Durante la discusión, la ministra Lenia Batres aseguró que avalarlo sería como un “golpe de Estado”, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la Corte de “facciosa”.
Expansión.- Con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó someter a revisión la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, recién aprobada por el Congreso de la Unión y que establece que ministros, jueces y magistrados serán elegidos por voto directo.
Los ministros Norma Piña, Margarita Ríos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo avalaron someter a revisión la Reforma Judicial, y en caso contrario estuvieron las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.
Esta decisión se deriva de los amparos interpuestos y un petición que realizaron diversos juzgadores federales en la que solicitaron a la Corte someter a control constitucional la reforma, es decir revisar al constitucionalidad de ésta.
“Atendiendo a la relevancia de la petición, así como a la autolimitación y prudencia con que está llamado a actuar este tribunal en un caso que podría significar el control constitucional a respecto a una reforma al texto mismo de la Constitución federal es que se estima conveniente reencausar la vía solicitada por los juzgadores hacia un asidero normativo más claro y preciso (…) La petición de los prominentes sí puede ser admitida y procesada”, dijo del ministro Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo del proyecto avalado.
“Un golpe de Estado”, dice la ministra Batres
La ministra Lenia Batres Guadarrama consideró que el proyecto presentado por el ministro Luis González Alcántara Carrancá pretende que la SCJN sea juez y parte al analizar la Reforma Judicial porque consideró que la Corte no sería independiente ni imparcial, pues los ministros se tendrían que declarar impedidos y solicitar a alguna autoridad dirimir el conflicto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial.
La ministra Yasmín Esquivel pidió desechar la petición de los juzgadores para analizar la Reforma Judicial, pues dijo que no podría hacerse sin afectar los actos que consolidaron la reforma, como la aprobación por la mayoría de los congresos locales y la promulgación por parte del Ejecutivo federal.
“Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución, me preocupa darle trámite en un expediente si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución?”, cuestionó
Por estas declaraciones sobre “golpe de Estado”, el ministro González Alcántara Carranca recordó que hace 10 años los morenistas Ricardo Monreal, Ernestina Godoy y Adán Autuso López pidieron la intervención de la SCJN revisar la constitucionalidad de una reforma, ahí nadie los acusó de “golpistas”.
“Recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y promovido por el partido que goza del oficialismo. Nadie en ese momento nos acusó de golpistas”, mencionó.
Por mayoría, los ministros acordaron reenviar el expediente a la presidencia de la SCJN para que ésta turne el asunto a uno de los integrantes de la Corte para que elabore un proyecto que analice la Reforma Judicial.
Noroña: La Corte es “facciosa”
Tras esta decisión, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que nada detendrá la aplicación de la Reforma Judicial, por lo que se realizará el proceso de elección de 2025.
“La SCJN acaba de acreditar su carácter faccioso, asumiéndose como el supremo poder, por encima del poder legislativo, del ejecutivo y, sobre todo, del soberano: del pueblo de México. Les reiteramos: nada detendrá la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025”, señaló desde su cuenta de X.
En conferencia, el morenista señaló que el Senado no acatará ninguna resolución de la SCJN, pues enfatizó que nada podrá detener el proceso electoral para elegir a los juzgadores por medio del voto directo.
“Nosotros no vamos a respetar a un poder que está violando el marco constitucional. ¿Dónde está su facultad (de la Corte) para detener una reforma Constitucional? Por su puesto lo que diga la Corte, nosotros vamos a hacer la elección. Lo que le estamos diciendo a la Corte: ‘Si no actúas con seriedad, no vamos a respetar la decisión que tomes'”, expresó.
Dijo que la SCJN no tiene facultad para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial y que la Corte “quiere atropellar al constituyente permanente”.
“La SCJN está invadiendo jurisdicción, esta violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente. Todas estas acciones implica responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la SCJN. Están a tiempo de detener su actitud facciosa”, declaró.
Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, propuso realizar juicio político contra los ocho ministros que aprobaron la revisión de la Reforma Judicial.
La Reforma Judicial fue publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y establece que en 2025, los 11 ministros de SCJN serán destituidos para elegir a los nuevos integrantes, que serán nueve, es decir, dos menos a los que hay actualmente, y durarán en su cargo 12 años y no 15 como ahora.
Mientras, los magistrados de Circuito y Jueces de Distrito serán renovados de forma gradual y escalonada y el cambio comenzará con la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria de 2025; la parte restante será en 2027.
Las elecciones las realizará el Instituto Nacional Electoral (INE); los candidatos podrán participar en foros organizados por ese organismo, pero no deberán usar financiamiento público ni privado en sus campañas, tampoco contratar espacios en radio y televisión para promocionarse y los partidos políticos no deberán realizar actos de proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura.
