Represión en Irán: el régimen confirmó el castigo de 74 latigazos a una cantante por presentarse sin hiyab

Sus abogados cuestionaron la magnitud de la sentencia y remarcaron que el tribunal pudo optar por penas más leves
INFOBAE.-Un tribunal de apelación de Irán ratificó la condena a 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi, sancionada por actuar sin hiyab en un concierto transmitido en vivo. La decisión fue confirmada sin audiencia y sostiene también otras restricciones impuestas contra la artista.
Ahmadi, de 29 años, cantó con un vestido sin mangas durante una presentación difundida a través de su canal de YouTube en diciembre de 2024, que acumuló millones de reproducciones. El poder judicial iraní inició entonces una causa penal en su contra, al considerar que la actuación “violaba las normas legales y culturales del país”.
En junio, un tribunal penal de la ciudad de Qom la declaró culpable, junto con ocho integrantes de su banda y equipo de producción, por cargos que incluían “ofender la decencia pública” mediante la difusión de “material obsceno e indecente”. La legislación iraní prohíbe las actuaciones públicas de mujeres, a quienes exige usar hiyab y vestir de manera recatada.
Además de los latigazos, la sentencia incluyó la prohibición de realizar actividades audiovisuales y de salir del país durante dos años. El recurso de apelación presentado por la defensa fue rechazado por un tribunal superior sin que se celebrara una vista, según informaron los abogados.

Uno de los defensores de la cantante sostuvo que “celebrar el concierto no constituía delito alguno” y cuestionó la magnitud del castigo, dado que existían “otras opciones, como multas o penas menos graves”. Desde su perspectiva, el tribunal superior tenía la posibilidad de convocar a una instancia de revisión y optó por no hacerlo, en una resolución orientada, a su criterio, a “disuadir de la repetición de sucesos similares”.
La condena inicial provocó repudio entre usuarios iraníes en redes sociales. La artista exiliada Googoosh expresó su deseo de que “las mujeres recuperen la libertad de elegir cómo vivir y vestir”, mientras que el músico Hossein Alizadeh se ofreció a recibir parte del castigo en lugar de Ahmadi. Amnistía Internacional, por su parte, calificó los azotes como un castigo “cruel, inhumano y degradante” que viola la prohibición absoluta de la tortura.
El respaldo del uso obligatorio del hiyab surge de la interpretación que Irán hace de la sharia, norma que obliga a mujeres y niñas a cubrirse el cabello, así como a vestir de manera holgada desde la pubertad. Ese marco jurídico habilita a los tribunales a sancionar tanto presentaciones públicas como publicaciones personales en redes sociales.
Bajo ese mismo esquema legal, en enero de 2024 la activista kurdo-iraní Roya Heshmati recibió 74 latigazos en una fiscalía de Teherán, condenada por “violar la moral pública” a raíz de una foto sin hiyab difundida en internet. Según el grupo de derechos Hengaw, una funcionaria le colocó a la fuerza un pañuelo antes de que un agente varón la golpeara en los hombros, la espalda, las caderas y las piernas.

El debate sobre la obligatoriedad del hiyab se intensificó a partir de 2022, cuando la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por la policía de la moral en Teherán, derivó en protestas masivas contra el estamento clerical. Mujeres de distintas ciudades quemaron o agitaron sus pañuelos durante las manifestaciones, que las fuerzas de seguridad reprimieron con un saldo de cientos de muertos.
A partir de ese episodio, un número creciente de mujeres dejó de cubrirse el cabello en espacios públicos, en abierto desafío a la norma vigente. Como respuesta, el gobierno intensificó detenciones, advertencias y clausuras de comercios vinculados a incumplimientos del código de vestimenta.
El nivel de aplicación de esas medidas se vio condicionado, tal como reconoció a principios de este mes el político conservador Gholamali Haddad-Adel, suegro del líder supremo Mojtaba Jamenei, por la guerra que Irán mantiene con Estados Unidos e Israel. El dirigente, integrante del Consejo de Discernimiento, admitió que ese conflicto impide a las autoridades “actuar en este frente tanto como deberían por el momento”.
La confrontación bélica comenzó a fines de febrero, semanas después de una represión estatal contra manifestantes que protestaban por la crisis económica del país, con un saldo de miles de víctimas fatales.









