Taboada acusó a Clara Brugada por presunto desvío de recursos de las Utopías de Iztapalapa y Morena advirtió sobre un acto de censura del PAN para hablar sobre corrupcón inmobiliaria.
Expansión.- El segundo debate entre la y los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 21 de abril, trajo acusaciones por corrupción, irregularidades en bienes inmuebles y otros señalamientos que han extendido la discusión hasta este jueves y ya involucran, incluso, al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral capitalinos.
Las principales acusaciones y denuncias directas fueron entre la candidata de Morena, PT y PVEM, Clara Brugada, y Santiago Taboada, del PAN, PRI y PRD.
Irregularidades en contratos para Utopías
“Vamos a hablar de tu socio, porque todas las ligas llevan a Iztapalapa. ¿Cómo ves que los contratos que tienes de las Utopías, los socios están relacionados con René Bejarano? Por supuesto, es el que te va a financiar la campaña, el que te opera”, acusó Santiago Taboada a la candidata, Clara Brugada en el segundo Debate Chilango.
El candidato aliancista aseguró desde el domingo que el proyecto Utopías, que forma parte de la batería de propuestas de Clara Brugada para la capital, es un esquema en el que están involucradas empresas cuyos socios tienen relación con el exlider perredista René Bejarano, quien hace más de dos décadas fue videograbado por el empresario Carlos Ahumada mientras recibía fajos de billetes.
En este contexto, Roberto Gil Zuarth, integrante del equipo de campaña de Taboada y funcionario del sexenio del expresidente Felipe Calderón, explicó el supuesto esquema de desvío de recursos aplicado en las Utopías de Iztapalapa.
De acuerdo con el político, una de las piezas clave es la empresa Constructora Trueno, a la cual la alcaldía Iztapalapa dio 98 millones de pesos en contratos entre 2019 y 2023 relacionados a la construcción de Utopías.
De Constructora Trueno son socios Mario Landgrave Ibáñez y María del Pilar Landgrave Ibáñez, ambos hermanos de José Luis Landgrave Ibáñez, quien fue abogado de René Bejarano en 2004 cuando enfrentó el proceso de desafuero tras el videoescándalo.
Este abogado tiene un hijo, Daniel Landgrave Castillo, quien a su vez trabajó con Bejarano en la Asamblea Legislativa del DF, según explicó el asesor de Taboada. Otra empresa relevante es Building Games, creada en 2021 con domicilio en Bella Vista 539, departamento 33, en Iztapalapa.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva y en conferencia de prensa por separado, tanto René Bejarano, como Clara Brugada, respectivamente, negaron tener nexos entre sí y el esquema de negocios planteado por los políticos panistas.
“Si yo hubiera tenido una relación indebida o un compromiso económico con Clara (Brugada) yo la hubiera apoyado en la elección interna, ¿a quién apoyé? Yo pienso que torturaron la realidad para ajustarlo a una narrativa”, explicó Bejarano al resaltar que su apoyo en la interna de Morena fue por Omar García Harfuch y no por Brugada.
La batalla por el “cártel inmobiliario”
Desde el debate del domingo, por su parte, la candidata Clara Brugada denunció un intento del Partido Acción Nacional por evitar que se le relacione al aliancista Santiago Taboada con los presuntos casos de corrupción inmobiliaria.
Así, en una sesión de la comisión de quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México la noche del 25 de abril, los consejeros electorales aprobaron medidas cautelares contra distintos actores políticos del partido Morena por calumnia, al relacionar al candidato de Va por la CDMX con corrupción inmobiliaria y el uso del término “cártel nmobiliario”.
El órgano electoral prohibió a los actores políticos denunciados, entre ellos Clara Brugada, el uso del sobrenombre “Santiago Tajada”. También pidió eviten los términos denunciados y borrar publicaciones en redes sociales donde hacen referencia a ello.
En este contexto, los morenistas denunciaron en rueda de prensa este 25 de abril que el Instituto Electoral de la Ciudad de México busca coartar la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía de ser informados sobre presuntos casos de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, alcaldía gobernada por casi seis años por el candidato de Va por la CDMX.
“Vamos a impugnar y llevaremos este caso hasta las últimas instancias, estamos seguros que el Tribunal (Electoral) nos dará la razón. No nos van a callar, vamos a seguir denunciando la corrupción del cártel inmobiliario”, dijo Clara Brugada al mismo tiempo en que hizo un llamado a los militantes de este partido a salir a las calles a informar sobre el tema.
La respuesta no se hizo esperar, un grupo de militantes del partido Morena convocó a una manifestación frente a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el viernes 26 de abril contra las medidas cautelares interpuestas a sus liderazgos.
PAN defiende medidas cautelares del IECM
Sobre las medidas cautelares que Morena calificó como “censura”, el coordinador de campaña de Taboada, Federico Döring, señaló que se trata de una táctica y no de expresiones espontáneas, pues en la queja están incluidas 130 personas en total.
“Nosotros lo que queremos es que se deje de hacer el nado sincronizado. Eso es el nado sincronizado de la calumnia. No es una libertad de expresión espontánea, es una estrategia sistemática y de distorsión de la realidad que son delitos electorales”, dijo en conferencia de prensa Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.
El diputado local señaló que Morena ya interpuso una queja en las elecciones de Tamaulipas para no ser llamado “el partido del huachicol”, pues políticos de este grupo se relacionaron con Sergio Carmona Ángulo, conocido como el ‘Rey del Huachicol’.
“Sergio Carmona, el ‘Rey del Huachicol’, al que mataron en San Pedro Garza, cuyo hermano ha confesado todas las operaciones en una corte de Estados Unidos… Son hechos aislados de una tercera persona, en ese momento no había una carpeta de investigación”, señaló.
Entonces las autoridades electorales fallaron a favor de Morena, a través de la jurisprudencia 31/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Justicia de la Federación.
“La libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia a las personas. Si bien la libertad de expresión en las contiendas electorales en una sociedad democrática es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y el electorado (…) el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las personas”, citó Döring de la resolución.
El coordinador de campaña insistió en que durante las elecciones no se puede difamar y calumniar impunemente, pues las críticas deben estar basadas en hechos comprobables.
