Flojera e ineptitud: diputados le sacaron la vuelta a la Ley General de Movilidad

Blakely Morales

En mayo del 2022 entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de garantizar el desplazamiento seguro de las personas en las ciudades.

En su artículo 6, estableció un nuevo paradigma denominado Jerarquía de la movilidad, que debe regir a las políticas públicas en materia de movilidad y favorecer a las personas y los grupos vulnerables, priorizando en todo momento a los peatones, personas con discapacidad y movilidad limitada.

La Ley General ordenó a los congresos estatales realizar las reformas legales necesarias para armonizar la legislación local con lo dispuesto por esa nueva normatividad en un plazo no mayor de 180 días.

Pero en San Luis Potosí, además de haberse demorado más de dos años en acatar el mandato, la LXIII Legislatura del Congreso Local, dictaminó al vapor un proyecto de decreto que modificó ocho leyes distintas pero que por ningún lado retomó, ni estableció el Derecho Humano a la movilidad segura, ni la nueva jerarquía de la movilidad establecida en la Ley General.

En opinión de la activista en favor de las personas con discapacidad Catalina Torres, el intento de los diputados y diputadas por armonizar las leyes estatales no recuperó la esencia primaria de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial:

“Hicieron modificaciones que no van con la filosofía de la Ley General de Movilidad, porque las modificaciones que se hicieron a las leyes actuales tienen una filosofía de movilidad de coches, no de personas”.

La inoperancia de las reformas aplicadas en el dictamen aprobado el 29 de mayo, no tienen repercusiones y eso se observó en el contexto inmediato.

En sus modificaciones a la Ley de Tránsito, estableció que se debían diseñar sistemas de movilidad, transporte e infraestructura, pensando en “prevenir y contener el error humano, con el objeto reducir las muertes y lesiones graves de las personas ocasionadas por siniestros de tránsito”.

Letra muerta. Un mes después de la pretendida armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el siniestro donde un chofer del transporte público arrolló a dos menores niñas provocando la muerte de una de cinco años en la calle 71 al oriente de la ciudad, lo dejó de manifiesto.

En opinión de los colectivos por el derecho humano a la movilidad segura en la ciudad de San Luis Potosí, una verdadera armonización por fuerza deberá venir acompañada de un robustecimiento de las instituciones para detener las muertes en la vía pública. Así lo considera Claudio Aldrete integrante del Colectivo derechos Urbanos:

“El reto principal para la administración pública y la política pública es salvar vidas, reconocer que no se pueden estar perdiendo vidas en el tránsito, que no es justificable la pérdida de vidas humanas; y necesitamos instituciones que su principalmente objetivo sea salvar vidas; lo que tenemos en cambio es instituciones que están más bien orientadas a agilizar la fluidez del tráfico, el tráfico no se va detener, cada vez hay más tráfico e incluso es en algunos casos hasta deseable; pero lo que sí se tiene que detener son las muertes”.

Y es que los siniestros de tránsito son considerados una de las principales causas de muerte en México; la cifra más reciente levantada por el INEGI, arrojó que en 2022 en SLP hubo más de mil personas heridas y un centenar que resultaron muertas en siniestros o accidentes de tránsito.

Escuchalo aquí

Como si fueran enchiladas

A pesar de que algunos colectivos, activistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, participaron en un par de reuniones principalmente con el diputado Rubén Guajardo Barrera; de acuerdo a la activista Catalina Torres, cuando los grupos ciudadanos intentaron alertar a los diputados y diputadas sobre la inoperancia y los pendientes que dejaría el dictamen aprobado el 29 de mayo reciente, no fueron escuchados.

Y es que, la acción de aprobar esa supuesta armonización que a decir de Claudio Aldrete “se quedó corta”, obedeció a una sentencia, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Es decir, que tuvo ser mediante un amparo interpuesto ante la justifica federal por un particular, lo que pusiera a los diputados y diputadas del Congreso Local a trabajar.

La sentencia al juicio de amparo 13/2023 resolvió que la LXIII legislatura incurría en una omisión al no cumplir con la obligación establecida en el artículo segundo transitorio de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para armonizar la legislación local con dicha ley.

Así fue que, en parte para cumplir con una sentencia que en el camino y sin éxito fue apelada por el área jurídica del Congreso; pero también para no tener que realizar una consulta, los diputados y diputadas decidieron, en vez de crear una ley estatal de Movilidad, hacer unas breves adecuaciones a 0cho leyes locales, como si fueran enchiladas.

Pero según la activista Catalina Torres, la organizaciones y colectivos seguirán pugnando por que se genere la Ley Estatal de Movilidad, ahora cobijada bajo el título Ley Santi, en honor a uno de los activistas que este año sufrió un siniestro de tránsito, originado por que la legislatura local no trabajó en modificar las condiciones que de verdad aminoren las consecuencias del error humano.

“Para ellos (los diputados) todo era ganancia, no tenían que hacer consulta; les ponía palomita la federación y les ponía palomita el juez que llevaba la causa del juicio de amparo, pero nosotros vimos que eso eran parches mal hechos y lo que queremos es la enchilada completa, no pedacitos; lo que queremos es que hagan es la Ley de Movilidad, de hecho, queremos que se trabaje la Ley Santi”.

Aunque este y muchos otros temas que quedarán pendientes, tendrán que esperar hasta la llegada de la LXIV Legislatura que rendirá protesta a mediados del mes de Septiembre.