El examen final. La coerción de un científico 

Blakely Morales

Dos víctimas cuyas identidades no serán reveladas, presentaron ante la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en delitos sexuales, dos denuncias por agresiones cometidas muy posiblemente por un científico, investigador y académico, que hasta marzo del 2024 fue el director del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Bajo los números de expediente 10724 y 10720 de aquel mismo mes fueron abiertas dos carpetas de investigación; tres días antes, la UASLP emitió un comunicado en el que informó que el secretario general Federica Garza, en funciones de rector por delegación había realizado la suspensión de Ricardo Alberto G. De la dirección del Instituto de Física.

Pero el boletín era confuso: al mismo tiempo en que se anunció la suspensión argumentando violaciones graves a los derechos humanos, responsabilidad administrativa y faltas al código de ética, la máxima casa afirmó que había iniciado en ese momento, un proceso de remoción.

¿Se iba de manera definitiva o solo temporalmente?

¿Cuál era el verdadero motivo?

El 10 de abril ya del 2025, en un evento de disculpas públicas al que fueron convocadas las denunciantes y la comunidad universitaria en un auditorio del Campus Chapultepec, el nuevo director del instituto Edgardo Ugalde, acompañado de la titular y funcionarios de la defensoría universitaria, aceptó que dentro de las instalaciones de la universidad, ocurrieron actos con apariencia de delitos que quedaron descritos en las denuncias formales y también quejas entregadas a las autoridades académicas.

Al final del evento, ambas autoridades tuvieron la intención de entregar un par de “reconocimientos”, como si de un final de cursos se tratara a las dos víctimas. Luisa y Julia, como las nombraremos aquí de manera ficticia para proteger sus identidades, se negaron a ponerse de pié y pasar al frente. 

Aún así, entre lágrimas agradecieron el gesto simbólico; esperaban más de la universidad; la defensoría de hecho, tenía más.

Su titular Magdalena González, admitió frente al auditorio lleno de estudiantes, que el agresor y ex director Ricardo Alberto G. no había sido sancionado por la Máxima Casa, como de hecho las víctimas ya lo intuían.

Previo a la denuncia judicial, de ambos casos se generó un expediente ante esa oficina, que quedó radicado con el número 2024/061/III/QA-09. De manera casi simultánea, ambas denunciantes emitieron cartas dirigidas al entonces CONAHCYT, ahora Secretaría de Ciencia, denunciando al doctor y exigiendo una investigación.

Había muchas señales de que la suspensión como director solo había sido una estrategia para calmar las aguas, una cortina de humo para dejarlo sin castigo, y a ellas sin justicia.

Una búsqueda simple en internet lo sigue ubicando como profesor investigador en el Instituto de Física con grado académico de Doctorado y nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es considerado una eminencia en su campo, además se sabe que está bien relacionado con la cúpula universitaria.  

Julia lo había elegido como su asesor para el proyecto de investigación que desarrolló desde la maestría pues lo admiraba, no solo por su trayectoria profesional sino por su imagen de amabilidad, pulcritud y apego a su familia. 

Luisa, por su parte, llevaba más de diez años como empleada administrativa en la Facultad. Ambas convivían con el doctor diariamente, la primera como asesorada y la segunda como asistente, ambas de manera subalterna. Entre las agresiones contra Julia y luego contra Luisa, hay dos años de diferencia, el tiempo que Julia decidió callarse por miedo. 

Estaba a punto de finalizar el doctorado, algo que había anhelado toda su vida, cuando el trato profesional, amable y hasta amistoso con el doctor, se convirtió en insinuaciones, que después fueron peticiones directas. 

Vía WhatsApp comenzó pidiéndole que fuera a su oficina con vestido para revisar avances de su tesis; luego le solicitó “un favor”, dando a entender que se trataba de una especie de cobro por ser su asesor.

Julia se negó pero él no entendió: “no lo tomes personal, es lo que yo pido por tanto esfuerzo”, condicionó.

“Mañana te toca, será rápido; será como un examen”.

Julia trató de evitarlo creyendo que si lo ignoraba, él se detendría. No sucedió así; accedió bajo sometimiento y manipulación cuando él amenazó veladamente con dejarla de apoyarla en su proyecto. 

Tras la violación, Julia se sintió culpable, pero trató de olvidarlo, temía que la bloqueara para no obtener el posgrado.

En marzo del 2024 recibió una llamada, era Luisa, contándole que esa misma mañana le había ocurrido algo similar. 

Segúnlas relatorías expuestas en diversas denuncias y quejas, revisadas por este medio con la autorización de las víctimas, el doctor Ricardo Alberto G. aprovechó su posición para imponer conductas sexuales sin consentimiento y bajo coerción.

Luisa afirma que ante su negativa de acceder a realizar actos no consensuados, el doctor comenzó a desdeñarla generando acoso laboral contra ella y tachándola de “poco confiable”. En uno de sus relatos, escribe que el temor por perder su trabajo la animó a denunciar. 

El acoso ocurrió en dos ocasiones cuando intentó solicitar permisos para ausentarse; el primero, con motivo de acudir a solicitar un crédito, ante lo cual el doctor, convertido en banco o en proxeneta, se ofreció a darle 1 mil 500 pesos, a cambio de irse con él a un hotel.

En la segunda, trató de condicionarle tres días de permiso; a cambio, él pedía “algo de regreso, lo que fuera”. El doctor la citó en su oficina, cuando Luisa llegó, se levantó, se paró detrás de ella, le apretó los hombros y luego se colocó en la puerta bloqueando la salida; a cambio del permiso el doctor pedía sexo oral.

Entre el nerviosismo y la ansiedad, Luisa consiguió responder pidiendo un poco de tiempo para pensarlo. Pensar si valía la pena la dignidad a cambio de un permiso. Salió de la oficina y minutos más tarde, le envió un mensaje por WhastApp diciendo: “Si me excedí en la petición ya no lo voy a hacer”.

Esa tarde, Luisa se comunició con Julia. Juntas se acompañaron en una denuncia que al menos por ahora tiene al agresor fuera de una posición de poder. 

Pero el temor persiste pues Ricardo Alberto G. Tiene el comportamiento de un depredador. Julia está segura de que existen más víctimas. Para este reporte se pudo saber de cuatro, tres con denuncias ante la defensoría universitaria, una de ellas extrañamente extraviada.

Aunque fue cesado de su puesto como director, nada le ha impedido evadirse de la justicia. Luisa afirma que un abogado de oficio que la acompañó al inicio de la denuncia penal, le confirmó que la Fiscalía no logró ubicarlo para notificarle siquiera los señalamientos en su contra. 

Ricardo Alberto G. ha tratado de establecer relaciones profesionales con universidades fuera de San Luis Potosí. Así lo muestra otra búsqueda simple en internet, que arroja imágenes del señalado impartiendo una conferencia magistral en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, la conferencia se tituló “Aplicaciones y Procesos de Degradación de Materiales Nanoestructurados”.  

El tema de investigación que Julia propuso y trabajó durante su doctorado.