De Luto (Como Siempre)

Los asesinatos de Carlos Manzo, Homero Gómez y Bernardo Bravo revelan el costo de desafiar al crimen organizado en un país que ya normalizó la muerte.
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Por Diego Aguilar

“Carlos, tú me dijiste que no nos rindiéramos.
Y a pesar de todo esto, te fuiste al cielo.
Te extrañamos, Carlos. Te amamos, Carlos.”

Esa fue la imagen con la que me encontré esta mañana en redes sociales: una niña de unos ocho, diez, quizá doce años, con un megáfono frente al Palacio Municipal. Dijo esas palabras con la voz quebrada.

Este fin de semana, Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, electo de manera independiente desde el 1 de septiembre de 2024, perdió la vida.
El 1 de noviembre, de manera más que irónica, en el Día de Muertos, fue atacado a balazos durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan, y murió más tarde en el hospital.

Según la Fiscalía, una de las armas usadas ya había sido vinculada con enfrentamientos previos entre grupos del crimen organizado.

Algunos testigos señalaron a presuntos responsables; otros cuentan que en su funeral fue despedido entre aplausos y vítores.
Manzo había denunciado públicamente las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pidió apoyo federal. Desconfiado, solía moverse con un grupo reducido de personas de confianza que hacían las veces de escoltas.
Pero aun así, lo mataron.

Su asesinato eleva a seis el número de alcaldes asesinados en México en lo que va del 2025, siendo el tercero en Michoacán.

A ver, no nos mintamos.
En este país, para gobernar “en paz”, hay que pactar con el narco.Los gobernadores lo hacen a nivel estatal; los presidentes municipales, a nivel local.

Pero Carlos Manzo fue de los pocos que eligió no pactar.
Salía con chaleco antibalas, sombrero y arma al cinto, dispuesto a enfrentar, al pie del cañón, a los grupos criminales que desangran su tierra.

Este caso representa el cruce entre política local, crimen organizado y vulnerabilidad institucional.

La agresión, pública y durante una celebración festiva, carga con una violencia simbólica: el horror irrumpiendo en la plaza, frente a todos.
Esto es lo que ocurre cuando un edil alza la voz en medio del silencio y la complicidad.
Y entonces, uno se pregunta:
¿Qué se espera de las autoridades que se atreven a denunciar?
¿Qué tan reales son las protecciones cuando la amenaza forma parte del día a día?

Y con esto también debemos recordar a Homero Gómez González.
Homero fue un activista ambiental, coordinador del santuario de la mariposa monarca, en los bosques de oyamel, también en Michoacán.
Fue encontrado muerto en enero de 2020, dentro de una poza de agua, tras haber desaparecido.

Según múltiples reportes, la presencia del narco en la zona de las mariposas forma parte del problema: los cárteles infiltran la economía forestal, controlan la tala de árboles y los cultivos ilegales, destruyendo ecosistemas y comunidades enteras.

Otro asesinado por denunciar.

Ya no fue un político, sino un defensor del medio ambiente.

La violencia del crimen organizado no distingue cargos ni causas: también se dirige contra quienes defienden bosques, especies y territorios.
Y sus muertes dejan una herida no solo política, sino social, ambiental e institucional.

Esta guerra contra el narco tiene muchas caras: alcaldes, activistas, productores. Todos vulnerables.

Y más recientemente, Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero, fue asesinado el 20 de octubre de 2025, apenas quince días antes que Manzo.
Era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y denunciaba extorsiones a productores de limón por parte del crimen organizado.
Convocó reuniones para oponerse al “coyotaje” y al cobro de derecho de piso.

A pesar de tener escoltas y vehículo blindado —como el propio Carlos—, su protección se interrumpió al cambiar de vehículo, y lo mataron cuando ya estaba sin custodia.

El crimen organizado ya no solo infiltra la política o el medio ambiente, sino las economías legales: el limón, la agricultura, la madera.
El riesgo no es solo político ni ecológico, sino económico y empresarial.
Cada vez que alguien intenta romper esa cadena de complicidades, el costo es altísimo.

Ahí está el paralelismo con Manzo y con Homero: denunciar cuesta la vida.
Y detrás de cada muerte, la impunidad sigue.

Porque sabemos lo que viene después:
Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum , saldrá a decir que ya se abrió una carpeta de investigación, que ya se está reuniendo la información necesaria, que ya se vinculó el arma homicida.
Dirán que es un avance.
Pero al final del día, no pasará absolutamente nada.

Digámoslo como es:
Si el gobierno realmente se propusiera atrapar al narco, la sorpresa sería mayúscula.
Se encontrarían a sí mismos.

Porque Morena parece haberse tomado al pie de la letra toda la miseria institucional que nos dejó el PRI durante setenta años…
solo que ahora lo hacen en modo “speedrun” —en términos gamers—:
todo lo que aquellos hicieron, pero en menos tiempo.

Tiempo récord.

La impunidad sigue.
Michoacán está de luto.
México también.

Desde mi trinchera periodística —el único papel que me toca cumplir— puedo decirlo con franqueza:
así como escribí hace unas semanas en ¿A dónde va México?,
todavía tengo algo de esperanza, una chispa de fe.

Pero si soy sincero, el panorama es desolador, sombrío y vergonzoso.

 

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