Milenio.- Las elecciones presidenciales de este año, serán las más incluyentes de la historia. Por primera vez se reconocerán los derechos de las personas en prisión preventiva de todo el país y de aquellas que por una discapacidad física están impedidas para salir a la jornada electoral.
Este 2024, a estos grupos que no pueden ir a las casillas, será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que les lleve las casillas para que emitan un voto libre y secreto, y pueda ser contado. Del 29 de marzo al 30 de abril se debe tener concluida la Lista Nominal de Voto Anticipado, proyectar las boletas a imprimir y tenerlas listas para la votación del 6 al 20 de mayo.
Aunque en números generales, tanto las personas en prisión preventiva como las personas en situación de postración por alguna discapacidad o enfermedad, podrían llegar casi a las 100 mil personas, las complicaciones de seguridad, logística y desconocimiento de estos grupos para exigir ese derecho en este primer ejercicio reducirá ese universo.
Respecto al Voto para Personas en Prisión Preventiva (VPPP) que es una población que cambia todos los días por el ingreso y liberación constante, en agosto de 2023 que comenzaron los trabajos de organización en el Instituto Nacional Electoral se tenían consideradas 86 mil 851 personas. Mientras que las personas que podrán votar desde sus domicilios podrían ser más de 12 mil.
En el primer caso, el INE se ha enfrentado con diferentes obstáculos por el tema de seguridad y condiciones de infraestructura en las prisiones.
En Veracruz, el gobernador morenista, Cuitláhuac García, anticipó que no permitirá este ejercicio en los penales estatales por condiciones de seguridad; mientras que en Yucatán, el panista Mauricio Vila sólo autorizó el ejercicio en uno de los cuatro penales, el de Mérida.
Para el voto para personas con discapacidad, el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se ejercerá por primera vez este año, indica que:
“Las y los ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorado correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad”.
Señala que: “podrán ejercer el voto desde su domicilio única y exclusivamente las personas que se encuentren en estado de postración de forma permanente derivado de alguna discapacidad certificada médicamente” y que “los votos serán abiertos y computados el domingo de la elección”.
Para esto, quienes se encuentren en esta condición pudieron comenzar su credencialización desde 2018 y hasta finales de 2023, que en total fueron 11 mil 559 personas, seis mil 959 mujeres y cuatro mil 600 hombres.
Sin embargo, a inicios de este año, el Consejo General del INE aprobó incluirlos en la campaña intensa de credencialización y la cifra final llegó a 12 mil 94 personas que podrán votar de manera anticipada.
Aunque además, deben manifestar su intención de votar para que las autoridades electorales acudan a sus domicilios. Al cierre de enero habían solicitado su inscripción a la Lista Nominal de Electores de Voto Anticipado tres mil 971 personas de las cuales dos mil 446 son mujeres y mil 525 hombres.
La Lista Nominal de Electores de Voto
El mayor número de solicitudes de registraos fueron en:
485 en Ciudad de México.
266 en Jalisco.
240 en Veracruz.
217 en el Estado de México.
208 en Aguascalientes.
180 en Nuevo León.
178 en Sonora.
172 en Guerrero.
164 en Guanajuato.
153 en Oaxaca.
139 en Coahuila.
133 en Michoacán.
123 en Tabasco.
119 en Sinaloa.
116 en Chihuahua.
111 en Tlaxcala.
103 en Querétaro.
96 en Baja California.
95 en Chiapas.
94 en Puebla.
81 en San Luis Potosí.
69 tanto en Durango como en Hidalgo.
66 registros en Morelos.
58 en Nayarit.
39 en Quintana Roo.
38 en Zacatecas.
37 en Yucatán.
36 en Baja California Sur.
36 en Colima.
33 en Tamaulipas.
17 en Campeche.
¿Qué es el voto anticipado?
El voto anticipado, para las autoridades electorales es “una forma de inclusión, y una medida de nivelación orientada a eliminar los obstáculos que pudieran impedir, limitar o menoscabar el ejercicio efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos político-electorales, particularmente el derecho al voto de la ciudadanía perteneciente a alguna o algunas poblaciones en situación de discriminación o, bien, aquellas que por alguna circunstancia temporal o permanente se encuentran impedidas para acudir a su casilla como los enfermos graves o personas con alguna discapacidad de movimiento”.
Pero además, ayudará a combatir el abstencionismo, que es uno de los principales retos a vencer que se ha fijado el Instituto Nacional Electoral en este proceso electoral.
En el arranque de abril, el INE comenzará a concretar los números de las personas que podrán ejercer el voto anticipado desde prisión o en domicilio por discapacidad, para que en mayo se lleve a cabo esta jornada como parte de los más de 98 millones de electores llamados a ejercer sus derechos políticos y electorales.
