Ciudad de México, 25 de noviembre de 2025 – En un paso decisivo hacia la salvaguarda del medio ambiente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma el Código Penal Federal, incorporando penas de prisión para diversos delitos ambientales y otorgando un “blindaje legal” especial a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. La votación, que obtuvo 452 sufragios a favor, marca un hito en la lucha contra la depredación ecológica en México.
El dictamen, enfocado en delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, eleva varias infracciones administrativas a la categoría de delitos penales, con sanciones que incluyen hasta 15 años de cárcel. Entre las medidas clave se encuentran penas de 2 a 7 años de prisión por el quebrantamiento de sellos de clausura, incluso si estos permanecen intactos físicamente, según la modificación al artículo 187. Asimismo, se penaliza el fraude mediante información ambiental falsa o prácticas de “greenwashing” destinadas a obtener beneficios económicos.
Otros agravios contemplados incluyen el tráfico de especies endémicas, como el caso de la totoaba, que ahora acarreará de 5 a 15 años de reclusión. La reforma también endurece las castigos por descargas ilegales de aguas residuales o químicos que contaminen recursos hídricos, y transforma la violación de sellos de clausura junto con la simulación empresarial en delitos graves. Adicionalmente, se enfatiza la reparación del daño, obligando a la repatriación de especies traficadas a sus hábitats originales.
Un aspecto destacado es la protección específica para Áreas Naturales Protegidas. La modificación al artículo 418 incrementa las penas cuando los delitos impactan zonas como la Sierra de San Miguelito y la Cañada del Lobo, regiones asediadas por la presión inmobiliaria y la urbanización ilegal. “Es una gran medida para frenar la presión inmobiliaria que busca urbanizar áreas protegidas”, declaró el diputado federal potosino José Luis Fernández, del Partido Verde, quien impulsó la iniciativa.
Esta aprobación responde a un contexto alarmante en San Luis Potosí y la región Huasteca, donde desarrolladores han apostado por “hechos consumados” para invadir territorios ecológicamente sensibles, amenazando ríos, lagunas y la biodiversidad local. La reforma cierra brechas legales históricas, fortaleciendo la persecución penal de estos actos y priorizando la conservación de recursos hídricos frente a la contaminación industrial.
Con esta votación unánime, el dictamen avanza ahora al Senado para su revisión final. Expertos ambientales celebran el avance como un “refuerzo esencial” para la agenda verde del país, en un momento en que México enfrenta crecientes desafíos climáticos y de sostenibilidad. La medida no solo disuade a los infractores, sino que reafirma el compromiso legislativo con la protección de patrimonios naturales irremplazables.
