Con la decisión que tome la SCJN, el país tiene dos alternativas: solucionar la crisis constitucional en curso o entrar de lleno a la ruptura del orden constitucional.
Expansión.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá mañana un proyecto de sentencia que invalida parcialmente la Reforma Judicial. Expertos y juristas advierten que, de alcanzar ocho votos y aprobarse, se agravaría la crisis constitucional, ya que los Poderes Ejecutivo y Legislativo han adelantado que no acatarán una resolución de los ministros en ese sentido.
Lo que podría pasar en un escenario donde la Presidencia y los legisladores no acaten una resolución del máximo tribunal del país, según constitucionalistas y especialistas en Derecho, es que la disputa entre los Poderes de la Unión trascienda a otros órdenes de la vida del país y sea de tal magnitud que obligue a llegar a un acuerdo, pues difícilmente se aplicarán sanciones ante un posible desacato.
Otra posibilidad, consideran, es que los ministros promuevan la destitución de quienes no acaten su sentencia, o bien, que se someta a juicio político a los propios ministros. La ruptura es un escenario extremo, pero que los expertos consideran el más viable dadas las posturas públicas asumidas por los actores políticos involucrados.
Como antecedente de la sesión de este martes están los desacatos a más de un centenar de órdenes de suspensión dictadas por jueces en los que han incurrido desde el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados, hasta los congresos estatales; también la advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que, con el sólo el análisis de la Reforma Judicial, es decir, aún sin una sentencia, la SCJN actúa ilegalmente.
Además, los ministros en sus cartas de renuncia presentadas entre los días 29 y 31 de octubre -con efectos a agosto 2025-, expusieron su desacuerdo en que los integrantes del Poder Judicial se sometan a elección, razón por la cual dimitieron y no se someterán a las urnas el próximo año.
“Llegaremos a una situación límite que prácticamente llevaría a un barranco sin salida, es la que obligaría a tomar una decisión de respetar la sentencia o dialogar para evitar la incertidumbre y el conflicto permanente”, estimó Arturo Ramos Sobarzo, de la Barra Mexicana de Abogados”
En este contexto, también ministros han advertido de una crisis constitucional previo a la discusión del proyecto.
El ministro Juan Luis González Alcántara declaró que “ya estamos en una crisis” porque no existe certeza de cuál es el Derecho vigente, mientra que la ministra Yasmín Esquivel -quien fue nominada por AMLO- llamó a los ministros a la prudencia y a evitar un enfrentamiento de poderes que ocasionaría una crisis constitucional con afectaciones políticas y económicas.
“Yo no veo la posibilidad de que los otros Poderes la puedan respetar, (…) no creo que sea una decisión que se vaya acatar”, adelantó Esquivel el fin de semana ante la eventual invalidación del corazón de la Reforma Judicial.
¿Qué discutirán los ministros de la SJCN?
En la sesión de este martes, el pleno de la SCJN comenzará a discutir un proyecto de sentencia para resolver cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial, que contempla el cese de jueces, ministros y magistrados, y la sustitución de sus integrantes en elecciones en urnas en junio de 2025.
El proyecto a discusión fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y propone confirmar una parte de la reforma judicial, en lo que toca a someter a elección a una parte de los integrantes de ese Poder Judicial de la Federación, pero no a los jueces de Distrito ni a los magistrados de Circuito.
También plantea que quienes sí serían removidos y sus sustitutos sujetos a elección, serían los ministros de la SCJN, así como los magistrados de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y mantiene la conformación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
“De aprobarse esa sentencia los efectos serán expansivos, pues deberían en teoría acatarlo todos los poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el resto del entramado del Estado mexicano, como el Instituto Nacional Electoral que es autónomo”, expuso Ramos.
El experto sostuvo que, si todos acatan lo dictado por la Corte, se podría fin a la problemática, se mandaría un mensaje de respeto al Estado de Derecho, “se daría un cerrojazo” al tema, se reafirmaría la expectativa de los inversionistas en el país y sólo se transformaría el órgano cúspide del Poder Judicial que es la SCJN; entonces, estimó, la discusión se trasladaría a las reformas secundarias.
En cambio, si se desacata la sentencia, llevaría al efecto contrario: “el desacato sería también expansivo, se ahondaría la crisis constitucional, la tensión entre un poder que mandata y otros dos que desacatan, porque después de la SCJN ya no hay ninguna instancia más a la cual recurrir”, dijo Ramos.
“Se agravaría lo que ya consideramos que es de crisis constitucional, que se entiende como aquella circunstancia en la cual hay un conflicto entre dos o más poderes y que no encuentra solución, ni vía jurídica constitucional, que pueda resolver. Es decir, cada poder alega el ejercicio de sus facultades y esas son desconocidas por el otro”, advirtió.
Ramos Sobarzo consideró que la eventual aprobación de este proyecto de sentencia provocaría un “punto de confrontación” entre todos los Poderes de la Unión y, aunque ve una SCJN muy debilitada, enfatizó que no deja de ser un Poder que está ejerciendo sus funciones.
“Me parece que no habría otra salida más que dialogar”, añadió el especialista, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó en su conferencia de ayer que no está dispuesta a negociar en este tema.
El experto consideró que la propuesta de sentencia del ministro González Alcántara es “salomónica” y permitiría que Morena y sus aliados consigan lo que quieren, pero sin que se quebrante del todo el orden constitucional.
“Es como las guerras, alguien podrá criticar mi analogía, pero cuando un país le gana a otro, llega un momento en que si unos ya se rinden buscan negociar la paz, y pesar de que hay un país que perdió, puede alcanzar unas cosas, creo que algo así podría pasar”, declaró.
Crisis constitucional por desacato
El constitucionalista Javier Martín Reyes planteó que en la discusión hay tres alternativas: por un lado, que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Lorreta Ortiz adopten una posición de que la SCJN no puede hace nada contra reformas constitucionales; la segunda, en donde los ministros estén a favor de que se invalide toda la reforma judicial; y la tercera, el respaldó al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Consideró que el proyecto de sentencia es una “solución intermedia”, ya que sólo avala algunos aspectos de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina, pero plantea anular la elección de jueces y ministros, y, en los hechos, le da “concesiones” a Morena.
“Es una posición donde se sacrifica a la Corte, pero no a todo el sistema de justicia; es una posición que le permitiría a Morena y aliados decir que la reforma sigue, que habrá elección popular de ministros, pero que nos evita esa alternativa de esa bomba nuclear de desaparecer de un golpe a todos los sistemas judiciales que es una locura, pero es lo que aprobaron”, recordó.
El también investigador señaló que, si bien hoy el país se encuentra en una crisis constitucional, ya que el Poder Ejecutivo y Legislativo han desacatado las órdenes de los jueces en la aplicación de la Reforma Judicial, desobedecer una sentencia de la SCJN sería “gravísimo”, pues llevaría a una ruptura constitucional y se colocaría al país en un escenario donde ya no estamos en Estado de Derecho, sino en “Estado de hecho”.
“Ya estamos en crisis constitucional. Es como un partido de fútbol: los árbitros están marcando faltas y uno de los equipos nos están cumpliendo; eso pasa con las suspensiones, que el Ejecutivo, el Legislativo ni el Consejo de la Judicatura ni el Instituto Nacional Electoral (INE) las están cumpliendo. Eso me parece gravísimo, pero una cosa es desacatar suspensiones dictadas por jueces de Distrito, pero lo que sería absolutamente más grave”, enfatizó.
Sobre esta crisis, el constitucionalista Sergio Salgado explicó que ésta no se dará por la decisión que tomen los ministros de la SCJN, sino por la respuesta de los otros Poderes de la Unión al no acatar la sentencia del máximo tribunal de justicia.
“No es la decisión de la Corte lo que no lleve a la crisis, creo que más bien es cómo responda y reaccione los Poderes Legislativo y Ejecutivo lo que eventualmente podría llevar a una crisis constitucional”, declaró el abogado.
“Y esto ya lo han anunciado los actores políticos que están como portavoces de estos procesos de reforma en el sentido de querer enjuiciar políticamente a los ministros o, inclusive, denunciarlos penalmente por abusos de autoridad”, añadió.
Asimismo, recordó que en la Constitución y la Ley de Amparo se establece que, quien incumpla con una sentencia del Poder Judicial Federal, deberá ser destituido de su cargo. Sin embargo, cuestionó quien removerá a la presidenta o a los legisladores.
“¿Qué implicaría que el congreso y la presidencia desatienden o incumplan una sentencia de la Corte? Ahí estaría la crisis constitucional. ¿Quién va a destituir a la presidenta? y el Congreso no se va a destituir asimismo. El gran problema de esto es que la sentencia quizá se quede sólo en papel y eso demeritaría el papel de la Corte como tribunal constitucional”, comentó.
En sus escenarios de Riesgo Político en México para noviembre, la consultora Integralia, que encabeza el politólogo Luis Carlos Ugalde, también ve como latente la probabilidad de una crisis constitucional.
Esta se detonaría tras la declaratoria de invalidez total o parcial de la reforma constitucional en materia judicial, frente a lo que “es muy probable que el Ejecutivo y Morena no acaten la resolución arguyendo que la Corte no tiene facultades, (y) que la recién aprobada reforma de ‘supremacía constitucional’ brinda la reforma “.
“La Corte estaría facultada para ordenar la remoción y llevar a proceso judicial a la presidenta, diputados y senadores ‘en rebeldía’“. Ese escenario impactaría en la disyuntiva de lino sobre avanzado no en el proceso electoral “ definiendo si prevalece la decisión del oficialismo o la del Poder Judicial “. También vio como muy alta la probabilidad de que haya un impacto negativo en el entorno de negocios y en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, además de creciente incertidumbre jurídica para el país.
¿Qué procede ante un eventual desacato?
Si es el incumplimiento de suspensiones dictadas por un juez, la sanción está contemplada en la Ley de Amparo y puede ser desde multa, prisión, inhabilitación o incluso “vista” al Ministerio Público.
Sin embargo, el artículo 107 fracción 16 de la Constitución prevé un mecanismo para decretar la destitución inmediata del servidor público que incurra en desacato.
Eso también puede litigarse, pues de acuerdo al texto constitucional la autoridad responsable puede defender si era justificable o no su decisión y ese proceso se lleva ante un juez.
También podrá ser procedente la cárcel, pero en este caso implica primero la “vista” al Ministerio Público y después un posible juicio hasta la resolución final.
Para Ramos Sobarzo, también director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, el escenario de que, ante un desacato proceda la destitución o la cárcel, es lejano, dada la mayoría que tiene Morena en las dos Cámaras del Congreso.
“Se ve muy difícil evidentemente que la propia Corte iniciara esto o diera vista, pero bueno. Y se ve aún más complicado que la propia Fiscalía ejerciera algún tipo de acción conforme a sus facultades en función de un desacato de este tipo”, añade.
Adriana Greaves Muñoz, coordinadora de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) coincide en que este escenario es poco probable.
“Imponer alguna sanción al titular del ejecutivo o a algún miembro del congreso es poco probable en el contexto actual, en el que el partido de la presidenta tiene mayoría absoluta en el Congreso y un fiscal general afín al partido”, indica.
Sí se pude destituir a legisladores y a la presidenta.- Cossío
Para el ministro en retiro, José Ramón Cossío, los diputados, senadores y la propia presidenta Sheinbaum sí podrían ser destituidos con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución, si no acatan lo que mañana resuelva la Corte.
“Podría suceder (…) que los diputados, los senadores, la presidenta de la Repúplica dijeran: nosotros no hacemos caso de eso. Lo voy a poner en un sentido metafórico, habría dos constituciones, la Constitución que los diputados, senadores, consideran que está vigente (…) y la Constitución que resultó de la sentencia”, observó en entrevista radiofónica.
“Puede venir una escala peligrosísima porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros (…) podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo”, advirtió Cossío.
El exministro detalló que esta posible orden de destituir a quienes desacaten lo resuelto en la Corte no pasaría por el Congreso ni por el proceso normal de desafuero, pues sería el único caso en el que se rompa el monopolio del ejercicio de la acción penal, es decir, que los ministros consignarían directamente ante el juez de distrito para que éste aplique la pena.
Sin embargo, amplió, el eventual inicio de un proceso de destitución de legisladores o de la mandataria seguramente traería como consecuencia la apertura de un juicio político contra los ministros que hayan votado por esa consecuencia jurídica.
¿Los ministros pueden ser sometidos a juicio político?
El 22 de octubre pasado, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de proceder a juicio político contra los ocho ministros “en rebeldía”.
A su juicio, abiertamente violaron la Constitución pues no debieron siquiera admitir las controversias constitucionales contra el Poder Judicial.
Sobre el juicio político, la Cámara de Diputados erigida en órgano de acusación puede aprobar el dictamen de su Sección Instructora y determinar por mayoría absoluta -la mitad más uno- que sí es procedente iniciar ese procedimiento, tras de lo cual remite al Senado el expediente, que se erige en Jurado de Sentencia para decidir.
Morena y sus aliados tienen los números suficientes en ambas cámaras para proceder.
En tanto, sobre el desafuero, el artículo 11 de la Constitución indica que para proceder en contra de servidores públicos -como los ministros- por la comisión de delitos, “la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”.
De ser el caso, la persona inculpada “quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley”.
Sin embargo, en diversas ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que busque un juicio político.
“Nos están provocando (…) quieren que la presidenta los lleve a juicio político (…) no lo vamos a hacer”, declaró Sheinbaum el pasado jueves 31 de octubre.
Repercusiones
El impacto más inmediato de un eventual desacato lo vivirá el Estado de Derecho, coinciden los especialistas, pues con el incumplimiento de resoluciones, los ciudadanos, autoridades y empresariado tendrán incertidumbre y se afectaría un principio de estabilidad democrática.
“El Poder Ejecutivo, como cualquier otro órgano del Estado, está sujeto al principio de control y equilibrio de poderes. Ignorar o desobedecer una resolución judicial, aunque se considere injusta o errónea, genera un precedente peligroso que puede erosionar la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho”, asegura Greaves Muñoz.
Si no se cumplen resoluciones judiciales “se debilita el papel del poder judicial como árbitro de los conflictos legales y se abre la puerta a la arbitrariedad por parte de las autoridades”.
Sobarzo Muñoz advierte que otras consecuencias derivadas de la afectación al estado de Derecho podrían ser en materia económica y de inversiones.
