El senador Enrique Inzuza anunció que se mantendrá en el cargo de senador de la República, pero confirmó que dejará la banca del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El sinaloense enfrenta una acusación del gobierno de Estados Unidos de colaborar con el crimen organizado, en el mismo caso que obligó a Rubén Rocha Moya a solicitar licencia a la gubernatura (ya en dos ocasiones).
Inzunza informó en comunicado, con logos del Senado de la República, que no dejará el cargo, que le confiere fuero constitucional.
En esa tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de MORENA, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes.
Enrique Inzunza Cázarez enfrenta tres cargos penales principales dentro de la acusación formal estadounidense presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Estos cargos se enmarcan en una supuesta red de complicidad con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa para permitirles operar con impunidad en la entidad.
El primer cargo que enfrenta es el de asociación delictuosa para la importación de narcóticos. Específicamente, se le imputa haber conspirado a sabiendas e intencionalmente para fabricar, distribuir e importar ilegalmente a territorio estadounidense cantidades masivas de sustancias controladas, incluyendo al menos 400 gramos de fentanilo, un kilogramo de heroína, cinco kilogramos de cocaína y 50 gramos de metanfetamina.
Para sustentar estas imputaciones, la acusación detalla que Inzunza Cázarez participó en reuniones personales con líderes de los Chapitos fuertemente custodiadas por sicarios armados con ametralladoras.
La fiscalía señala de manera destacada que, tras la victoria electoral de Rubén Rocha Moya, Inzunza Cázarez asistió a una reunión con líderes del cártel donde se pactó que los Chapitos tendrían el control de la Policía Estatal de Sinaloa para que pudieran transportar y almacenar cargamentos de droga sin riesgo de interferencia de las fuerzas de seguridad públicas.
La fiscalía también acusa a Inzunza Cázarez de haber operado como un enlace de comunicación clave, transmitiendo mensajes directos entre los líderes de los Chapitos y el gobernador Rubén Rocha Moya sobre el respaldo mutuo.
Asimismo, en su rol como secretario general de Gobierno, colaboró activamente en la designación de otros funcionarios alineados con el cártel en puestos estratégicos del gobierno y de las agencias encargadas del orden público, permitiendo con ello que la facción criminal consolidara su control sobre las instituciones estatales de seguridad y de procuración de justicia en Sinaloa.
