Taxis contra Ubers: ocho años de un conflicto
Blakely Morales
Los conflictos entre choferes de transporte particular y taxistas del servicio público parecen nuevos, pero en realidad llevan un tiempo tomando forma; los hechos violentos de esta semana no son aislados como lo intenta justificar el Gobierno del Estado, concretamente la Secretaría de Comunicación y Transportes.
Escúchalo aquí
Se vienen cocinando al menos desde el 2016.
Los hechos del pasado martes por la noche, no se explican sin el contexto y antecedente de una disputa por el pasaje, por el espacio público.
Uber llegó a la Ciudad de México en el 2013, y gradualmente extendió su operación a las ciudades con mayores proyecciones de demanda; tres años después de su arribo, anunció su ingreso a San Luis Potosí.
Ante la noticia, los ruleteros amenazaron con una “cacería de ubers”. Así se reportaba la agresión hace ocho años, en Excélsior Televisión:
Los medios y la opinión local, tuvimos tela de donde cortar ante la actitud vociferante que tomaron los taxistas, así lo registró este reportero para Pulso en diciembre de 2016:
Fue ese año cuando el conflicto comenzó, claro, en el Pleno del Congreso del Estado, donde se discutió y negoció la propuesta de regular en la ley de transporte público, la operación de las aplicaciones digitales. Ese diciembre, la XLI Legislatura incluyó en la Ley, la denominación de “Empresas de Redes de Transporte”.
A partir de ahí Uber entró de lleno a la ciudad, y entre los taxistas y los conductores de las plataformas comenzó a reinar la tensa calma, con el juego perverso de las inspecciones de la SCT en medio de la jugada.
Mientras Uber se apoderaba del mercado, los taxistas se quedaron tres años haciendo política en el Congreso hasta que en 2019, concretaron la reforma que obligó a las empresas a registrar a los choferes de plataformas, con el interés de bloquear su funcionamiento en la legalidad.
Los requisitos rayaron en lo absurdo: solo personas morales pueden registrarse, debiendo firmar un convenio con el Estado para aportar el 1.5 por ciento de cada viaje para un “fondo público”, y estableció incluso el valor mínimo, en el costo de los vehículos que solicitaran el registro, aproximadamente 400 mil pesos.
Entre tanto, en las calles la confrontación se fue expresando en los pleitos, provocaciones y amenazas que se fueron intensificando; en Facebook es posible ubicar material audiovisual con registro de decenas de encontronazos y golpizas, entre 2017 y 2022 la gram mayoría, protagonizados por taxistas.
En este video de enero del 2018, ruleteros atacan a conductores de Uber a la altura de la Glorieta Juárez.
En este otro material de junio del 2019, decenas de taxistas confrontan a un conductor de Uber en un estacionamiento sobre la carretera 57.
En Julio de ese mismo año, otro video mostró a un grupo de taxistas, golpeando a un conductor de plataforma, que se atrevió a pisar la Terminal de autobuses.
Con información recabada entre dos socios activos de la plataforma, confirmé para esta nota que la empresa Uber intentó dar de alta a los conductores pero el proceso no pudo ser completado.
A la par, la empresa respondió por la vía legal al Congreso del Estado y a los taxistas, promoviendo una serie de amparos.
Pero fue una acción de inconstitucionalidad, la que terminó de darle la razón en febrero de este año cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó parte de aquella reforma que estableció los requisitos para el registro los choferes de las plataformas.
Otra vez la pelota cae en la cancha del Congreso del Estado, pero también en la del gobierno del estado, que tiene por obligación aplicar la Ley.
Ocho años. Lo que sucedió este martes es la consecuencia de hechos ocurridos a lo largo de ocho años.
