La bancada de diputados de Morena presentó un juicio político y una denuncia penal en contra de los jueces de Morelos y Chiapas que ordenaron al Congreso suspender el proceso de la reforma judicial.
Expansión.- El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en representación de esa Cámara promovió la demanda en contra de la jueza Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe V. Consuelo Soto “por su burda invasión de incompetencia”.
Minutos después de que concluyera la primera sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, en la que se dio publicidad al dictamen y se citó a sesión el martes, para el inicio de su discusión y votación, el diputado morenista hizo el anuncio y advirtió en redes sociales: “La reforma al Poder Judicial nadie la va a parar”.
Horas antes de la sesión, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, ya había adelantado la posibilidad de proceder en contra de los jueces, pues a su juicio actuaron ilegalmente al ordenar que, en caso de aprobarse la reforma, no se enviará a los congresos estatales para concretar el proceso de reforma constitucional.
“Es una farsa y barbarie jurídica. Estamos analizando la probabilidad de presentar denuncias penales correspondientes y, si se procede, llevarlos a juicio político. Es algo que se le propondrá, Ricardo Monreal tendrá que tomar la determinación como coordinador. No se vale llevar actos de barbarie jurídica”, apuntó.
El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, ya había asegurado que hasta ese momento aún no había consenso en la bancada sobre cómo proceder.
“(Son) tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo: juicio político; se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura”, anotó.
La decisión fue respaldada por el Partido del Trabajo (PT), aliado morensta, pues el diputado Ricardo Mejía Berdeja había asegurado, en la tribuna camaral, que la decisión judicial era una “pseudo suspensión”.
“Ningún juez, ninguno, puede frenar al supremo poder reformador… que quede claro porque vienen muchas reformas”.
“Contra ellos procede queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, juicio político e incluso una responsabilidad de carácter penal por abuso de autoridad”, advirtió.
