El acceso de la comunidad trans a tratamientos y cirugías sigue siendo un privilegio

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Periodic.- En 2021, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en México existe una población de personas transgénero, transexual, o de otra identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer, que asciende a 909.000 personas. Estas representan el 0.9 % de la población total mexicana de 15 años y más.

De acuerdo con el informe “La situación de acceso a derechos de las personas trans en México”, realizado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en México, 65.9% de las personas trans en el país tienen acceso a seguro médico; 33.1% cuenta con IMSS y 5.7% con ISSSTE. Sin embargo, muchas veces no acuden por su ineficacia en la atención médica en general, pero también por la violencia y discriminación que enfrentan, señala el documento.

La Comisión de Derechos Humanos de México ha denunciado que los prestadores de servicios de salud suelen incurrir en actos discriminatorios en contra de la población trans como: dirigirse a ellos utilizando el género y nombre que se les asignó al nacer, negarse a darles la atención y culpabilizarles por sus padecimientos, entre otros. Lo anterior propicia que un gran porcentaje de esa comunidad no se acerque a los servicios sanitarios de sus localidades y prefiera acudir a los recomendados por conocidos en donde haya apertura, confianza y doctores que conocen sus padecimientos.

El problema es que en México, existe una marcada centralización de los servicios especializados, lo que provoca una fuerte marginación en el interior del país, dejando a la población trans en desventaja.

En el país, solo tres clínicas públicas brindan atención integral a personas trans en su proceso de transición y todas se encuentran en el centro del país: La Clínica Especializada Condesa, con sede en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa de la Ciudad de México; la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT), en la delegación Miguel Hidalgo; y el Centro de Atención Médica y Psicológica para Personas Trans (CAMPPT) en Cuernavaca, Morelos.

En la Clínica Condesa y el CAMPPT se ofrecen servicios gratuitos en salud mental, endocrinología, radiología, medicina interna, ginecología y pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual, pero no se realizan tratamientos quirúrgicos ni se brindan servicios de urgencias u hospitalización. Similarmente, la USIPT proporciona apoyo en la transición, terapia hormonal, consultas médicas generales y ginecológicas, entre otros, pero tampoco ofrece cirugías en sus instalaciones.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda apoyo para que casos específicos accedan a tratamientos hormonales, pero se debe realizar una evaluación para poder ser candidato.

Aunado a esta insuficiencia en la atención sanitaria pública para personas trans, está la falta de acceso a servicios privados debido a la precariedad laboral de la población trans y a los costos que tienen los tratamientos.

De acuerdo con organizaciones como la Red Nacional de Diversidad Sexual y la Organización Social e Informativa de Diversidades Sexuales un tratamiento de hormonización (incluyendo las citas médicas) oscila entre los 5.000 y 15.000 pesos. Las operaciones van desde los 50.000 pesos para la mastectomía, 80.000 pesos para quienes busquen implantes mamarios y el costo de la cirugía genital asciende a aproximadamente medio millón de pesos.

Debido a estos altos costos solo tres de 10 personas concluyen su armonización sexo genérica y un gran número personas trans recurren a métodos reconstructivos y estéticos baratos e inseguros que ponen en peligro su salud y su vida.

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