Congreso omiso, mujeres criminalizadas por abortar
Blakely Morales
El reciente 12 de julio la Fiscalía General del Estado informó que inició una investigación por el hallazgo de un feto envuelto en placenta, en una parada de transporte público en una comunidad del municipio de Tamazunchale. Aunque no informó más, se infiere que el posible delito que investiga es un aborto.
Y es que en SLP, las mujeres que deciden abortar siguen siendo criminalizadas, a pesar de que desde septiembre del 2021, en una sentencia la SCJN resolvió declarar inconstitucional la criminalización de dicha práctica.
La figura jurídica de la interrupción legal del embarazo (ILE) que pugna por la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, no fue un tema prioritario para la LXIII legislatura del Congreso Local, pese a que recibió iniciativas ciudadanas que prefirió no dictaminar.
En junio del 2023 la Colectiva ILE SLP propuso despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y reformar la Ley de Salud del Estado para que las instituciones públicas de salud tengan la obligación de realizar el procedimiento de manera gratuita.
En septiembre del 2023, el Colectivo Marea Verde propuso una iniciativa para reformar el Código Penal Estatal y garantizar el derecho de todas las mujeres a la interrupción legal del embarazo sin necesidad de apelar a ninguna causal hasta la semana 12.
En octubre del 2023, el colectivo Marea Verde presentó otra iniciativa complementaria para reformar diversos artículos de la Ley de Salud del Estado en el mismo sentido de la primera.
Ninguna ingresó ni siquiera a Comisiones.
La que sí ingresó y fue dictaminado recientemente, es una iniciativa promovida por la diputada Bernarda Reyes integrante de la Comisión de Salud, que busca regular la objeción de conciencia, un derecho ya garantizado en las legislaciones federales y estatales.
En un boletín del 2 de julio reciente, el Congreso Local informó que la modificación fue promovida en razón de una acción de inconstitucionalidad que consideró vulnerados los derechos del personal de Salud en México, a la libertad de creencias.
En opinión de la abogada y defensora de Derechos Humanos Fátima Alvizo, se trata de una sobre legislación que obedece a la agenda de grupos conservadores; pero también intuye, que se da como una especie de blindaje desde el Poder Legislativo estatal pues tarde o temprano el aborto tendrá que ser legislado en SLP, siguiendo el camino de otras catorce entidades a las que esta semana se sumó el estado de Puebla.
“Algo que no se menciona en ese boletín del Congreso es que las autoridades a nivel hospital o centro médico, tiene la obligación de tener no objetores de conciencia; si bien una persona en el ejercicio de sus derechos fundamentales puede negarse a la práctica del aborto como servidor del aborto, lo cierto es que la institución tiene que proporcionar el servicio más allá de nuestras convicciones morales”.
Tomando en cuenta el caso mencionado al inicio de esta nota, la abogada consultada comentó que en la actualidad el marco normativo progresista que defiende la autonomía reproductiva, creado por la Corte y las organizaciones de la sociedad civil, a la par del movimiento feminista, convive con marcos jurídicos locales arcaicos.
Fátima Alvizo reveló con información de las organizaciones de la sociedad civil, que en los recientes diez años al menos un centenar de mujeres han accedido a los servicios de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, mientras que en los recientes cuatro años, más de 600 mujeres han recibido el acompañamiento y la información del Frente Marea Verde San Luis Potosí.
Los datos revelan que el aborto es una práctica continuada, por lo que mantenerla en la ilegalidad lo único que seguirá generando son imágenes crueles de abortos clandestinos como el de Tamazunchale o maternidades forzadas y falta de respeto a la autonomía reproductiva de las mujeres.
“En esta nota que mencionas donde hay casos relacionados al aborto, particularmente en la Huasteca, lo que no se nombra es el contexto: Tamazunchale tiene nuestros números más altos de violencia sexual y también tiene algunos de los números más bajos en relación a la cultura de la denuncia”.
“Seguir manteniendo la inacción del Congreso del Estado es ir en contra del marco constitucional y convencional de nuestro país, es ir en contra de la tendencia nacional que ha impulsado el gobierno federal en tanto que 14 estados de la república, han despenalizado el aborto y además de todo, me parece, va en contra de la dignidad humana porque impide que las mujeres podamos satisfacer plenamente nuestros derechos fundamentales”
También ha habido interposición de amparos diversos contra la inacción del Congreso que sin embargo, no han prosperado.
