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El gobierno de Claudia Sheinbaum promulgó la expropiación de más de 38 hectáreas, correspondientes a 60 inmuebles de propiedad privada ubicados en 21 municipios en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para el desarrollo del proyecto del Tren Maya, de acuerdo con un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó el decreto en el que expone que las hectáreas serán usadas para la construcción de obras de infraestructura pública, sin detallar cuáles, para atender y satisfacer las necesidades de la población en general.
En el municipio de Palenque, Chiapas, se declaró la expropiación de seis inmuebles que abarcan 25 mil 676.39 metros cuadrados, lo equivalente a 2.56 hectáreas.
En Tabasco, se estableció la expropiación de mil 30.75 metros cuadrados en el municipio de Balancán y otros 7,973.28 en el municipio de Tenosique, correspondientes a un inmueble cada uno.
El decreto determinó que en Campeche se expropiaron 20 inmuebles que abarcan 210 mil 459.818 metros cuadrados, lo equivalente a 21.0459 hectáreas en los municipios de Candelaria, Campeche, Champotón, Hecelchakán, Dzitbalché, Escárcega y Calakmul.
Por su parte, en Yucatán se determinó expropiar 9.4978 hectáreas, o 94 mil 978.49 metros cuadrados, en nueve inmuebles de los municipios de Tixpéhual, Umán, Chemax, Sudzal, Kantunil, Uayma, Valladolid y Lázaro Cárdenas.
Prisa por terminar la obra
Finalmente, la Sedatu ordenó la expropiación de de 23 inmuebles que representan 19 mil 679.939 metros cuadrados, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad, en Quintana Roo.
En los últimos dos meses, el gobierno ha realizado alrededor de 50 expropiaciones en el sur del país con el objetivo de continuar con las construcción del proyecto del Tren Maya.
Un día antes de concluir su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgó un acuerdo que instruye a las dependencias, órganos administrativos, entidades paraestatales de la Administración Pública y empresas del Estado a que realicen las gestiones para concluir los trámites del Tren Maya, en un periodo de tres meses.
De esa manera, la actual administración debe de realizar una serie de actos jurídicos antes de que acabe el año para la operación de los siete tramos del Tren Maya, además de que en su trámite se debe dar celeridad, “sin que su conclusión pueda exceder del plazo de seis meses siguientes a la publicación de este acuerdo”.
