Aunque AMLO prometió atender de manera prioritaria la crisis forense y las desapariciones de personas —que en este sexenio suman 51,791 víctimas—, las iniciativas para enfrentarlas: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y el Banco Nacional de Datos Forenses, fueron desmanteladas o no se concretaron.
Animal Político.- En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.
Este rezago en la identificación de cuerpos por parte de las instituciones, denominado “crisis forense”, condena a miles de familias a transitar de morgue en morgue para descubrir pistas que conduzcan a sus seres queridos. Revisan cientos de fotografías de cuerpos marcados por la violencia. Es como “estar en el inframundo”, dice José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). “Son cuerpos mutilados con saña que te dejan sin comer diez, quince días. Que te dejan con pesadillas. No hay apoyo psicológico”.
De los 72,172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006, el 48% (34,699) llegaron a las morgues durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2023, pese a que devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares era, según dijo, “la principal prioridad” de su gobierno, junto con la búsqueda de las personas desaparecidas.
Este lunes, López Obrador visitó Matamoros para inaugurar un monumento dedicado al revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Una misión ordenada por el presidente en 2022, con un costo de más de 9.5 millones de pesos, permitió hallar un fragmento de hueso del periodista tamaulipeco en una isla de Bocas del Toro, Panamá, donde murió en combate en 1895, y lograr su identificación, según una investigación de Animal Político. A diferencia de lo ocurrido con el opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, a quien el mandatario dedicó un libro biográfico, para decenas de miles de cuerpos no ha habido recursos ni personal que haga posible establecer su identidad.
En el actual sexenio han desaparecido 51,791 personas, el 44.8% de las 115,591 víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales muestran que desde el inicio de la administración de AMLO desaparece, en promedio, una persona cada hora. El número supera a las 32,885 víctimas registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y triplica a las contabilizadas en el gobierno de Felipe Calderón, que sumaron 16,931.
Desde que Calderón ordenó la “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la crisis forense ha ido en aumento. Miles de cuerpos, 10,185 (14%), que ingresaron como desconocidos a los Semefos durante el sexenio del panista, entre 2007 y 2012, siguen sin recuperar su identidad. El rezago forense de la administración del priista Peña Nieto es de 19,680 (27%) cuerpos sin nombre, correspondientes al periodo 2013-2018.
Estas inéditas cifras de cadáveres que permanecen sin identificar, obtenidas por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos mediante solicitudes de transparencia enviadas a las 32 instituciones forenses del país —solo la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a responder— y a la Fiscalía General de la República (FGR), abarcan los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador.
Los datos muestran que 13,272 cuerpos NN (No Nombre, en lenguaje forense), cerca de una quinta parte del total, llevan más de una década sin ser identificados. Desde 2014, el rezago forense se ha incrementado año tras año: 2023 estableció un récord, con 8,139 víctimas anónimas.
En 2020, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron por primera vez la magnitud de la crisis forense: entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefos del país 38,891 cuerpos sin identificar. Un año más tarde, el MNDM, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, actualizó el número a 52,004 cadáveres que fueron recibidos por el Estado, pero se quedaron sin nombre. Los datos muestran que, en apenas tres años, de 2020 a 2023, hubo un incremento del 39% de cuerpos NN.
La incertidumbre de que entre las víctimas pueda estar el familiar desaparecido “es una tortura psicológica”, dice Ugalde, quien localizó sin vida a su hijo José Esaú Ugalde Vega tres meses después de su desaparición en septiembre de 2015. “Es un tema terrible. Una desesperación, un dolor, una rabia y un coraje”.
En algunas ocasiones, esta tragedia alcanza visibilidad mediática, como ocurrió con el caso de Virginia de la Cruz, quien el pasado 11 de julio denunció ante el Congreso de Zacatecas que, durante ocho meses, el Semefo no le avisó que tenía el cuerpo de su hijo José Alejandro de la Cruz López. El cadáver del joven de 21 años estuvo bajo su resguardo desde noviembre de 2023, cuando se reportó su desaparición.
La crisis forense en México refleja una cruel paradoja: personas que buscan a quienes el gobierno ya encontró. Las historias incluyen a jóvenes cuyos cuerpos fueron extraviados por las autoridades en una fosa común —como pasó con el adolescente Cosme Humberto Alarcón Balderas en Coahuila y la joven Gemma Mávil Hernández en Veracruz— o donados a universidades para que sus estudiantes de Medicina hagan prácticas, y a madres que han recibido incompletos los restos de sus hijos —como Nancy Bustos, quien descubrió en un pozo de la localidad Ojo de Agua, en Jalisco, el cráneo de Óscar Eduardo Núñez Bustos, que los peritos no habían encontrado—, o los han tenido que recuperar por fragmentos tras revisar cientos de fotografías y exigir que se realicen las pruebas necesarias —como Lupita, también de Jalisco, que reunió hueso por hueso los restos de su hijo tras consultar los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)—.
Atender el rezago y las malas prácticas en la identificación de cadáveres podría dar respuesta a miles de familiares de personas desaparecidas, como Luz Aidé Ochoa Zárate, quien sospecha que uno de los cuerpos enterrados en fosas comunes de cementerios municipales a los que la autoridad no ha devuelto el nombre pertenece a su hijo Jordan Yahir.
El joven de 19 años fue desaparecido junto con su hermano menor Jocksan Gabriel Hernández Ochoa por policías estatales en Cardel, Veracruz, en septiembre de 2015. Tras años de búsqueda, en noviembre de 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó a Ochoa que el cuerpo de Jocksan había sido encontrado cinco meses después de que fue denunciada su desaparición. Aunque la institución contaba con muestras de ADN de familiares del estudiante de 18 años, lo mandó a una fosa común del panteón municipal de Actopan.
Jocksan salió del anonimato por casualidad, pues su cuerpo fue exhumado mientras la fiscalía investigaba otro caso. Por eso, Ochoa cree que en esa misma fosa podría estar Jordan Yahir. “Yo luego voy a Xalapa y ando preguntando, porque yo ya no quería esperar más tiempo, porque a mi hijo [Jocksan] ora sí que lo encontraron muy rápido de su desaparición, a los meses, y tardaron muchos años para que él pudiera regresar. O sea que me pudieron haber evitado todo ese sufrimiento”, dice la mujer.
Desde diciembre de 2023, Ochoa solicitó a la fiscalía estatal que busque a Jordan Yahir en la misma fosa en que hallaron a su otro hijo. Las autoridades le respondieron que están exhumando más cuerpos de ese lugar, pero las familias buscadoras veracruzanas no han sido informadas. “No tengo la certeza de si realmente están trabajando”, dice la madre, quien es integrante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.
La dimensión del rezago
De las 72,172 víctimas sin identificar registradas hasta 2023, el 73% (52,414) son hombres, y el 8% (5,887) son mujeres. Del 19% (13,871) restante no se reporta el sexo.
La mayoría de los cadáveres se concentran en cinco entidades: Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua, de donde provienen 6 de cada 10 cuerpos, 43,813 en total. Baja California ocupa el primer lugar; hasta diciembre de 2023 había 13,940 personas fallecidas en espera de ser sacadas del anonimato por peritos forenses.
“[El problema de los cuerpos sin identidad] se ve acrecentado en Baja California debido a la situación geográfica: es un estado fronterizo donde muchas personas están en tránsito, [hay] mucha población flotante que fallece estando en nuestro estado y no logra ser identificada, no logran ser reclamados”, explica César Raúl González, director del Semefo del Poder Judicial de ese estado, entrevistado hace un año.
La crisis se agudizó en Querétaro, Quintana Roo y Sonora, tras triplicarse en 2023 el número de cadáveres sin identificar registrados en el informe del MNDM en 2020, mientras que en Nayarit la cifra se duplicó.
Los Semefos de otros quince estados —además de los de Quintana Roo, Nayarit y Sonora— han registrado más de mil cuerpos sin identificar. Solo Campeche y Tlaxcala reportan menos de cien cadáveres NN.
El rezago forense en México es un caso único, considera José Pablo Baraybar, coordinador regional forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), porque “combina factores de violencia permanentes que continúan actuales, que producen una mortalidad específica [y rebasan la capacidad de los Semefos]. Tiene, además, el elemento migratorio que forma parte de esta violencia articulada y contribuye también a esa mortalidad y, sobre todo, tiene un sistema fragmentado. Es la tormenta perfecta en todos los niveles”.
La fragmentación, explica el antropólogo forense, consiste en que varias áreas de las fiscalías pueden trabajar en el levantamiento de los cadáveres, su estudio, y la investigación de los casos de homicidio y desaparición sin compartir información entre ellas. En ocasiones, los cuerpos de las víctimas desaparecidas son encontrados en otro estado, y eso provoca que la coordinación sea aún más complicada entre las distintas autoridades.
Carla Palacios Flores, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, ilustra el problema con el caso de un hombre de Querétaro —cuya familia pidió no publicar el nombre— que en febrero de 2021 desapareció en la frontera mientras viajaba a Estados Unidos.
Después de recibir el reporte de desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda de Chihuahua no verificó que la fiscalía local iniciara una investigación ni consultó los registros del Ministerio Público de personas fallecidas no identificadas, a los que tiene acceso. La fiscalía tampoco comunicó a la comisión que había encontrado un cuerpo con características similares a las del hombre desaparecido; esta falta de coordinación hizo que fuera enterrado en una fosa común.
“Nuestra principal denuncia en ese momento era: ¿por qué si la comisión local de búsqueda tenía información del caso […] no se realizó una identificación adecuada y oportuna?”, plantea Palacios Flores. “Esa era la furia de la familia”.
El creciente rezago forense a lo largo de tres sexenios significa para Baraybar que ya no se debería considerar una crisis, sino un problema crónico.
“Una crisis requiere soluciones críticas, soluciones extraordinarias, soluciones masivas. Entonces habría que plantearse, tal vez, si no debemos pensar o repensar el problema fuera de la óptica crítica y más bien [hacerlo desde] la óptica crónica”.
Uso de fosas comunes
En las fosas comunes de los panteones del país yacen 48,108 cuerpos sin identidad, el 67% del total; en promedio, ese es el destino de 2,500 cadáveres NN al año. Su uso se ha multiplicado desde que comenzó la “guerra contra las drogas”, una estrategia que provocó el aumento de víctimas de homicidio, lo que derivó en una saturación de los servicios forenses.
Los estados con mayor número de cuerpos NN en fosas comunes son Baja California con 13,490; el Estado de México con 8,836, y la Ciudad de México con 4,817 —en el Panteón Civil de Dolores—; junto con Jalisco y Chihuahua, estas cinco entidades concentran el 47% del total. Son también los estados que acumulan más cuerpos sin identificar.
Los Semefos de algunas entidades envían a la fosa común casi la totalidad de los cuerpos que reciben. En Yucatán enterraron 479 de los 492 cadáveres que llegaron a sus morgues, el 97%, el mismo porcentaje que en Baja California, donde se inhumaron 13,490 de 13,940 víctimas anónimas. En Nuevo León y el Estado de México, se enterró el 95%.
La saturación de los Semefos a causa de la violencia provocó que las autoridades recurrieran a “morgues itinerantes”. En 2018 descubrieron en Jalisco 322 cuerpos NN en dos “tráileres de la muerte”, ubicados en Tlajomulco de Zúñiga y en el estacionamiento del IJCF.
En Tijuana, donde según González reciben en promedio 15 cadáveres al día, también recurrieron a este tipo de contenedores. “[Cuando se saturó el Semefo] nos vimos en la necesidad de tener y resguardar cuerpos en un Thermo King, un tráiler refrigerado”, reconoció el funcionario.
Ante el limitado espacio en los refrigeradores de las morgues, la “solución” durante más de 15 años, desde que inició la “guerra contra las drogas”, ha sido enterrar cadáveres.
El Comité Internacional de la Cruz Roja no recomienda que los cuerpos sean enviados a una fosa común, explica Baraybar. “Es muy diferente hacer entierros individuales, hacer nichos y que la persona esté identificada, pues sabes dónde está, sacarla es muy fácil”.
El desmantelamiento del MEIF y el CNIH
En algunos estados, la saturación de las morgues generó medidas que terminaron en tragedia, como la incineración de 1,381 cuerpos NN entre 2006 y 2015 por el IJCF. Este caso no ha sido investigado por la fiscalía estatal, señala Jonathan Ávila, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien advierte: “Posiblemente […] no se pueden identificar por el proceso de incineración y trituración de los restos”.
Según la investigación “Crisis forense”, publicada por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos en 2020, este drama está compuesto por diversos factores, como el incremento de los homicidios a raíz de la violencia generada por la delincuencia organizada y la confrontación de estos grupos con las fuerzas de seguridad; un insuficiente número de peritos especializados en identificación humana y la baja inversión en servicios periciales por parte de los gobiernos estatales; la falta de herramientas para compartir información entre fiscalías sobre las personas desaparecidas y los cuerpos NN, y el registro inadecuado y algunas veces nulo de cada cuerpo para saber con precisión dónde está.
Con la llegada de AMLO a la presidencia, las familias de las víctimas de desaparición renovaron sus esperanzas. El sexenio comenzó con el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) de la existencia de una “emergencia forense” y de que México era “una enorme fosa clandestina”.
Para dar respuesta a esa crisis humanitaria, el gobierno creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) a finales de 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en mayo de 2022. El objetivo era agilizar las identificaciones que las fiscalías no habían logrado realizar.
Las otras apuestas, establecidas en la Ley General en Materia de Desapariciones, que son el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, le corresponde implementarlas a la FGR, pero aún no existen o funcionan parcialmente. Estos instrumentos permitirán que la información de los cuerpos NN del país, y la entregada por las familias buscadoras a cada fiscalía, sea comparada periódicamente, lo que ayudará a lograr miles de identificaciones.
El proceso de conformación del MEIF —que se encargaría de realizar peritajes con fines de identificación a los cadáveres NN que ingresaron a los Semefos antes de la creación del organismo en 2019— fue lento; llevó casi dos años, hasta el 30 de agosto de 2021, elegir a un grupo coordinador de siete especialistas. En contraste, su desarticulación fue acelerada: en febrero de 2023, tres integrantes habían renunciado y a otros tres no se les renovó el contrato. Del grupo inicial, solo el forense colombiano Jairo Vivas permaneció en el organismo, que únicamente firmó convenios de colaboración con las fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En los demás estados, las autoridades ministeriales alegaron que la falta de personalidad jurídica les impedía establecer acuerdos con el mecanismo o simplemente no respondieron al llamado de cooperación porque no estaban obligadas a hacerlo.
En abril de 2024, al forense Vivas tampoco se le renovó el contrato. Desde entonces, el MEIF se quedó sin coordinadores.
“Me imagino que al gobierno no le gustó que este mecanismo fuera creado por las familias y para las familias. No era una creación de Estado y se dedicó a desmantelarlo”, afirma Ugalde, el vocero del MNDM.
El CNIH, anunciado como un proyecto único enfocado a la identificación masiva de cuerpos, es decir, a partir de la comparación automatizada de miles de datos de los cadáveres NN y de las personas desaparecidas, desalojó este año su sede en Xochitepec, Morelos, y su personal se redujo de 59 a 33 especialistas.
Como sucedió con el MEIF, al centro lo desmantelaron antes de que tomara vuelo. Un oficio obtenido vía transparencia informa que, hasta el 31 de mayo de 2024, el CNIH apenas había logrado 22 coincidencias del cruce de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y cuerpos NN, que derivaron en 14 identificaciones. A través del análisis de huellas dactilares, el centro logró ocho identificaciones más.
Al igual que el mecanismo, el CNIH no tiene bajo su resguardo ninguno de las decenas de miles de cuerpos que debe identificar. Su función se limita actualmente a auxiliar a las fiscalías o comisiones estatales de búsqueda que solicitan su colaboración.
“El CNIH notifica y proporciona toda la información relacionada con una coincidencia, ya sea genética, lofoscópica [mediante la comparación de huellas dactilares] o [de] análisis post mortem [a partir del estudio de los cadáveres], siendo tarea de las fiscalías concluir una coincidencia en identificación”, indica el oficio.
La directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), Roxana Enríquez, señala que un factor determinante para la operatividad tanto del MEIF como del CNIH era contar con facultad jurídica; eso les hubiera permitido realizar labores de identificación en los cuerpos que resguardan las fiscalías.
Sin esa posibilidad, dice la especialista, no hay forma de que las instituciones forenses —que en su mayoría forman parte de las fiscalías— compartan información sobre los cadáveres NN. “Son buenas ideas [el MEIF y el CNIH], pero con una ejecución muy deficiente”.
La nueva apuesta, impulsada por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), es la entrega de 300 escáneres portátiles de huellas dactilares a comisiones de búsqueda y fiscalías estatales, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos equipos, financiados por el gobierno alemán, permiten obtener una imagen de la huella dactilar en un formato compatible con el que utiliza el Instituto Nacional Electoral (INE) en el padrón de votación.
La alternativa no es nueva y tampoco ha dado resultados a gran escala. Entre 2016 y julio de 2024, 28 fiscalías estatales y la federal, la extinta Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CNB, realizaron 78,523 solicitudes al INE para comparar huellas dactilares. Solo 25,271, el 32.1%, tuvieron una coincidencia con el padrón electoral; de ese número, únicamente en 11,242, el 14.3%, un perito de la fiscalía pudo confirmar la coincidencia, según un informe del instituto.
El INE advierte que, además de la confirmación del perito, se requiere “localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada”. Esta cifra final se desconoce.
En un comunicado del pasado 13 de septiembre, la Segob y la CNB aseguraron que “[…] mediante los procesos de identificación con la técnica de lofoscopía, en los que se utilizaron escáneres de huellas digitales, se identificaron 14 personas con vida y 178 fallecidas”.
Baraybar explica que el cruce de huellas dactilares es esencial cuando la persona fallecida todavía está en el Semefo. Pero el método tiene limitaciones: en el padrón electoral figuran ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que han obtenido su credencial para votar, es decir, no es útil para encontrar menores de edad o a las miles de personas migrantes desaparecidas que pueden haber perdido la vida. Otro problema es que no existan huellas dactilares en el expediente de los cuerpos NN porque no se tomaron, o si lo hicieron, la imagen esté empastada, invertida o mal conservada.
Para los casos de víctimas que no son recientes, la comparación con el padrón electoral solo da pistas para la identificación. “Yo tengo la huella en mis archivos y la mando al INE, que me dice: ‘Sí, en efecto, se llama fulano de tal’. La pregunta ahora es: ¿Y el cuerpo dónde está? Cuando lo saquen, ¿cómo sé que es el cuerpo que corresponde a las huellas? El cuerpo ya no tiene huellas, es un esqueleto”, dice el especialista peruano. “Si yo en la época no conseguí realizar un estudio de ese cuerpo [para] saber si era hombre o mujer, o cuánto medía, va a ser bien complicado porque voy a estar comparando peras con manzanas. Acá tengo huella [en el archivo], pero acá ya no tengo huella [en el cuerpo]”.
Los retrasos de la FGR
Durante el gobierno de Peña Nieto, las familias buscadoras lograron que en la Ley General en Materia de Desapariciones, aprobada a finales de 2017, se estableciera la creación de herramientas para agilizar las identificaciones: el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, ambos a cargo de la FGR.
El programa nacional debe contener la metodología que permita realizar una revisión exhaustiva de las investigaciones ministeriales y los documentos forenses sobre los cuerpos NN. Busca saber cuántos son, en qué panteones están enterrados, elaborar un listado de lugares de inhumación clandestina, y determinar qué estrategias regionales o locales existen para desenterrar los cadáveres y poder ubicarlos para su posterior identificación.
Desde 2019, la FGR solo ha reportado como avance la realización de un diagnóstico, actualizado en 2023, que es el primer paso para elaborar el programa.
El BNDF permitirá realizar identificaciones de manera masiva, al comparar los datos de las
personas desaparecidas con los de quienes fallecieron sin ser identificados. Esta
herramienta debe incluir el Banco Nacional de Información Genética y los registros
nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y de Fosas Comunes y
Fosas Clandestinas.
Aunque debió crearse en 2019, la FGR incumplió este mandato hasta que fue obligada por una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que falló en abril de 2023 a favor de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017. La activista alegó que la falta del BNDF violaba su derecho a la verdad y el acceso a la justicia porque los perfiles genéticos que dio su familia a la FGR —que investiga la desaparición— no se estaban comparando con la información genética de los cuerpos sin identidad del país.
Montoya destaca que el BNDF ayudará a todas las familias buscadoras de México, y también de Centroamérica, porque tendrán la certeza de que la persona desaparecida no llegó a la morgue de otro estado. “Esa herramienta nos garantiza que nuestro familiar sea buscado a nivel nacional verdaderamente, porque la realidad es que todavía las familias peregrinan de fiscalía en fiscalía llevando sus pruebas genéticas”.
La sentencia del tribunal es inapelable para la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien deberá concretar el BNDF en el próximo sexenio, pero su cumplimiento va lento. Según datos obtenidos por transparencia, en marzo de 2024 el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas solo incluía información de 490 cuerpos NN de los 72,172 que hay en el país.
“En pláticas entre colectivos, nos hemos dado cuenta de que hay fiscalías que todavía no proporcionan toda la información”, lamenta Montoya.
¿Cómo regresarlos a casa?
A diferencia de países como Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador o Perú, que padecieron dictaduras o guerras internas con miles de víctimas, en México no se vive un “periodo posconflicto” en que las desapariciones y los cadáveres NN puedan disminuir, advierte Baraybar, miembro fundador del Equipo Peruano de Antropología Forense.
“No hay soluciones técnicas mágicas que resuelvan el problema en un año o en dos”, subraya, “o [que permitan] decir ‘nuestros indicadores ahora van a ser 5,000 identificaciones por año’”. Por eso, coincide con Enríquez en que la solución a la crisis forense requiere evaluar las políticas del pasado y pensar en medidas a largo plazo que se adecuen a los problemas regionales.
La suma de técnicas, agrega Baraybar, como la comparación de perfiles genéticos, de huellas dactilares u otro método que surja, son solo una parte de la solución. Para resolver el problema es necesario saber cuáles son las dificultades para la identificación a un nivel micro o regional.
“Lo que nos falta es la granularidad para entender la dimensión del problema, que no es la misma en todos los estados, y habría que entender [también] qué sí ha funcionado”.
A partir de ese diagnóstico detallado, dice, tendría que diseñarse y aplicarse una política pública que contemple los especialistas, la infraestructura y el presupuesto necesarios en cada región. Enríquez agrega que la falta de investigaciones por parte de las fiscalías sobre las desapariciones y los hallazgos de cadáveres en lugares como fosas ilegales o predios donde se incineraron cuerpos o se diluyeron en ácido, conocidos como sitios de clandestinidad o exterminio, dificulta que los forenses puedan identificar a las víctimas.
“Hasta ahora se ha recuperado una gran cantidad de cuerpos de personas fallecidas no identificadas en estos sitios de clandestinidad y no sabemos nada de esos lugares. No sabemos a partir de cuándo funcionaron ni tenemos análisis de contexto para elaborar hipótesis de quiénes podrían encontrarse en estos sitios, cuáles son los grupos que están operando, cuál es el perfil de las víctimas y, con ese antecedente de información, poder perfilar algunas hipótesis de identificación”, explica la directora del EMAF.
Involucrados desde hace años en el trabajo de los Semefos como parte de sus búsquedas, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tienen ideas claras sobre lo que hace falta para paliar la crisis forense.
“[Las autoridades] no tienen los protocolos, no tienen el presupuesto, no tienen el personal, no están los centros regionales con capacidad de hacerlo [las identificaciones]. No existe la infraestructura y eso tiene que ver con voluntad política y coordinación entre autoridades. Eso sería fundamental para regresarles a casa”, argumenta Ugalde.
“Todos tenemos derecho a tener una identidad, y a ellos, lo primero que les quitaron al ser desaparecidos fue su identidad”, defiende Montoya. La buscadora lamenta que a los cuerpos NN se les vea solo como números. “Incluso dentro de las fiscalías son tratados como objetos, ya no como personas. Llegan y dicen ‘es un grupo de restos óseos’. Pero siguen siendo un ser humano, una persona que tuvo una familia y que, por una condición externa, fue desaparecida”. Por eso, devolverles el nombre, afirma, no solo es un acto de humanidad o un derecho de las víctimas, también es un acto de amor.
