Abril, una mujer de 30 años con sordera profunda, esperó más de una década para recibir un tratamiento adecuado por parte del IMSS. A los nueve años le colocaron un implante coclear que nunca funcionó, y desde 2012 ha pasado por estudios y valoraciones sin obtener respuesta efectiva.
La Fundación Perteneces A.C. tomó su caso de manera pro bono y promovió un amparo para exigir un nuevo implante y atención médica integral. El juzgado concedió una suspensión provisional que obliga al IMSS a brindarle atención inmediata e incluirla en el protocolo médico correspondiente.
El abogado José Mario de la Garza, presidente de la organización, señaló que el caso representa un ejemplo claro de cómo la burocracia puede condenar a las personas al silencio cuando el Estado no cumple con su deber de garantizar salud y dignidad.
El trabajo en pro de la creación de nuevos estándares de justicia social para mucha gente va más allá de la defensa de inocentes condenados, vivimos en un país lleno de necesidades urgentes y el compromiso con esa tarea es el motivo de Perteneces, afirmó Jose Mario de la Garza Marroquín.
