Autoridades patean la pelota por el caso RICH; víctimas exigen resultados
Blakely Morales
Al cumplirse tres meses de la tragedia del antro Rich, las víctimas del “accidente” se preguntan si acaso alguna autoridad vinculará, procesará o sancionará a los funcionarios que, presumiblemente, actuaron en comisión por omisión en el perjuicio de dos jóvenes que resultaron fallecidos, y una decena de heridos, al menos dos de ellos con secuelas aún incuantificables.
Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) culmina en el mes que transcurre la etapa de investigación complementaria, dos indagatorias institucionales suceden de manera independiente sin que exista hasta el momento, indicio de que pudieran derivar en una acción de tipo penal.
Hace un mes que el contralor general del gobierno del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, confirmó que esa dependencia inició un procedimiento y presumió posibles responsabilidades para funcionarios de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Dirección de Gobernación.
Esta semana Aguiñaga Muñiz dió más detalles: dijo que la investigación inició por la denuncia directa del titular de la Dirección General de Gobernación José Concepción Gallardo Martínez; explicó que la denuncia pasó por el órgano interno de control de la Secretaría General de Gobierno, pero ésta remitió a la Contraloría, al no contar con capacidades para investigar, substanciar y resolver.
El contralor ahondó y señaló que habrá responsabilidades en servidores públicos pero achacó que la mayor responsabilidad recaerá en funcionarios del ayuntamiento capitalino:
“Ahorita está en etapa de investigación, se hicieron algunos requerimientos; en lo general, está en investigación y obviamente sí va recaer en responsabilidades de los servidores públicos. Recordemos que como Gobierno revisamos ciertas piezas, la venta de alcohol o alguna situación; pero la carga total la tiene el municipio de San Luis Potosí, porque es el encargado de revisar desde la construcción del inmueble”.
Ante esta declaración el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, volvió a posponer la presentación de resultados de la investigación que realiza la Contraloría Interna del ayuntamiento de San Luis Potosí.
Interrogado al respecto, declaró que recientemente se reunió con la contralora municipal Gabriela López y López, quien le informó que la investigación va “muy avanzada”, aunque se negó a comunicar detalles dijo que antes de su tercer informe de gobierno, programado para el próximo 20 de septiembre, hará un pronunciamiento concreto.
“En estos días estuve con la contralora, ya está muy avanzado, para darles una fecha cierta, no voy a llegar a mi informe sin haber hecho un pronunciamiento puntual sobre el resultado de la contraloría; yo les pediría que nos aguanten poquito”.
Por otra parte, Galindo descartó una vinculación entre la investigación interna del ayuntamiento y la que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado.
Las víctimas afectadas de manera directa con el fallecimiento de los jóvenes Manuel Alejandro Infante y Rodrigo “Roy” Espinoza, aseguraron a MG Noticias que hasta el momento, ninguna autoridad se ha comunicado con ellos, más allá de la atención y asesoría victimal, para darle seguimiento a los casos o establecer una línea que garantice el acceso a la justicia y la reparación, mientras intentan recuperarse de su pérdida y reintegrarse a la vida cotidiana.
Un documento con fecha del 29 de agosto, compartido con este medio de comunicación, muestra que uno de los familiares, externó a la fiscal general María Manuela García Cázares, una solicitud para que le informe los avances de sus indagatorias.
Concretamente, solicitó el seguimiento y estatus de las investigaciones contra autoridades y funcionarios del municipio de San Luis Potosí “por los delitos que resulten entre ellos comisión por omisión de diferentes departamentos”, entre ellos la Dirección de Comercio, Protección Civil, Ecología y Seguridad Pública Municipal.
