Los delitos que registraron el mayor número de casos están relacionados con el acceso a sistemas y equipos de informática y el ejercicio ilícito del servicio público.
Expansión.- Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) remitió al Ministerio Público (MP) y al Órgano Interno de Control (OIC) a un total de 2,533 de sus funcionarios por la comisión de diversos delitos y por faltas administrativas.
Los números se comparan con la administración de Enrique Peña Nieto, cuando los servidores públicos remitidos, ya sea al MP o al OIC fueron 4,392, es decir, 1,859 más que en el periodo de AMLO.
Sin embargo, eso no significa un mejor o peor trabajo en la lucha contra la comisión de delitos al interior del SAT, señalaron analistas consultados por Expansión. Incluso, es importante precisar que es el propio SAT el que supervisa la labor de sus trabajadores y, dependiendo lo que amerite, presenta a los servidores públicos ante la autoridad o al OIC.
“El SAT, en los últimos 10 o 15 años, ha hecho un trabajo comprometido contra las prácticas irregulares a su interior. Hay que considerar que el número de funcionarios es significativamente menor que en el pasado”, refirió Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, al tiempo de señalar que en el sexenio anterior, por la pandemia, hubo dos años perdidos (2020 y 2021).
Gabriel Pérez del Peral, académico de la Escuela de gobierno y Economía del a Universidad Panamericana (UP), opinó que “las carpetas de investigación las judicializan en torno a cuestiones políticas; se ha utilizado como un arma política esta judicialización, por eso esa disminución de las denuncias de funcionarios del SAT”.
La gama de delitos por los que los funcionarios son remitidos a la autoridad judicial abarcan falsificación de documentos, fraude, uso de documentos falsos y, los que registran mayor incidencia, Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática y ejercicio ilícito del servicio público, de acuerdo con datos de la SHCP.
El acceso ilícito a sistemas y equipos de informática “puede implicar que se robaron información, que borraron contribuyentes con adeudos o hicieron algo indebido con el acceso que tenían a la base de datos del SAT. Eso sí es grave”, lamentó Pérez de Acha.
El hecho de que haya una diferencia notable entre el número de funcionarios remitidos al OIC y a la autoridad judicial tiene que ver con que “acreditar la falta administrativa es mucho más sencillo que en materia penal”, subrayó Pérez de Acha. “Los funcionarios que son corruptos se las ingenian para que no se puedan rastrear sus actos de corrupción”, agregó.
Retos
Para lograr un mejor combate a la corrupción, una de las claves tiene que ver con lograr una aplicación de las leyes más eficiente. “Las sanciones son fuertes, lo que falta son mecanismos de investigación, procedimientos internos fortalecidos, así como de seguimiento y de denuncia anónima”, apuntó Pérez de Acha.
“Hay que perfeccionar los procedimientos y aplicar las sanciones correspondientes”, añadió, al tiempo de hacer hincapié en que toda investigación y procedimiento debe respetar los derechos de los acusados, empezando por la presunción de inocencia.
Otro de los desafíos tiene que ver con “un aspecto de gestión pública que se llama complyment”, que tiene que ver con con “la responsabilización, que implica transparencia, rendición de cuentas y orientar la gestión pública a resultados, muy importante para abatir los índices de corrupción y los delitos fiscales”, aseguró por su parte Pérez del Peral.
En ese sentido, complementó el académico de la UP, se requiere una mayor coordinación entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaria de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.
La SFP es la encargada supervisar toda normatividad relacionada con el sector público y la gestión gubernamental en general, explicó Pérez del Peral.
Otro de los retos que tiene ante sí la autoridad fiscal está en las aduanas, particularmente con el combate a la corrupción y con la capacitación y preparaciones del personal. “Si vas a permitir que sea la Marina y la Defensa la que revise las aduanas, acelera la capacitación aduanal, preparar funcionarios fiscales aduanales”, sostuvo Pérez del Peral.
