Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial del Estado se manifestaron afuera de la dependencia para denunciar que desde el año 2022, el personal sindicalizado del Poder Judicial ha sufrido la falta de pago puntual de sueldo y prestaciones, además de que no se les han pagado los incrementos al salario convenidos por Gobierno y el Sindicato mayoritario; mientras que al personal sindicalizado del Poder Ejecutivo y Congreso del Estado, sí se les ha pagado todo y de forma puntual.
Explicaron que la manifestación no es ajena a la propuesta de reforma a los Poderes Judiciales Federal y Estatal, por lo que externaron su solidaridad con las personas impartidoras de justicia a las que afecta y al persona judicial que aspira legítimamente a ser Juzgadora o Juzgador en base a su propio mérito.
A través de un comunicado indicaron que a diferencia del personal sindicalizado del Poder Ejecutivo y Congreso del Estado, al personal sindicalizado del Poder Judicial no se les han pagado íntegramente los incrementos al salario de los ejercicios 2022 y 2023; y al día de hoy se adeuda el incremento retroactivo al salario del año 2023 en un 2% y el que se autorice respecto al año 2024.
Consideraron que ese incumplimiento de pago como una forma de control y sometimiento de un poder a otro, por ello se manifestaron afuera del Poder Judicial.
Aunque señalaron que hay buena voluntad del Presidente del Tribunal, y que existe compromiso y preocupación con la falta de pago al personal sindicalizado, dijeron que lamentablemente en el tema financiero el Poder Judicial está sometido a la voluntad e instrucciones del Ejecutivo.
Precisaron que la falta de pagos no es solo para el personal en activo, sino que también los jubilados no han recibido desde hace más de dos años la liquidación que por ley les corresponde, y que en otras dependencias del Ejecutivo y Congreso se han otorgado sin problema alguno.
En diciembre de 2022 y 2023, no se cumplió con el pago de incrementos al salario, ni el pago puntual de aguinaldos y fondo de ahorro; particularmente lo que debía pagarse en diciembre de 2023 se liquidó a finales de enero de 2024, y ello en razón del paro de labores organizado por funcionarias y funcionarios judiciales; y vale la pena repetir que, en cambio al personal sindicalizado del Poder Ejecutivo y Congreso del Estado, si se les pagó oportunamente.
No obstante que como lo dispone el artículo 92 de la Constitución del Estado, el Poder Judicial formula y ejerce autónomamente su presupuesto, a través del Consejo de la Judicatura, su monto está al contentillo del Ejecutivo y del Congreso del Estado, al ser estos quienes deciden el presupuesto que se asigna, y ello genera un sometimiento financiero de un Poder a los otros dos, y afecta la autonomía e independencia judicial; lamentablemente ni Consejeros ni Magistrados han pugnado por que se reconozca en la ley un presupuesto irreductible y fijo en base a un porcentaje mínimo de un 4% por ciento del presupuesto total del Estado de San Luis Potosí, para asignarse al Poder Judicial del Estado, porcentaje propuesto y exigido por la mayoría de los Poderes Judiciales locales, para cumplir con todos los requerimientos humanos, materiales y tecnológicos para administrar justicia.
