La policía de Brasil recomienda presentar cargos penales contra Bolsonaro
Las autoridades dijeron que el expresidente Jair Bolsonaro organizó un plan para impedir que el presidente Lula da Silva asumiera el cargo en enero de 2023.
New York Times.- Las autoridades brasileñas anunciaron el jueves que recomendaban presentar cargos penales contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por su papel un complot para aferrarse al poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022.
Las acusaciones intensifican los problemas legales de Bolsonaro y revelan el alcance de lo que las autoridades han denominado un intento organizado de subvertir la democracia brasileña. Luego de que Bolsonaro perdiera por un margen estrecho frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, se negó a aceptar la derrota pero abandonó el cargo de todos modos.
La policía federal de Brasil instó a los fiscales a acusar a Bolsonaro y a otras tres decenas de personas, incluidos miembros de su círculo cercano, por los delitos de “abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”.
La policía no dio ninguna información específica sobre las acciones de Bolsonaro que originaron a sus recomendaciones.
Los cargos son la culminación de una amplia investigación de dos años en la que la policía allanó viviendas y oficinas, detuvo a colaboradores de alto rango de Bolsonaro y obtuvo confesiones y acuerdos con personas involucradas en el plan.
El anuncio se hace dos días después de que cuatro miembros de una unidad militar de élite, entre ellos un antiguo ayudante de alto rango de Bolsonaro, fueron detenidos y acusados de planear asesinar a Lula da Silva poco antes de que asumiera el cargo en enero de 2023.
La policía ya ha recomendado cargos penales contra Bolsonaro en dos casos distintos: un intento de falsificar sus registros de vacunación contra la covid y un complot para vender joyas que recibió como regalos de dirigentes extranjeros mientras ocupaba el cargo.
Los fiscales federales todavía no han decidido si presentarán cargos en alguno de estos casos. Si lo hacen, será la primera vez que Bolsonaro se enfrente a cargos penales.
Las autoridades dijeron que Bolsonaro, con la ayuda de decenas de ayudantes cercanos, ministros y líderes militares, había orquestado un plan para revertir los resultados de las elecciones e impedir que Lula da Silva asumiera el cargo en enero de 2023.
A principios de este año, la policía dijo que había pruebas de que Bolsonaro había liderado una conspiración para mantenerse al poder, que incluyó la planificación del arresto de un juez del Supremo Tribunal, la edición personal de un proyecto de decreto destinado a anular los resultados de las elecciones y la presentación de planes de un golpe de Estado a altos mandos militares, buscando su apoyo.
Los esfuerzos para mantener a Bolsonaro en el cargo también incluyeron la difusión de desinformación sobre fraude electoral, la redacción de argumentos legales para nuevas elecciones y la vigilancia de los jueces, así como alentar y guiar a los manifestantes que finalmente atacaron edificios gubernamentales, declaró la policía en ese momento.
Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Bolsonaro ha negado reiteradamente haber cometido algún delito y ha calificado la investigación de persecución política.
Aunque la policía de Brasil puede hacer recomendaciones sobre procesos penales, no tiene poder para acusar formalmente a Bolsonaro. El fiscal general del país, Paulo Gonet, ahora debe decidir si presenta cargos contra Bolsonaro y lo obliga a comparecer ante el Supremo Tribunal Federal.
Más de un año antes de las elecciones brasileñas de 2022, Bolsonaro empezó a generar dudas infundadas sobre la seguridad de las máquinas de votación del país y advirtió que solo podría ser derrotado si estaban amañadas a favor de su oponente.
Cuando Bolsonaro perdió la votación de manera reñida, se negó a conceder su derrota formalmente. Sus partidarios no tardaron en acampar frente al cuartel general y pedían a los militares que anularan unas elecciones que, aseguraron, le habían robado a Bolsonaro.
Luego, en un episodio que recordó al ataque al Capitolio estadounidense, invadieron y destrozaron el Congreso, el Supremo Tribunal y las oficinas presidenciales de Brasil pocos días después de que Lula asumiera el cargo, con la esperanza de provocar una intervención militar.
El episodio inquietó a muchas personas en Brasil, un país gobernado por una brutal dictadura militar que se prolongó de 1964 a 1985.
En junio, el Tribunal Superior Electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse a unas elecciones hasta 2030, por considerar que había violado la ley al convocar a diplomáticos al palacio presidencial y afirmar sin fundamento que los sistemas de votación del país estaban probablemente amañados en su contra.
