Trasladan a la cárcel de “Puente Grande” a siete de los 39 detenidos en las protestas por agua contaminada en Jalisco

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La mañana de este martes, las autoridades de Jalisco trasladaron a la cárcel de Puente Grande a siete de las personas detenidas durante las protestas que se registraron el pasado domingo en la ciudad de Guadalajara a causa del suministro de agua sucia.

A través de un comunicado, la fiscalía de Jalisco informó de este traslado e identificó a los siete como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”.

De acuerdo con el comunicado, existen suficientes elementos para imputar a estos sujetos por lesiones dolosas contra personal de seguridad pública y por desobediencia o resistencia, y para que sean presentados ante un juzgado de control.

En un comunicado posterior, la fiscalía informó que, si bien estas personas serán trasladadas a Puente Grande, estos permanecerán en el área de juzgados y no serían ingresados a la prisión.

“Esta acción responde al procedimiento legal establecido para que un juzgado de control determine su situación jurídica en las próximas horas, donde se resolverá si son vinculadas a proceso y la medida cautelar que se señale conforme a derecho, entre las que se incluye que puedan continuar con su proceso en libertad”, apunta el documento.

Cabe recordar que el día de ayer, la fiscalía informó que la liberación de los primeros detenidos ocurrió porque se determinó que no era necesaria la medida de prisión preventiva para continuar con la integración de las carpetas de investigación de acuerdo con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El traslado de estos siete sujetos había sido informado en la red social X (antes Twitter) de la fiscalía de Jalisco alrededor del mediodía, sin embargo, la publicación fue borrada.

El pasado domingo se registraron 39 detenciones, según cifras oficiales, luego de que elementos de seguridad pública hicieran uso de gases lacrimógenos y chorros de agua para reprimir una manifestación que exigía una solución al problema de agua contaminada que afecta sobre todo a la Zona metropolitana de Guadalajara.

El gobernador Pablo Lemus atribuyó la violencia a agresiones de grupos de choque que buscaron restar legitimidad a las protestas.

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