Jonathan De Vicente Encarnación, director de Incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que la Constitución es clara, la Guardia Nacional debe ser una institución civil y la estrategia por la que México apueste para combatir la violencia, también debe ser de carácter civil.
“Se necesita una nueva estrategia de seguridad. Y la propuesta debe ser por la vía civil. ¿Qué tiene que tener esta vía civil? Una Guardia Nacional civil, policías civiles, pero también la recuperación de espacios públicos, la construcción de paz, una política de desarme nacional. También apostar por las buenas prácticas que se han dado a nivel local, de participación del gobierno, sino también de la sociedad en general”, refiere.
El investigador añade que a pesar de que el 80% de los elementos de la Guardia son elementos procedentes de las Fuerzas Armadas, no hay resultados contundentes en materia de seguridad pública.
“No se ve esta relación entre la presencia de la Guardia Nacional con una reducción de la violencia… nos preocupa el hecho de que en vez de fortalecer a las instituciones civiles, se están acumulando mayores recursos tareas de seguridad que ahora están asumiendo las fuerzas armadas. Estamos viendo con preocupación esta falta de inversión y capacidad en las policías locales”, destaca.
Para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se requiere una reforma al artículo 21 de la Constitución. Morena y sus aliados se perfilan a tener mayoría calificada en Cámara de Diputados, en el Senado, por lo que la sin problemas sería aprobada. A nivel local tiene mayoría en los 27 congresos, por lo que también cumplirían con el trámite de contar contar con la aprobación de la mitad más uno.
Rodolfo Gamiño, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en militarización, explica que si la Guardia Nacional deja la SSP, es una extensión de la militarización, pues todas las instituciones encargadas de la seguridad pública tendrían integración y mando militares.
El haber aceptado la integración de la Guardia Nacional (a Sedena), es una extensión de una militarización ya declarada, legalizada”. – Rodolfo Gamiño, catedrático de la Ibero.
Entre los riesgo de tener mando castrense en la corporación que fue creada para la seguridad destacan los grados de impunidad en las acciones extrajudiciales y que a las Fuerzas Armadas se les daría un presupuesto desproporcionado.
Los riesgos de la militarización
Si en el Legislativo se aprueba la iniciativa para que la Guardia Nacional se adhiera a la Sedena, ésta institución acrecentaría recursos materiales, financieros, humanos y el poder de los militares en México, el cual no es poco.
El informe “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, realizado por MUCD, revela que con la transferencia de funciones y presupuestos de origen civil, de 2018 a 2022 las Fuerzas Armadas han recibido al menos 69,124 millones de pesos y que en 2024, concentran el 3.7% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Las facultades que se han dado a las Fuerzas Armadas desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador han sido desproporcionadas y es a histórico, ni con el PRI en sus mejores épocas, se hubiera pensado en un proceso de militarización legalizada, porque eso es y hay que decirlo”, plantea Rodolfo Gamiño.
Jonathan De Vicente explica que por mandato presidencial se han debilitado a algunas instituciones civiles y fortalecido a las Fuerzas Armadas.
“Cerca de 290 asignaciones y presupuestos, que originalmente estaban a cargo de instituciones civiles, ahora están a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto atenta al Estado de Derecho. Las instituciones, por mandato constitucional, se están viendo reducidas y evidentemente las Fuerzas Armadas no tienen esta capacidad de interactuar con la sociedad por la educación y adiestramiento militar que tienen”, destaca.
Ahora con tanto poder y dinero, el reto es que la próxima presidenta se los retire paulatinamente a las Fuerzas Armadas, aunque se ve difícil, pues para Sheinbaum México no está militarizado.
