El Salvador juzga a 486 miembros de la Mara Salvatrucha por cometer 47 mil delitos
El proceso incluye a líderes históricos como “El Diablito de Hollywood” y se sustenta en pruebas científicas, testimonios y peritajes realizados durante una década de actividad criminal.
ABC.- Las autoridades judiciales de El Salvador iniciaron este miércoles un proceso penal masivo en contra de 486 presuntos miembros de la organización delictiva Mara Salvatrucha (MS-13).
Los imputados enfrentan cargos por 86 delitos graves cometidos durante el año 2022, además de una acumulación de aproximadamente 47 mil hechos delictivos registrados en el periodo comprendido entre 2012 y 2022.
Debido a la magnitud del proceso y por motivos de seguridad, no se permitió el acceso físico de los medios de comunicación a la sala de audiencias.
En su lugar, el Órgano Judicial habilitó una plataforma de transmisión en línea para que la prensa pudiera dar seguimiento a las diligencias. En las imágenes difundidas se observó a los procesados conectados desde diversos centros penitenciarios del país.
Liderazgo y jerarquía de los procesados
Entre los acusados que comparecen en este juicio se encuentran figuras identificadas por el Estado como líderes estratégicos de la estructura criminal.
Destaca la presencia de Borromeo Henríquez, alias “El Diablito de Hollywood”, señalado como el máximo dirigente de la MS-13, así como de un individuo apodado “Chivo de Centrales”, a quien la Fiscalía identifica como el responsable operativo o “CEO” de las finanzas y logística de la organización.
Pruebas y contexto de seguridad
La Fiscalía General de la República ha presentado un expediente que incluye diversas pruebas científicas y testimoniales para sustentar las acusaciones. Entre el material probatorio se encuentran:
- Informes periciales de autopsias realizadas a víctimas de la organización.
- Análisis de balística forense que vinculan armas decomisadas con escenas del crimen.
- Testimonios de testigos protegidos y documentos de inteligencia financiera.
Este juicio se desarrolla bajo la política de seguridad implementada por la administración del presidente Nayib Bukele, enfocada en la desarticulación de pandillas mediante el Régimen de Excepción.
No obstante, organismos internacionales y reportes desde el interior de las penitenciarías han señalado presuntos abusos de autoridad y decesos de internos bajo custodia del Estado.
El proceso judicial continuará en los próximos días con el desahogo de pruebas adicionales. La resolución de este caso es considerada por las autoridades salvadoreñas como un paso determinante en la estrategia de combate al crimen organizado, mientras que defensores de derechos humanos mantienen la observación sobre el cumplimiento del debido proceso para los casi 500 implicados.
