Integrantes del Movimiento por San Luis de la comunidad de Pil Vega, Atlamaxatl, Matlapa se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social Regional, porque la alcaldesa, Karina Rivera Obregón sigue sin atender su demanda de una red de agua potable, que tiene más de 50 años pendiente, al contrario, los demandó penalmente, para poder criminalizarlos y presionarlos, además, les han dilatado la respuesta por parte de las autoridades estatales y federales.
El Juez Auxiliar de la comunidad, Santiago Herminio denunció que la edilesa ha recurrido a la violencia con personas armadas, para inhibirlos, y ahora los demandó en forma ilegal, porque explicó que los acusan de destruir una obra de canalización, que les quitaba el abasto de agua, cuando no les pidieron permiso como comunidad indígena para realizarla, y la demanda en su contra fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, cuando debió ser ante la Procuraduría Agraria.
El regidor del ayuntamiento de Matlapa, José Arturo Barrera Botello explicó que la Fiscalía se atribuye facultades que no tiene, para intervenir en un asunto ejidal, cobrándoles 36 mil pesos por retirar la referida canalización, por ello demandó la intervención de la Procuraduría Agraria, del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de la Comisión Estatal del Agua, y de la Comisión Nacional del Agua, pues puede generarse un conflicto social.
Reséndiz Lara consideró que las autoridades niegan el derecho humano al agua potable a la comunidad indígena, y los discriminan por su condición como pueblos originarios, denunció que hay funcionarios estatales coludidos para politizar el caso, reveló que la alcaldesa, Rivera Obregón es del PAN, y sólo apoya a comunidades simpatizantes, “así se demuestra cómo gobierna tal partido”, porque en lugar de darles una solución, los demanda cuando protestan, para tenerlos atemorizados.
“En 50 años no les dan agua, pero en 10 días les levantan una demanda irregular, es una muestra de que las autoridades pisotean a la ciudadanía, y el titular de la SEDESORE, Alberto Elías Sánchez no tiene tiempo para atenderlos, por eso le pedimos al gobernador que ponga un alto a esta criminalización de la protesta que realizan, y que la alcaldesa panista haga su trabajo, porque no se vale que sólo apoye a sus militantes, y no beneficia a la ciudadanía”, dijo.
