Por voz del diputado federal Marcelo Torres, la bancada del PAN ligó a la empresa que aplicó el cuestionado examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Territorium Life, con la Cuarta Transformación.
“Lo que hoy denunciamos respecto a la empresa Territorium Life no es un hecho fortuito ni una lamentable coincidencia, es el resultado directo de la complicidad, la negligencia criminal y un patrón sistemático de asignaciones opacas de este Gobierno federal con una proveedora de cabecera”.
En tribuna, Torres afirmó que Territorium Life no había llegado de forma fortuita a la plataforma federal Saberes MX, lanzada el 21 de noviembre del 2025, por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
“Llegó amparada por un vínculo preexistente de contratación pública que ha servido para otorgarle docenas de contratos por parte de dependencias de la Administración Pública Federal e instituciones del Estado como el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el extinto Consejo de la Judicatura Federal, acumulando más de 218 millones de pesos en recursos públicos”, acusó.
El diputado Torres aseguró que “detrás de esta empresa mimada por el régimen”, figuran sus fundadores y representantes Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo Sáenz González.
“A pesar de operar un sistema deficiente y lleno de fallas críticas, han mantenido una red de contratación multimillonaria que genera la clara presunción de responsabilidad administrativa y penal para los servidores públicos que autorizaron sus asignaciones, ya sea por colusión, favoritismo o impericia.
“El narcogobierno, los narcos del bienestar, conocían perfectamente el historial técnico nefasto de la empresa”, abundó.
Torres recordó que, en 2019, la Universidad Digital del Estado de México entabló un pleito judicial contra ellos por incumplimiento de un contrato de ocho millones de pesos.
En 2020, abundó, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) detectó vulnerabilidades graves en sus endpoints que permitieron el robo masivo de respuestas en exámenes en línea.
“Y aun con estos y otros antecedentes documentados, la UNAM le adjudicó de manera directa un contrato por 101 millones 757 mil 810 pesos para la prueba de admisión en línea de julio del 2026, pagando casi 42 millones de pesos, sólo para el nivel licenciatura.
“El resultado fue desastroso, violaron los 16 puntos contractuales y los 20 candados de seguridad, cobijaron la trampa con inteligencia artificial y la compra de respuestas a ciberdelincuentes, claro, provocando la anulación de resultados, la aplicación forzada de un examen presencial de control para 58 mil aspirantes y una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República”.
“Lo más grave e indignante es que el narcogobierno de Morena, conociendo este historial, le entregó el control total de la plataforma vederal Saberes MX. ¿Y cuál fue el resultado? Un fraude absoluto al descubierto por la investigación periodística de Claudio Ochoa Huerta, precisamente que es lo que a ustedes les duele, porque no quieren ser descubiertos”, opinó.
“Y bueno, fueron vulnerabilidades tan elementales que permitieron a cualquier usuario alterar el navegador, marcar un curso al 100% y emitir certificados oficiales con validez curricular ante la SEP y la Secretaría de Salud, sin haber tomado un solo minuto de clase. Emitieron incluso un certificado a nombre de la propia jefa de la secta, la Presidenta de los otros datos, Sheinbaum, en un curso ficticio sobre corrupción, a ese grado. Esto rebasó la estafa presupuestal para convertirse en un crimen de salud pública”.
Con arreglo a la información que desgranó en tribuna el diputado, la plataforma emitió o permitió emitir constancias apócrifas en talleres sensibles como vacunación pediátrica a personas sin capacitación y conocimientos reales.
Torres exigió que la Presidenta Sheinbaum y Mario Delgado expliquen los fundamentos de la adjudicación y la entrega de recursos a Territorium Life; que la Secretaría de Salud audite e invalide los más de 10 mil certificados emitidos de forma fraudulenta; y que la Secretaría Anticorrupción y la UIF investiguen a detalle a Carlos Guillermo Elizondo Ancer, a Gerardo Sáenz González y el patrón de contrataciones por 218 millones de pesos con el Gobierno.
