Trump firma una polémica ley contra el contenido sexual no consentido
La Ley de Retirada de Contenidos exige a las plataformas que retiren los casos de “representación visual íntima” en un plazo de dos días. Según los defensores de la libertad de expresión, esta podría ser un arma para alimentar la censura.
WIRED.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el lunes una ley denominada ‘Take It Down Act’ (Ley de Retirada de Contenidos), que obliga a las plataformas a eliminar los casos no consentidos de “representación visual íntima” en un plazo de 48 horas a partir de la recepción de una solicitud. Las empresas que tarden más o no cumplan podrían ser sancionadas con unos 50,000 dólares por infracción.
La ley ha recibido el apoyo de empresas tecnológicas como Google, Meta y Microsoft, y entrará en vigor el año que viene. Su aplicación corresponderá a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que tiene potestad para sancionar a las empresas por lo que considere prácticas comerciales desleales y engañosas. Otros países, entre ellos India, han promulgado normativas similares que exigen la rápida retirada de fotos sexualmente explícitas o deepfakes. Los retrasos pueden hacer que los contenidos se propaguen sin control por la red. Por ejemplo, Microsoft tardó meses en actuar en un caso muy sonado.
¿En qué consiste la nueva ley?
A los defensores de la libertad de expresión les preocupa que la falta de salvaguardias en la Ley de Retirada de Contenidos permita a los malos actores utilizarla como arma para obligar a las empresas tecnológicas a censurar injustamente contenidos en línea. La nueva ley sigue el modelo de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), que obliga a los proveedores de servicios de internet a retirar rápidamente el material que alguien denuncie como infractor de derechos de autor. Las empresas pueden incurrir en responsabilidad económica si hacen caso omiso de solicitudes válidas, lo que ha llevado a muchas de ellas a pecar de cautelosas y retirar preventivamente contenidos antes de que se resuelva un litigio por derechos de autor.
Durante años, los malos actores han abusado del proceso de retirada de la DMCA para conseguir que se censuren contenidos por motivos ajenos a las infracciones de derechos de autor. En algunos casos, la información es poco favorable o pertenece a competidores del sector a los que se quiere perjudicar. La DMCA incluye disposiciones que permiten exigir responsabilidades económicas a quienes presenten reclamaciones falsas. El año pasado, Google obtuvo una sentencia en rebeldía contra dos individuos acusados de orquestar un plan para suprimir a competidores en el sector de las camisetas mediante la presentación de solicitudes frívolas para eliminar cientos de miles de resultados de búsqueda.
Los infractores que han temido las sanciones por abusar de la DMCA podrían encontrar en la Ley de Retirada de Contenidos una vía menos arriesgada. La norma no incluye una disposición contundente, ya que solo exige que los solicitantes actúen de “buena fe”, sin especificar sanciones por actuar de mala fe. A diferencia de la DMCA, la nueva ley tampoco propone un proceso de apelación para que los presuntos autores impugnen lo que consideren retiradas erróneas. Los detractores de la normativa afirman que deberían haberse eximido determinados contenidos, como aquellos cuya permanencia en línea pueda considerarse de interés público
Otra preocupación es que el plazo de 48 horas especificado en la ley pueda limitar la capacidad de las empresas para examinar adecuadamente las solicitudes antes de decidir si las aprueban. Los grupos defensores de la libertad de expresión sostienen que esto podría llevar a eliminar contenidos que van mucho más allá de las “representaciones visualmente íntimas” no consentidas, e invitar al abuso por parte de los mismos tipos de estafadores que se aprovecharon de la DMCA.
Distinguir las quejas verdaderas de las falsas
Dado que recibe millones de solicitudes de retirada basadas en la DMCA cada año, Google reconoce que “a menudo debe confiar” en la “exactitud de las declaraciones presentadas por los reclamantes de derechos de autor”. Es difícil imaginar que el proceso sea diferente en el caso de la Ley de Retirada de Contenidos, comenta a WIRED Becca Branum, subdirectora del Proyecto de Libre Expresión del Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT, por sus siglas en inglés). El CDT recibe una parte minoritaria de su financiación de Google y otras gigantes tecnológicas.
“Las plataformas no tienen ningún incentivo ni obligación de asegurarse de que lo que llega a través del sistema sean imágenes íntimas no consentidas”, señala Branum. Como a menudo es más barato y fácil para las empresas acceder a las solicitudes que investigarlas, puede que se retiren de internet más contenidos de los que realmente merecen ser eliminados. Branum menciona otro conjunto de leyes aprobadas por el Congreso hace unos siete años sobre contenidos relacionados con el tráfico sexual, que, según ella, también condujeron a la retirada de información no relacionada de la web.
En el marco de sus actuales procesos de retirada de imágenes íntimas no consentidas, algunas empresas tecnológicas exigen a los solicitantes que muestren una identificación expedida por el gobierno que confirme que son la persona representada. Pero los defensores de las víctimas argumentan que estas normas suponen una carga injusta para los solicitantes legítimos y ponen en peligro su intimidad.
La Ley de Retirada de Contenidos no exige la comprobación de identidad, y es posible que los molestos procesos para solicitar la eliminación de imágenes desencadenen el escrutinio de la FTC. Del mismo modo, los detractores de la ley también pueden pedir a la FTC, que suele alinearse con el partido político del presidente, que investigue a las empresas que permiten que se tramiten solicitudes falsas.
Ted Cruz y Amy Klobuchar, la pareja bipartidista de senadores que ayudó a que la norma se aprobara en el Congreso con poca oposición, no respondieron a las peticiones de comentarios sobre los problemas planteados por la legislación. Para los congresistas, la aprobación de la ley era imprescindible para proteger a personas como los adolescentes cuyas experiencias contribuyeron a darle forma. La esperanza es que las futuras víctimas recuperen su intimidad sin demora.
