La presidenta de la Asociación Civil Movimiento por San Luis, Francisca Reséndiz Lara demandó que el titular del poder ejecutivo del estado, Ricardo Gallardo Cardona gobierne para todas y todos los potosinos, incluyendo a sus opositores, sin distinciones, ni venganzas, no solamente hablar de reconciliación, sino actuar con hechos, para realmente unificar a la sociedad potosina, y no promover la polarización social, al sólo apoyar sólo a su clientela política, e ignorar al resto de la gente.
El representante legal de la Asociación, Parra Barbosa consideró que el Movimiento por San Luis es la esperanza de la sociedad ante el nuevo gobierno, porque los partidos políticos están difuminados al servicio del poder ejecutivo estatal, por lo que el Movimiento por San Luis apoyará la organización de la ciudadanía para que realmente defienda su dignidad, “el poder no es de quien lo tiene, sino de quien lo ejerce, y los ciudadanos hoy más que nunca vamos a enfrentar ese poder, poner límite a esos abusos”, dijo.
Reséndiz Lara denunció que Gallardo Cardona ya realiza una nueva campaña de promoción política a su favor, con un alto costo de recursos públicos en múltiples medios de comunicación de su propiedad, y en otros a los que les paga con fondos estatales, para que ambos difundan el culto a su persona, utilizando la confrontación y la denuncia mediática, para acusar situaciones de corrupción del anterior gobierno estatal, sin que a la fecha haya interpuesto denuncia legal ante las autoridades correspondientes.
Consideró que es incongruente en su discurso de austeridad, al erogar mucho dinero en difundirse, cuando él mismo se ha quejado de que le dejaron las arcas públicas vacías, y de igual manera criticó que vaya a rehabilitar el Parque Tangamanga I y lo convierta en una zona comercial, cuando tal paseo se encuentra en condiciones dignas, destacando que ese dinero bien puede usarse para dotar de servicios básicos a miles de familias potosinas, que carecen de ellos.
Indicó que sí quiere seguir los principios de la Cuarta Transformación, no simule las acciones y realmente actúe a favor de la población.
Resaltó que el titular del ejecutivo estatal acusa la corrupción del anterior gobierno estatal, pero no le interesa acusar legalmente a los responsables, para que los investiguen, sancionen y recuperar los recursos sustraídos, sino sólo generar escándalos para posicionarse mediáticamente, además de que, es incongruente, porque su gabinete está formado por perfiles corruptos, con antecedentes penales, e incompetentes en los puestos que le ha asignado, mostrando que prevalece el compadrazgo y el pago de favores políticos en tales nombramientos.
Así refirió que el secretario general, Guadalupe Torres Sánchez está implicado en el escándalo de la llamada “ecuación corrupta” en una anterior legislatura, así como el titular de la Sedesore, Juan Ignacio Segura Morquecho que fue acusado de desviar fondos cuando fue presidente estatal del PRD, además del oficial mayor, Noé Lara Enríquez implicado en el caso de compra de medicamentos con facturas falsas en Soledad, a quien nombró por ser compadre de Ricardo Gallardo Juárez.
Señaló que también copto a la luchadora feminista, Marcela García Vázquez al darle el Instituto de las Mujeres, al ex candidato ciudadano, Jorge Arturo Segoviano García, la Sedeco, y a uno de sus críticos, Leonel Serrato Sánchez, la SCT, además de que dejó el archivo histórico en manos de su golpeador mediático, acusado de delitos sexuales, Rafael Aguilar Fuentes, además de poner en riesgo el patrimonio documental potosino porque no tiene el perfil técnico, y de igual forma colocó a Jorge Alberto Escudero Villa en la dirección de pensiones, sin que sepa nada del tema.
Expuso que con la entrega del centro de convenciones a Yathziry Anahi Vitales Medina, pagó favores al columnista, Armando Acosta Díaz de León, cuyo hermano Daniel es el titular de salud estatal, y resaltó que dio la contraloría general a la “legión extranjera” encabezada por Lilia Villafuerte Zavala, que tiene trayectoria laboral en el poder judicial de Guanajuato, careciendo del perfil para el cargo y desconociendo la entidad, por lo que no tienen capacidad de atender a la población.
Denunció que la nueva administración estatal despidió de forma ilegal al personal contratado, o por honorarios, indicó que han sacado al menos a 26 personas, y señaló que sigue hostigando a los empleados de base, además de aclarar que los policías afiliados al SITTGE tienen discapacidad, y no pueden estar en servicio en las calles, por lo que es falso que sean más de tres mil, y denunció que en el sector de seguridad pública, la pasada administración irregularmente dio bases a directivos.
Se pronunció en contra de la regulación de las manifestaciones públicas, como lo han propuesto diputados locales del PVEM, Morena y PT, que es la fracción que apoya al mandatario estatal.
