La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, Ana Verónica López Chávez informó que nueve burócratas agredidos por policías estatales durante el desalojo violento de la protesta que mantenían frente al Museo Francisco Cossío el pasado 22 de noviembre, presentaron denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los abusos que sufrieron por parte de la fuerza pública, agresiones físicas, verbales, amenazas, daño a sus vehículos y el robo de sus teléfonos celulares, además, sin presentar la orden judicial del retiro.
Informó que el Comité Ejecutivo del SITTGE acudirá a instancias nacionales, e internacionales para demandar la protección integral de la tesorera sindical, Francisca Reséndiz Lara, y de su familia, ante la persecución política que realiza el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona en su contra, a quien le pidieron cese sus actos de intimidación, discriminación y violencia política, institucional y de género, así como campañas de desprestigio, confió en que el subsecretario de derechos humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez le brinde protección a su persona.
López Chávez demandó que la FGE actúe con total independencia del titular del poder ejecutivo estatal, a fin de que investigue con veracidad y legalidad las denuncias presentadas por las y los trabajadores afectados, para sancionar a los responsables, destacando que el SITTGE denunciará el robo de los toldos, sillas y catres que tenía en el sitio de la protesta, además de solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar la integridad de las y los afectados en el proceso, pues cuando fueron agredidos, no se tuvo la presencia de sus observadores.
En conferencia de prensa denunció que el proceso legal, que derivo en el desalojo, fue realizado de manera irregular y con una rapidez inusitada, pues tardaron tres días, desde que se presentó la querella el 15 de noviembre, hasta que el juez instruyó el retiro con el uso de la fuerza pública para quitarlos el 18 de noviembre, cuando el SITTGE envió el 27 de septiembre más de 200 oficios al Gobierno del Estado, para atender la situación de las y los trabajadores despedidos, y de los policías discapacitados acosados, sin que 72 días después, haya habido respuesta oficial.
Explicó que el ex diputado panista, Jorge Luis Miranda Torres se asumió como víctima del presunto delito de ataques a las vías de comunicación para quitar la protesta, sin que demostrará el supuesto daño que le causó el plantón, refiriendo que como legislador incurrió en actos de corrupción por un monto de más de 100 mil pesos en la compra de supuestos apoyos sociales, que nunca entregó a los beneficiarios, y fue suplente de Alejandro Flores Flores, quién con el hoy secretario general, Guadalupe Torres Sánchez, y otros diputados, extorsionaban a ediles con sus cuentas públicas.
La dirigente sindical señaló que también pedirán protección para los miembros del Comité Ejecutivo y de los afiliados al SITTGE, responsabilizando al gobierno estatal de cualquier represalia, agresión, hostigamiento, violencia o discriminación en su contra, por la defensa que realizan a favor de Reséndiz Lara, lamentó que el mandatario estatal criminalice la protesta, la libertad de organización, manifestación y expresión, en lugar de dar soluciones a las demandas laborales de las y los trabajadores estatales, resaltando que no ha habido diálogo con la autoridad estatal.
Señaló que se mantiene la disposición del SITTGE para instalar mesas de trabajo conjuntas, entre sindicato y autoridad estatal, para iniciar la comunicación institucional, a fin de iniciar el proceso para solucionar todas y cada una de las demandas laborales generales y particulares, cumpliendo la ley, en un proceso abierto y transparente, porque a pesar de que el gobierno del estado asegura que ha dialogado con la representación laborista, la realidad es que no hay, ni ha habido encuentros tendientes a resolver cada problemática general y particular de las y los trabajadores.
