Contra Réplica.- A cuatro años del colapso en la Línea 12 del Metro capitalino, sobrevivientes y familiares de víctimas continúan en su lucha por obtener justicia y una reparación integral del daño. Exigen al Poder Judicial de la Ciudad de México que se haga efectiva la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado que obliga a Grupo Carso, de Carlos Slim, empresa constructora del tramo colapsado, a pagar indemnizaciones acordes con su capacidad económica y con el nivel del daño ocasionado.
En conferencia, el abogado Teófilo Benítez Granados, representante de 12 víctimas, informó que obtuvieron un amparo para que las indemnizaciones previamente entregadas por Carso Infraestructura y Construcción sean reevaluadas. Afirmó que los montos asignados inicialmente no corresponden con la magnitud de las pérdidas humanas, físicas y psicológicas.
“El Tribunal capitalino sigue entrampado con los procesos de amparo que interpusieron los nueve procesados, con la clara intención de alargar el caso y desgastar a las víctimas. Pero no vamos a desistir”, señaló Benítez.
El colapso, ocurrido el 3 de mayo de 2021, dejó 26 muertos y decenas de heridos. Hasta la fecha, las víctimas señalan una serie de omisiones por parte de autoridades como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Acusan a estas instituciones de actuar en contubernio con Grupo Carso y de promover una justicia restaurativa sin reparar realmente los daños sufridos.
Las víctimas también revelaron la existencia de audios en los que supuestamente se escucha a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, reconocer que la Línea 12 requería una renovación total para evitar riesgos. A pesar de haber logrado que se aprobara su comparecencia, la Fiscalía se negó a presentarla ante el juez, denunciaron.
“El fallo judicial representa un paso importante, pero insuficiente si no se cumplen las resoluciones. Estamos preparados para acudir a instancias internacionales si el Estado Mexicano no garantiza nuestros derechos”, advirtió una de las víctimas.
Mientras tanto, las secuelas de la tragedia siguen presentes: desempleo, afectaciones emocionales y gastos médicos no cubiertos por las indemnizaciones iniciales. Los afectados pidieron a los jueces actuar con responsabilidad y cumplir la sentencia que obliga a Grupo Carso a pagar una compensación justa y suficiente.
