Disputa por la parte baja de la Sierra, es por los recursos naturales: activista

Blakely Morales

En la actual coyuntura de la disputa por la parte baja de la Sierra de San Miguelito y la declaración del Área Natural Protegida de Flora y Fauna, el balón se encuentra en la cancha de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mientras en lo local, los grupos inmobiliarios, infiltrados en la asamblea del ejido San Juan de Guadalupe, presionan a la comunidad de San Juan de Guadalupe, y su anexos Tierra Blanca y San Miguelito, para ganar la aprobación de los propietarios de los terrenos comunales, y de la autoridad federal, para la urbanización de un territorio al norte de la comunidad.

A principios de junio, la SEMARNAT respondió mediante oficio con número DGCD/250/2021, en el que declaró procedente excluir de la declaratoria de reserva Natural Protegida, las 1 mil 805 hectáreas, dejando 11 mil 807 hectáreas de la comunidad, dentro de la ANP.

Esta determinación ha sido denunciada por los grupos activistas defensores de la sierra, que acompañan a los sectores de la comunidad que se oponen a que continúe la urbanización; pues observan un movimiento contrario a la preservación del medioambiente por parte de la SEMARNAT, que pasó de declarar 500 hectáreas como zona urbanizable, a estas 1 mil 805.

En el contexto actual, según el abogado e integrante del grupo Guardianes de la Sierra y el FAO, Carlos Covarrubias, señala que el despojo de tierras por parte de los constructores, ha quedado de lado, pues lo que está en disputa son los recursos naturales, ya que las hectáreas en cuestión, forman parte del área declarada como la zona de recarga pluvial, incluida en un principio, en el polígono presentado por la SEMARNAT para la declaratoria.

El activismo está observando una posible colusión de parte de las autoridades federales con el empresariado, a la par de una organización de los constructores para terminar de cooptar las voluntades de los actuales propietarios de la tierra, la comunidad de San Juan de Guadalupe.

“Es un asunto que ya brinca el tema de cuestiones meramente agrarias, el tronco de la propiedad es el agrario, pero el fundamental para la ciudad, es el tema del medio ambiente y del agua”, apunta Covarrubias.

En este punto de la disputa por la parte baja de la Sierra, se prevé que salgan a relucir asuntos del pasado que involucran a los anteriores gobiernos estatal y municipal, a la asamblea de San Juan de Guadalupe y a los grupos inmobiliarios, y que podrían ser determinantes para lo que ocurra en los próximos días y semanas.

Por ejemplo, dentro de las declaratorias de reserva estatal de la Sierra de San Miguelito, en el año 1996 se declaró una reserva para una superficie de 1 mil 200 hectáreas para lo que se denominó como, Parque Urbano Ejido San Juan de Guadalupe; pero en enero del 2019, por un amparo impulsado por los grupos empresariales desde el ejido San Juan de Guadalupe, el terreno perdió la declaratoria, ante la falta de un plan de manejo.

Aunado a ello hay visiones encontradas en las determinaciones que han tomado las autoridades; por un lado, SEMARNAT tiene el poder para delimitar el polígono de la ANP, y de excluir un terreno para dedicarlo a la urbanización; por otro lado, está el papel de la saliente administración del ayuntamiento de la capital, que en apariencia armonizó los intereses en los planes de ordenamiento y el Centro de Población que fueron objeto de gran debate hace unos meses.

En el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano, se citan los resultados de estudios técnicos al acuífero de la Sierra de San Miguelito, identificado con la clave 2411, realizados por la CONAGUA, actualizados hasta el 2018, donde señalan la importancia de emitir una veda que cubra la totalidad del acuífero para garantizar una situación de equidad entre las personas asentados en el acuífero.

Esta consideración, en apariencia empata con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, donde se encuentra una zonificación del área clasificada como el distrito once de la zona metropolitana de la capital, correspondiente al Aguaje, dentro del cual se encuentra el territorio actualmente en disputa, cercano a la Cañada del Lobo, y por donde correrá la así denominada Vía Alterna, el área ha sido declarada como No urbanizable, como Área de Valor Paisajístico y Área de Suelo Silvestre.

Sobre las nuevas nomenclaturas del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, esto comenta el abogado y activista Carlos Covarrubias: “En los polígonos que se pueden encontrar en el Plan Estratégico, las nomenclaturas están cambiadas, a lo que era el Plan Estratégico del Centro de Población 2003; solamente que hay un pequeño detalle, que la protección de las áreas naturales protegidas, que ya existen desde el 2003, no fueron sujetas a consulta pública, no hay una determinación que las anule, no hay una anulación expresa al área natural protegida de la cuenca hidrológica, y al área natural de paisaje y de recarga; tan es así, que no saben dónde esconder el huevo: no sabe qué hacer SEMARNAT, no sabe qué hacer ayuntamiento, y no saben qué hacer los desarrolladores, porque saben que esta situación les va reventar jurídicamente”.

Por estas fechas pero en el 2019, los grupos inmobiliarios entregaron una serie de contratos a la comunidad, para generar un esquema de asociación en participación, con los que buscan obtener el dominio pleno de otras 2 mil hectáreas para Espacios en el Horizonte S. A. de C. V.; esta operación está por ser concretada, se sabe que las y los comuneros están accediendo a firmar los contratos, con los que a través de indemnizaciones que no superan los 100 mil pesos, el grupo encabezado por Carlos López Medina, pasaría a ser el dueño de una porción más de la parte baja de la Sierra de San Miguelito.