EL Universal.-
Exconsejeros electorales, expertos y politólogos afirmaron que el llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca ser una revancha política ante la derrota de su reforma electoral, pero advirtieron que contiene elementos peligrosos para el país, ya que permitirá a la Titular del Ejecutivo federal estar en las boletas y en campaña en 2027, así como usar las consultas populares para manipular a la población.
El expresidente del IFE y de Integralia Consultores Luis Carlos Ugalde expuso que buscar que la fecha de la revocación de mandato coincida con las elecciones intermedias de 2027, en las que se elegirán 17 gubernaturas y congresos locales, se renuevan la Cámara de Diputados y mil ayuntamientos, puede distorsionar el resultado en favor de Morena porque la Presidenta estará en campaña.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que se trata de un tema polarizante para el país, porque la presencia de la Presidenta en las boletas va a opacar las elecciones locales y le dará toda la justificación para hacer campaña a favor de ella misma, y obviamente de los candidatos de Morena. “Será usar la revocación como propaganda política y eso es peligroso”.
“El segundo elemento (…) peligroso es incluir temas electorales en la consulta popular. Actualmente están prohibidos, como los fiscales y los de seguridad nacional, para evitar que se usen con fines de manipulación política”.
Como ejemplo, agregó, el próximo año el gobierno de la 4T puede promover una consulta para preguntar a los votantes si quieren que les quitemos dinero a los partidos para darlo en becas. El 99 % va a decir que sí. O preguntar si quieren desaparecer los plurinominales y que ese dinero se use para programas sociales. Es decir, se busca una reforma electoral por la puerta trasera, señaló.
Por su parte, Arlene Ramírez Uresti, analista política, coincidió en que el plan B busca revivir la fallida reforma electoral y meter a la contienda —con todos los riesgos que ello implica para la democracia y la seguridad— a la presidenta Sheinbaum, quien estaría en campaña en favor de Morena en las elecciones intermedias.
“Creo que el riesgo mayor es tener a la figura de la Presidenta expuesta en brechas de seguridad en un momento poco indicado. Además, obviamente haciendo campaña en favor de su partido, lo cual será una disputa desigual”.
Comentó que el plan B es una respuesta desesperada de la Presidenta, en un momento de ruptura de su movimiento, y hace alusión al tema obradorista de querer rebasar a las instituciones y los procesos democráticos, ya que la reforma electoral no pudo disminuir al Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora se buscará sustituir por las consultas populares, lo cual es muy riesgoso porque se usará para manipular los resultados.
Alberto Aziz Nassif, analista político, dijo que el plan B es una reforma administrativa en la que se va a tratar de recortar recursos en los congresos locales, municipios y gobiernos de los estados.
Sin embargo, habrá que ver “la letra pequeña de este plan y ver si no se meten otra vez a parte electoral por la puerta trasera, ante el rechazo de las reformas constitucionales”. Advirtió sobre la intención que planteó la Presidenta de incluir en las consultas ciudadanas el tema electoral.
“Están desesperados por buscar recursos de donde sea para seguir pagando las obras públicas y los programas sociales”.
Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral, expuso se trata de una reforma electoral ya descafeinada y que es más bien una reforma política; sin embargo, busca incidir en las consultas ciudadanas y que se pueda preguntar a los votantes sobre temas de carácter comicial, lo que parece ser un despropósito. Mencionó que ello generaría mucha incertidumbre y podría llevar a un sistema electoral realmente desconfigurado, poco democrático, sumado a emparejar la revocación de mandato con las elecciones intermedias.
“Varios de los puntos son inconstitucionales. No los puedes modificar si no modificas la Constitución. También me parece que lo anunciado altera el federalismo”, al pretender disminuir recursos a congresos locales. “Tendríamos que hablar de una reforma política”, expuso, y puntualizó que la fecha de la revocación de mandato es un tema constitucional.
