Condenan a militares por represión en colonia rusa uruguaya
Nueve exoficiales reciben sentencias de hasta 15 años de prisión por torturas sistemáticas y detenciones arbitrarias contra la comunidad de San Javier en los años 80.
ABC.- El sistema judicial uruguayo dictó una sentencia histórica este lunes al condenar a nueve exmilitares por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. Las víctimas fueron integrantes de San Javier, un pequeño pueblo fundado por inmigrantes rusos que, entre 1980 y 1984, fue blanco de una persecución injustificada bajo la sospecha paranoica de albergar células comunistas. El juez Claudio De León impuso penas que oscilan entre los 11 y 15 años de prisión para exoficiales y un médico militar, reconociendo que el Estado sometió a civiles inocentes a un “ataque generalizado y sistemático”.
La pesadilla comenzó en abril de 1980, cuando una veintena de residentes, muchos de ellos adolescentes de apenas 16 y 18 años, fueron secuestrados por las fuerzas armadas mientras realizaban actividades cotidianas como estudiar, pescar o ir al cine. Los detenidos fueron trasladados al Batallón de Infantería Nº 9, donde sufrieron torturas extremas que incluyeron choques eléctricos, asfixias y vejaciones psicológicas. El fiscal Ricardo Perciballe subrayó que el único motivo de estos abusos fue la ascendencia rusa de las víctimas, ya que los interrogadores buscaban fabricar pruebas sobre supuestos submarinos soviéticos y arsenales ocultos para intentar legitimar la continuidad del régimen militar.
El operativo no solo dejó cicatrices físicas, sino que destruyó el tejido social de una comunidad que solía ser abierta y solidaria. Testigos del juicio relataron cómo el miedo al “enemigo interno” impuso un silencio forzado que llevó al abandono del idioma ruso y a la ruptura de vínculos vecinales por temor a represalias. Entre los casos más dolorosos se recordó el de Vladimir Roslik, un médico local asesinado bajo tortura en 1984, hecho que se convirtió en un símbolo nacional del declive de la dictadura. Aunque su asesinato fue juzgado previamente, el proceso actual permitió visibilizar el calvario de quienes sobrevivieron a años de prisión injusta.
Al leer el fallo, el magistrado ofreció una disculpa oficial en nombre del Estado uruguayo a las víctimas y sus familias, reconociendo el carácter “kafkiano” y “terrorífico” de las acciones militares. Para los habitantes de San Javier, esta resolución representa un cierre necesario tras décadas de impunidad. Mary Zavalkin, viuda de Roslik, expresó que finalmente se ha hecho justicia por aquellos cuyas vidas fueron truncadas por la intolerancia ideológica y el odio étnico. La sentencia reafirma que la condición de inmigrante o la identidad cultural no pueden ser motivo de sospecha estatal en una sociedad que respete los derechos humanos.
