Juez federal solicita el expediente institucional del caso Rich; Contraloría estatal se resiste a entregarlo
Blakely Morales
El padre de una de las víctimas mortales del antro Rich, ha reclamado ante la justicia federal la negativa de la Contraloría General del Estado para entregar la resolución de la investigación interna sobre las posibles omisiones y negligencias de funcionarios públicos estatales que derivaron en la tragedia de la noche del 7 de junio del 2024.
Tras los hechos donde murieron los jóvenes Roy y Manuel, y una decena más resultaron lesionados gravemente, además de las evidencias que mostraron la carencia de permisos municipales para operar como antro, se difundieron posibles irregularidades procedentes de dependencias estatales, entre ellas el refrendo para la venta de alcohol otorgado por la Dirección de Gobernación cobrado por la Secretaría de Finanzas, la falta de protocolos en materia de Protección Civil y el manejo de aglomeraciones.
Recordemos que aquella noche, casi un millar de adolescentes acudieron al Rich con la intención de asistir a la presentación del cantante e influencer Kevin Moreno.
Unos días después del desprendimiento del barandal que provocó la tragedia y que se hizo viral por el video de una cámara de seguridad, aparte de la investigación iniciada de oficio por la Fiscalía General del Estado, tanto la Contraloría interna del ayuntamiento capitalino como la Contraloría General del Estado prometieron realizar sus propias investigaciones para determinar si hubo o no responsabilidades institucionales.
Por parte del Ejecutivo fue el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien el 21 de junio confirmó el inicio de una indagatoria por parte de la Contraloría General.
En febrero ya del 2025, Sergio Arturo Aguiñanga Muñiz titular de la Contraloría General informó que dos meses antes, en diciembre del 2024, los resultados de esas indagatorias fueron ya entregadas directamente a la Fiscalía General del Estado que a su vez, ese mismo mes dió a conocer que iniciaría una nueva carpeta de investigación centrada en esclarecer la posible implicación de funcionarios y ex funcionarios públicos en aquellas presuntas omisiones.
Para conocer las conclusiones de esa indagatoria desde dentro del gobierno estatal, Juan Ramón Infante Nieto, padre del joven Manuel Infante fallecido en la tragedia, solicitó el 24 de febrero reciente a la Contraloría General del Estado proporcionarle, en su calidad de víctima, copia de la resolución entregada a la Fiscalía.
El 28 de ese mismo mes, la Contraloría respondió negándose a brindar la información alegando que el señor Infante carecía del carácter de ofendido. Por eso ahora, para reclamar contra esa negativa es que ha recurrido a la justicia federal.
Según consta en los autos del juicio de amparo indirecto 443/2025 en materia administrativa, radicado en la mesa 7 del Juzgado Sexto de Distrito, en uno de sus primeros actos la jueza federal a cargo consideró plenamente acreditada la personalidad jurídica de Ramón Infante como quejoso y víctima.
Al recibir los primeros informes justificados de la Contraloría General, la jueza estimó que son parcialmente ciertos los actos que se le reclaman, sin embargo, en un auto publicado el 29 de mayo, solicitó a la dependencia estatal copias certificadas de los procedimientos administrativos requeridos por Juan Ramón Infante, a fin dijo, de poder contar con mayores elementos para resolver el juicio constitucional.
Pero la Contraloría se negó a entregarlo alegando que el expediente solicitado contiene “información estrictamente reservada y sensible”, pero sin especificar el supuesto de reserva o confidencialidad en el que se encuadraría con sustento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ante esto, en la diligencia más reciente dentro del juicio de amparo indirecto consultado a través de la plataforma del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en autos el pasado miércoles 4 de junio, la jueza de distrito requirió a la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado que “señale las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso se ajusta al supuesto (de reserva) previsto por la ley”.
Asimismo, continúa, “para el caso de que se determine que el expediente contiene partes o secciones reservadas o confidenciales”, requirió que la dependencia “elabore una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación”.
La Contraloría tiene tres días, a partir de su notificación, para entregar el expediente.
El sábado se cumplió un año de la tragedia que enlutó a la sociedad potosina y que demostró que la juventud no tiene garantías para salir a divertirse sin poner en riesgo su vida.
