Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua
El País.- Se llama Operación Monterrey y ha abierto una nueva vía de agua judicial en Andorra que salpica a dos nombres conectados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. La jueza del país pirenaico Canòlic Mingorance indaga un presunto delito de blanqueo de capitales que afecta a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
La causa investiga la trastienda de un traspaso interno —un sistema de envío de fondos entre dos clientes de un banco que no deja rastro— de 450.000 dólares (algo más de 420.000 euros). Collado transfirió este dinero en noviembre de 2008 al familiar del expresidente Salinas de Gortari a través de las cuentas de ambos manejaron en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una entidad en un país de 77.000 habitantes en el que hasta 2017 rigió el secreto bancario.
Para blindar el anonimato de la transacción, el letrado de Peña Nieto recurrió a la coraza de su sociedad instrumental (sin actividad) holandesa Turinga CV. Salinas Pasalagua, por su parte, cobró en su cuenta cifrada en la BPA, denominada “441984 Madrigal”, que estaba gestionada por el entonces responsable de la entidad financiera andorrana en México, Joan March Masson.
El enigma de los 450.000 dólares
¿Por qué Collado envío 450.000 dólares a Salinas Pasalagua?, ¿por qué el dinero circuló por un alambicado y laberíntico tinglado financiero? Estas son las preguntas que tratan de esclarecer las pesquisas.
La jueza ya ha desgranado que el abogado de Peña Nieto nutrió su cuenta en la BPA de capital procedente de la entidad Pershing Llc Jersey City. Y que esta, a su vez, recibió fondos de la delegación suiza de la firma de fideicomisos y gestión de grandes patrimonios Amicorp.
Sobre el motivo del traspaso, Collado justificó en 2008 que el dinero que envió al familiar de Salinas de Gortari correspondía a una comisión por actuar como intermediario en la venta de una firma conectada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI. Sin embargo, la Policía de Andorra, que rastrea la operación a las órdenes de la magistrada, cuestiona esta operación, concluye que el letrado de Peña Nieto no aportó suficiente documentación para demostrar la veracidad de la transacción y estima que “no se puede acreditar el origen de los fondos”.
La siguiente pieza del puzle conduce a Salinas Pasalagua. Cliente desde abril de 2008 de la BPA, donde se presentó como licenciado en Derecho y accionista de dos sociedades mexicanas, este abogado cobró en el banco andorrano fondos procedentes de traspasos internos, como los 450.000 dólares que le envío Collado. Y también percibió capital cuyo origen arrancaba en la casa de cambios mexicana Tiber.
La mecánica de Salinas Pasalagua en Andorra resulta similar a la de Collado. El esquema financiero de este último, según los investigadores, se iniciaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. De ahí, se enviaba el dinero a una cuenta en la BPA inscrita a nombre de una firma instrumental. Y después el capital acababa, a través de un traspaso interno, en el depósito de otro cliente de esta entidad financiera que fue intervenida en 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Los investigadores andorranos han criticado en distintas ocasiones esta mecánica. Y recuerdan en sus informes que uno de sus accionistas de la casa de cambio Tíber, Carlos Djemal Nehmad, fue condenado en 2018 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a seis años de cárcel por un fraude de 20 millones de dólares.
Otro aspecto que llama la atención de los investigadores es que la BPA no impidiera abrir una cuenta a Salinas Pasalagua, pese a su condición de PEP (persona políticamente expuesta, por sus siglas en inglés), que es como se llama en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por sus vínculos directos o familiares con el poder, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.
El abogado en Andorra de Collado, Antoni Riestra, reitera a EL PAÍS que los 450.000 dólares que envió en 2008 su cliente a Salinas Pasalagua corresponden a la comisión de este último por actuar como intermediario de “un importante grupo de comunicación mexicano”. “Ya en su momento, como no podía ser de otra forma, se informó y se justificó frente a la BPA y su compliance [departamento del banco dedicado a controlar la legalidad de los fondos] la finalidad y la causa de la transferencia, aportándose a la entidad los contratos justificativos correspondientes”, remarca Riestra por correo.
Este diario ha intentado localizar sin éxito a Salinas Pasalagua para recabar su versión.
Collado ha permanecido en prisión en México más de cuatro años. Un juez federal le concedió el pasado septiembre la libertad provisional. El abogado fue arrestado en 2019 tras ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos (casi dos millones de euros).
El letrado también tiene abierta una causa por blanqueo en Andorra, donde movió más de 120 millones de dólares a través de un opaco entramado financiero en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Distintos informes de los investigadores de este principado pirenaico apuntan a que el letrado pudo actuar como representante de terceros dada su proximidad al poder.
Y es que, junto a Peña Nieto, el conocido como abogado de los poderosos ha prestado sus servicios a personalidades como Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo; Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, detenido en 1995 por enriquecimiento ilícito y por el homicidio del exsecretario del PRI, Francisco Ruiz Massieu; Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, acusado de fraude y enriquecimiento ilícito y de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.
