Acusan revictimización de parte de autoridades en el caso Rich
Blakely Morales
Una serie de hechos y dichos ponen en tela de juicio la capacidad institucional para procesar el tratamiento con las víctimas de manera empática y con formalidad. En específico, en el caso de las víctimas directas e indirectas de la tragedia del antro Rich.
Primero, el reciente miércoles 16 de octubre, un grupo de familiares de los jóvenes fallecidos y afectados con la caída de un barandal en una plaza comercial al poniente de la ciudad, acudieron a una cita con el regidor capitalino, presidente de la Comisión de Comercio, Eikoo Koasicha Hipólito.
El motivo era plantear los cambios al reglamento de Comercio, uno de los compromisos del alcalde Enrique Galindo para evitar que una tragedia como la del Rich vuelva a ocurrir, pero finalmente y dicho de manera coloquial, el regidor priista los dejó plantados.
Al respecto, una de las voces que más notoriedad han cobrado en la búsqueda de justicia para los dos jóvenes fallecidos, el empresario Juan Ramón Infante Guerrero, explicó que el regidor Koasicha les dió una hora, luego la postergó y finalmente intentó justificar su falta, pero no ofreció ni una disculpa.
Luego, esta semana, el martes 22, el Ayuntamiento capitalino dió a conocer a través de un comunicado, la resolución de la Contraloría Interna, que determinó inhabilitar a los cuatro ex funcionarios que fueron retirados del cargo en la Dirección de Comercio, incluido el ex titular Jorge García Medina.
La sanción, que consiste en una inhabilitación por un periodo de 6 a 12 meses fuera de los cargos públicos, no sorprendió, al menos no Juan Ramón Infante que la calificó como una sanción “light” y que interpreta como una evidencia de colusión en posibles actos de corrupción.
Finalmente, y como tercer acto, estuvo el pronunciamiento, el lunes durante su comparecencia como parte de la glosa del tercer informe, del secretario general de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez, que interrogado sobre el caso, aseguró que el Ejecutivo Estatal no ha soltado ni soltará el tema.
El segundo a bordo y encargado de la política interna de San Luis Potosí, dijo que para prevenir que tragedias como ésta vuelvan a ocurrir, se han iniciado “sendas” carpetas de investigación de orden administrativa y que se prevé establecer sanciones a los funcionarios posiblemente involucrados en omisión en la Dirección General de Gobernación y la Dirección General de Protección Civil Estatal.
Hizo referencia a la investigación penal que sigue la Fiscalía General y a la vinculación a proceso que mantiene a tres imputados en prisión preventiva por los delitos de homicidio y lesiones culposas; aseguró que desde que ocurrió la tragedia hubo un acercamiento a través de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas para otorgar un acompañamiento jurídico pero además reveló que el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral ha erogado casi cinco millones de pesos para cubrir los gastos médicos.
Pero para Ramón Infante, padre de Manuel Infante, uno de los dos jóvenes fallecidos en la tragedia, no hay confianza en las posibles sanciones que emita la Contraloría General del estado a los implicados en la expedición del permiso de alcoholes y el dictámen de protección civil en el Rich, por lo que calificó los actos como una simulación.
Y sobre los dichos del secretario general, estimó que distan de la realidad, primero porque no ha habido acercamiento, segundo porque que el fondo de la CEEAV no ha cubierto en su totalidad los gastos médicos, pues se sabe que la familia de una de las jóvenes más afectadas en el hecho, incluso ha tenido que recurrir a las rifas entre amigos para poder cubrir los gastos. En ese orden de ideas, Ramón Infante, consideró que el con sus comentarios, el secretario general de Gobierno Guadalupe Torres, incurre en un acto de revictimización.
