Se suspende la ayuda a cónyuges indocumentados del gobierno de Biden
En un fallo a favor de 16 estados liderados por republicanos, un juez federal ha puesto pausa al programa mientras se evalúan los méritos de la demanda contra el gobierno.
New York Times.- Un juez federal de Texas bloqueó temporalmente el lunes un programa del gobierno de Joe Biden que podría ofrecer una vía hacia la ciudadanía a medio millón de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos de EE. UU., en un fallo a favor de 16 estados liderados por republicanos que demandaron al gobierno.
El juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas, emitió una suspensión administrativa a fin de paralizar el programa, que empezó a recibir solicitudes la semana pasada, mientras el tribunal evalúa los méritos del caso.
Al suspender la iniciativa, Baker dijo que la demanda de 67 páginas presentada el viernes por una coalición de estados encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, planteaba cuestiones legítimas sobre la autoridad del poder ejecutivo para eludir al Congreso y fijar la política de inmigración.
“Las reclamaciones son sustanciales y justifican un análisis más detenido del que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, escribió Barker, quien fue nombrado por el expresidente Donald Trump.
El gobierno puede seguir aceptando solicitudes para el programa, pero ya no puede procesarlas, según el fallo. Inicialmente, la suspensión tendrá una duración de 14 días, mientras las partes presentan argumentos en el caso, pero podría extenderse.
La demanda es la más reciente de una serie de acciones legales que Texas ha encabezado para desafiar las políticas y poderes federales de inmigración.
El programa, denominado Keeping Families Together, suscitó duras críticas de los republicanos en un ciclo electoral en el que la inmigración ilegal ha sido un tema central. En la demanda, los estados liderados por republicanos dijeron que el programa equivalía a una “amnistía” para los inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo el lunes en un comunicado enviado por correo electrónico que el programa “permite a los ciudadanos de EE. UU. y a sus familiares vivir sin miedo a la separación, en consonancia con los valores estadounidenses fundamentales”.
El comunicado explicaba que los inmigrantes cuyas solicitudes fueron aprobadas antes de que el juez emitiera la suspensión no se verían afectados por el fallo, y los cónyuges de ciudadanos de EE. UU. podrían seguir presentando solicitudes, aunque no se concederían aprobaciones mientras la suspensión esté en vigor.
La Casa Blanca no respondió en un primer momento a las peticiones de comentarios.
El programa facilitaba la legalización a las personas indocumentadas casadas con estadounidenses que llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Los beneficiarios han vivido en Estados Unidos una media de 23 años, según el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona la iniciativa.
Aunque casarse con un ciudadano estadounidense suele proporcionar ya una vía hacia la ciudadanía de EE. UU., quien cruza ilegalmente la frontera sur debe regresar a su país de origen para completar el proceso de obtención de la green card. A menudo, las familias permanecen separadas durante años para completar el proceso, lo que disuade a los cónyuges inmigrantes de intentar modificar su estatus.
El nuevo programa les permite saltarse ese paso y permanecer en Estados Unidos mientras intentan obtener un estatus legal. Si su solicitud es aprobada, se les concede una forma de “libertad condicional” que los protege de la deportación y les permite recibir autorización para trabajar. Una vez obtenida la residencia legal permanente, los beneficiarios pueden optar a la ciudadanía estadounidense.
La orden del juez del lunes no tardó en ser rechazada por los defensores de los inmigrantes y otras personas que estaban a favor de la política.
“Impedir que personas que han estado aquí trabajando y pagando impuestos, a menudo durante más de 20 años, y que están casadas con ciudadanos estadounidenses, obtengan un estatus legal más rápidamente, es malo para la economía y va en contra de la decencia humana”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, que representa a 1400 directores ejecutivos de empresas de EE. UU.
A primera hora del lunes, grupos de defensa de los inmigrantes habían presentado una solicitud al tribunal para participar en la demanda aportando testimonios de parejas que se verían perjudicadas por un fallo judicial en contra del programa.
“Una orden como esta es una medida extrema que, por ley, solo debería tomarse en las situaciones más apremiantes”, dijo Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, uno de los grupos que presentó una moción para intervenir.
Texas y los otros 15 estados que presentaron la demanda argumentaron que sus finanzas se verían afectadas negativamente porque el programa permitiría a los inmigrantes indocumentados permanecer en el país.
Tumlin dijo que Texas “no ha sido capaz de proporcionar una pizca de evidencia” de que se vería perjudicada por esta política.
“Esto es desgarrador para nuestros clientes y para las miles de parejas que esperan beneficiarse de este proceso y poder vivir sin temor a que su familia sea separada”, dijo.
El programa, presentado por el presidente Biden a mediados de junio, es una de las medidas más radicales para ayudar a los inmigrantes indocumentados desde que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocida como DACA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 2012 para proteger a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
La demanda sostiene que el programa de Biden es ilegal e incentiva la inmigración ilegal, y acusa al actual gobierno de haber creado el programa “con evidentes fines políticos”. La demanda fue presentada por Texas e Idaho, junto con 14 fiscales generales estatales de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Cuando Biden presentó el programa, afirmó que lo hacía para promover la unidad familiar. El programa se puso en marcha dos semanas después de que su gobierno aplicara nuevas restricciones al asilo, y fue visto como una forma de aplacar a los críticos que sostenían que las medidas eran demasiado severas.
En tan solo una semana habían llegado miles de solicitudes, de acuerdo con dos funcionarios gubernamentales que no quisieron ser identificados por no estar autorizados a hablar del asunto.
Incontables parejas que buscaban información y ayuda con las solicitudes han acudido a talleres ofrecidos por organizaciones de asistencia jurídica y de defensa de los derechos de los inmigrantes.
Ricardo Ocampo Hernández, quien presentó su solicitud la semana pasada, comentó que su familia tenía esperanzas de que fuera aprobada.
“Durante años, hemos estado atrapados en un ciclo de desafíos legales y tensiones financieras, tratando de abrirnos paso por un sistema migratorio que muchas veces parece diseñado para mantener a familias como la mía en el limbo”, afirmó Ocampo, quien vive en Las Vegas y ha estado casado durante una década.
“Pero con este nuevo proceso, por fin hay un camino”, agregó Ocampo, de 34 años, quien llegó a Estados Unidos cuando era un niño pequeño. “Cuando presenté mi solicitud, tras años de lucha, sentí tanto alivio como ansiedad”.
