El Gobierno de la Ciudad de México califica la operación de plataformas como Uber Moto y DiDi Moto como ilegal y un riesgo de salud pública. La medida se anuncia tras la muerte de una pasajera y ante las alarmantes cifras de siniestralidad, con 54 muertes en el primer trimestre del año.
WIRED.- El Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado un proceso jurídico y administrativo para detener la operación del servicio de transporte de pasajeros en motocicleta ofrecido por aplicaciones digitales como Uber y Didi.
La decisión se formalizó después del fallecimiento de una mujer que viajaba como pasajera en una motocicleta de una de estas plataformas, la cual derrapó en Paseo de la Reforma, la avenida más importante y emblemática de Ciudad de México. Testigos dijeron que la mujer, quien portaba casco de seguridad, quedó inconsciente tras el impacto y presentaba múltiples lesiones visibles.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta intentó rebasar entre carriles, perdió el control e impactó contra la llanta de una camioneta. A causa del choque, la pasajera —identificada como María del Carmen “N”, de 27 años— salió proyectada y se golpeó contra un árbol.
En un comunicado oficial, la Secretaría de Movilidad fue tajante al señalar que las aplicaciones que ofrecen esta modalidad “no cuentan con permiso alguno y se encuentran operando en la ilegalidad”. Por ello, se buscará la “erradicación” de esta oferta de transporte.
“La Semovi iniciará acciones legales contra las aplicaciones que prestan el servicio en esta modalidad. Recordamos a la ciudadanía que este servicio de transporte está prohibido en el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México”, indicó la dependencia. La autoridad también informó que ya se están tomando medidas legales contra las empresas que operan con este modelo de transporte, al considerar que representan un riesgo para la seguridad vial.
La Semovi fundamenta su postura en datos de seguridad vial y salud pública.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el aumento de accidentes de tránsito en motocicleta se ha convertido en un problema grave. Las cifras del primer trimestre de 2025 en la capital respaldan esta afirmación: se registraron 7,500 colisiones con estos vehículos, que dejaron un saldo de 4,050 personas lesionadas y 54 fallecidas.
A pesar de la contundente postura gubernamental, una verificación realizada esta tarde confirmó que los servicios de Uber Moto y DiDi Moto continúan operando y pueden ser solicitados por los usuarios. Ante esta situación, la Semovi hizo un llamado a la ciudadanía a “no hacer uso de este tipo de servicio de transporte que se encuentra en la ilegalidad y que podría poner en riesgo su integridad física”.
Organizaciones civiles han reiterado su llamado a las autoridades locales y federales para crear un marco legal específico que regule el uso de motocicletas con fines de transporte de pasajeros. También exigen que se garantice la seguridad de usuarios y conductores, mediante medidas como la capacitación, el uso obligatorio de casco y seguros de responsabilidad civil.
El dilema del mototaxi por App
La decisión de la Secretaría de Movilidad de perseguir legalmente a los servicios de mototaxi por aplicación como Uber Moto y DiDi Moto expone una tensión fundamental en la Ciudad de México: el conflicto entre la regulación, la seguridad y una demanda ciudadana impulsada por la propia ineficiencia del ecosistema de movilidad.
Si bien la postura de la autoridad se centra en la ilegalidad y el riesgo —argumentos válidos y respaldados por estadísticas alarmantes—, la popularidad de estos servicios no es un capricho. Responde directamente a dos de los problemas más críticos para cualquier habitante de la metrópoli: el tiempo y el dinero.
En una ciudad donde los tiempos de traslado han alcanzado niveles paralizantes, la agilidad de una motocicleta no es una simple comodidad. La Ciudad de México enfrenta uno de los peores tráficos a nivel mundial. Un estudio de TomTom indica que los conductores pierden alrededor de 31 minutos con 53 segundos para recorrer 10 kilómetros, y que en promedio se pierden 152 horas al año en el tráfico. Esto equivale a 6.3 días completos o 19 jornadas laborales de 8 horas al año.
La capacidad de filtrarse entre el tráfico denso y acortar trayectos de una hora a 20 minutos transforma la calidad de vida. Este servicio, por tanto, vende algo que el transporte público congestionado o un automóvil particular atrapado en el tráfico no pueden ofrecer: la devolución del tiempo
El segundo factor es el precio. Para un amplio segmento de la población, el costo de un viaje en un servicio de auto por aplicación es prohibitivo para el uso diario. El mototaxi se posiciona como una alternativa sustancialmente más económica, democratizando el acceso a un transporte privado, de punto a punto, que de otra manera estaría fuera del alcance de muchos.
La combinación de velocidad y bajo costo crea un argumento de eficiencia costo-beneficio que resulta casi imbatible para miles de ciudadanos.
Dante Pérez Méndez, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, propuso en su tesis doctoral carriles reversibles con horarios flexibles en la Ciudad de México, medida que podría reducir el tráfico hasta en un 40%. “No siempre se requiere de grandes inversiones para lograr cambios significativos; propuestas económicas pueden mejorar considerablemente la movilidad”. Pérez Méndez subraya la importancia de seguir invirtiendo en el transporte público existente y considerar alternativas como la bicicleta.
La reciente encuesta intercensal del INEGI revela que 1,720,145 personas (18% de la población capitalina) se trasladan del Estado de México a Ciudad de México para estudiar o trabajar, tardando entre una y dos horas en promedio. Pérez Méndez sugiere que las empresas consideren el trabajo remoto o híbrido, lo que beneficiaría a los trabajadores y ayudaría a reducir el tráfico. “Es fundamental determinar en qué sectores y puestos es factible implementar estas modalidades”, explica.
El reto para la autoridad no es únicamente prohibir, sino entender el vacío que estos servicios están llenando. Una estrategia puramente prohibitiva, sin ofrecer alternativas que resuelvan las causas de fondo —la congestión vehicular y el alto costo de la movilidad—, corre el riesgo de ser una solución parcial. La demanda no desaparecerá; simplemente podría desplazarse hacia un mercado sumergido, aún menos regulado y potencialmente más peligroso. La pregunta fundamental es qué alternativa viable y eficiente se ofrecerá al ciudadano que hoy, por necesidad, elige subirse a una moto.
