Mujeres enfrentan consecuencias sociales y de salud
La UNODC explica que, en general, los hombres tienden a consumir sustancias en mayor medida que las mujeres; ellas representan aproximadamente una de cada cuatro personas usuarias. “Sin embargo, la proporción varía según la droga y la ubicación geográfica; por ejemplo, en Asia solo el 9 por ciento de usuarias de cannabis son mujeres, mientras que en Norteamérica representan el 45%”, indica el documento.
En tanto, cuando se trata del uso no médico de sustancias farmacéuticas como sedantes y tranquilizantes, opioides medicinales o estimulantes, la proporción de mujeres que consumen esas sustancias es significativamente mayor y, en algunos casos, casi igual que la de hombres.
El informe señala también que en los casos de consumo problemático, las mujeres enfrentan efectos de salud adversos y consecuencias sociales desproporcionadas. Por ejemplo, en países que cuentan con estadística desagregada por sexo, se estima que aproximadamente una de cada cinco personas usuarias de sustancias inyectables es mujer; sin embargo, las mujeres usuarias tienen más probabilidad que los hombres de contraer VIH.
“Las mujeres que se inyectan drogas tienen una mayor carga de salud y consecuencias sociales como discriminación, estigmatización o criminalización además de tener dos veces más probabilidades que los hombres de contraer infecciones como el VIH o hepatitis C”, explica Hugo Córdoba, coordinador de proyectos en drogas de UNODC México.
El especialista agrega que la vulnerabilidad de las mujeres derivada de los papeles tradicionales, así como las estructuras y relaciones de poder basadas en el género también pueden aumentar sus riesgos en cuanto a conductas sexuales y consumos peligrosos, pues en el caso de los inyectables, regularmente tienen una pareja íntima masculina que las inició en el consumo o es usuaria al mismo tiempo que ellas.
“Las mujeres que consumen drogas, incluidas las que se inyectan, también son vulnerables a la violencia basada en el género, y al abuso sexual perpetrados tanto por sus parejas íntimas como por otras personas que consumen drogas a su alrededor, los agentes del orden y los proveedores de servicios de salud”, agrega Córdoba.
Sumado a ello, existen múltiples barreras para acceder a tratamiento y otros servicios de salud y sociales para las personas usuarias de sustancias y que padecen problemáticas asociadas, lo cual afecta en mayor medida a las mujeres porque usualmente carecen de perspectiva de género. Por otro lado, las mujeres usuarias pueden estar en menor medida al tanto de los servicios disponibles, aunado al hecho de que enfrentan un doble estigma y discriminación.
“Las mujeres, además, continúan enfrentando barreras desproporcionadas en el acceso a tratamiento en casos de consumo problemático, como menos conciencia del fenómeno, estigma, falta de instalaciones específicas y restricciones económicas”, añade el documento.
Córdoba subraya, además, que a nivel mundial, las mujeres detenidas por tráfico de drogas tienen más probabilidades de ser procesadas y condenadas que los hombres. A su vez, en prácticamente todas las regiones las mujeres tienen menos probabilidades de ser enjuiciadas y condenadas que los hombres cuando son detenidas por consumo o posesión de drogas.
Según UNODC, abordar el consumo de sustancias mediante la perspectiva del derecho a la salud requiere servicios que estén disponibles, accesibles, aceptables y de buena calidad, y que además aseguren la no discriminación, no estigmanización, completa participación, privacidad y dignidad de las personas. Por ello, el abordaje debe considerar las diferentes dimensiones y contextos del uso problemático de sustancias.
En el mundo, aproximadamente 1 de cada 11 personas con consumo problemático recibe tratamiento, menos que en 2015. En particular, en América, el 10.7% de las personas con consumo problemático recibe tratamiento; en el caso de los hombres son el 13.1% y en el de las mujeres solo el 7.5%, en su mayoría por opioides.
El informe mundial subraya también, en general, una preocupación por el consumo de sustancias en contextos sexuales, dado que contabiliza 13.9 millones de personas usuarias de sustancias inyectables, mientras que 6.8 millones viven hoy con hepatitis C, 1.6 millones con VIH y 1.4 millones con ambas. Además, de 566 nuevas sustancias psicoactivas en el mercado, 44 fueron identificadas apenas en 2022 como tales.
Los roles de las mujeres en el mercado ilícito
Las experiencias y motivaciones económicas específicas para involucrarse con las drogas, el estatus social por el que las mujeres que pertenecen a grupos marginados y desfavorecidos socialmente sufren más los efectos de sistemas prohibicionistas, así como la identidad de género y orientación sexual que pueden desencadenar actos discriminatorios, son algunos de los factores que diferencian y complejizan la participación de las mujeres en el mercado ilícito de drogas.
De acuerdo con el documento Desintoxicando narrativas. Desafiando estereotipos sobre mujeres y drogas, de la organización Elementa DDHH, otro obstáculo es la falta de información sobre la participación de las mujeres en las diferentes etapas de la cadena. En América Latina, la situación de las mujeres se enmarca en políticas punitivas, vulnerabilidades socioeconómicas, desigualdades de género y las propias particularidades de la región respecto a las drogas.
Sin embargo, en términos generales, las mujeres se concentran en los eslabones más bajos de la cadena, que son, además, aquellos que obtienen menos beneficios y están más expuestos a la violencia, el punitivismo y la criminalización. De ahí que prevalezca la privación de la libertad de mujeres por delitos relacionados con drogas, pues no impacta los mercados. En contraparte, las consecuencias suelen ser devastadoras para sus familias y comunidades.
Específicamente en México, Bolivia, Perú y Colombia –consigna el documento–, las mujeres se enfrentan a varias formas de dsicriminación en el cultivo de plantas destinadas a mercados ilícitos: por ser mujeres, por ser campesinas y por derivar su sustento de una actividad ilícita. En muchos casos, su involucramiento responde a que se trata de una alternativa económica para el sustento de sus hogares.
“Sobre estas mujeres se sabe entonces que se enfrentan a condiciones de vidas precarias en el campo, a altos niveles de pobreza, a extensas jornadas de trabajo e incluso a conflictos armados, resultado de la militarización de sus territorios”, describe el informe.
Por otro lado, en los países latinoamericanos en general el número de mujeres que están siendo encarceladas aumenta mucho más rápido que el de los hombres, lo que –de acuerdo con Elementa DDHH– responde a las políticas de drogas punitivas y sus afectaciones desproporcionadas sobre las mujeres, que se ha evidenciado desde los 2000.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la población carcelaria femenina total en las Américas ha aumentado en 56.1% entre el 2000 y el 2022, en comparación con un 24.5% de la población carcelaria en general. Así, la región tiene la tasa de población femenina en reclusión más alta del mundo.
Particularmente en México, desde 2000 hasta febrero de 2021, la población carcelaria femenina aumentó casi dos veces. El país, además, es parte de aquellos en los que los delitos relacionados con drogas son los principales por los que las mujeres son encarceladas, y una gran porción está usualmente en prisión preventiva.
El documento subraya, al igual que el informe mundial, que a pesar de ser las menos reportadas como usuarias de sustancias, están subrepresentadas en los tratamientos, lo cual se profundiza según el tipo de sustancia. En tanto, sobre ellas recaen estereotipos de género que agravan las sanciones sociales o legales, así como la pérdida de custodia de sus hijos, particularmente para aquellas que de por sí forman parte de grupos vulnerados como sobrevivientes de violencias, trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad o minorías étnicas.
De esta manera, Elementa DDHH ubica impactos diferenciados específicos para las mujeres en todas las etapas de la cadena: en el cultivo, donde las mujeres que participan son discriminadas por diversas circunstancias; en el transporte, que se ha basado en buena medida en el uso de sus cuerpos, lo que las vuelve objetivos fáciles y frecuentes de las fuerzas de seguridad y de encarcelamientos; en el consumo, en el que tienen menos apoyo social que sus contrapartes masculinas, además de ser mayormente estigmatizadas, y en el tráfico, donde a excepción de pocos casos de liderazgo, han sido visibilizadas desde sus vínculos emocionales, que las exponen a altos niveles de violencia, abuso sexual y feminicidio.
