquí únicamente se describen dos casos, pero en total son siete las docentes que se han declarado víctimas, cuatro del profesor “Pepe” y tres del intendente Goyo; una más de las denunciantes contra el maestro de educación física, quien se encuentra a la espera de poder levantar una acta administrativa que le ha sido negada en el entramado burocrático, declara para MG:

“No solo es un caso, somos cuatro personas, incluso hay más; nosotras solas como mujeres nos damos fuerza porque no estamos recibiendo apoyo de nadie; y lo que nos animó a hablar fue que no somos una, sino que ya éramos varias”.

Tanto el profesor de educación física “Pepe” como el trabajador de apoyo “Goyo”, se encuentran suspendidos, realizando trabajo administrativo en las oficinas de sus respectivas zonas escolares. Pero las víctimas y denunciantes, exigen el cese definitivo, ya que, afirman que de ser reinstalados en centros escolares distintos, el problema se hará más grande.

“Mueven al acusado de centro de trabajo, sin quitar el problema de raíz, solamente mueven el problema hacia otro lugar, haciendo el problema aún más grande”.

Las docentes denunciantes, también reclaman a la SEGE y a tu titular Juan Carlos Torres Cedillo, por no contar con los mecanismos adecuados para informar acerca de los procedimientos internos de justicia administrativa, como lo establece el artículo 15 de la Ley General para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, por la invalidación de sus casos, la revictimización de la que son objeto, y la falta de apoyo por parte de sus autoridades inmediatas.