La senadora potosina Verónica Rodríguez Hernández, exigió al INE y al CEEPAC investigar los señalamientos sobre el reparto de agua con presuntos condicionamientos políticos y exigió sanciones para quienes resulten responsables. “El agua es un derecho humano, no una moneda de cambio para mantener el poder”, afirmó.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), exigió investigar el posible uso de recursos públicos en beneficio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, ante los señalamientos sobre presuntos condicionamientos políticos en el programa de reparto de agua implementado por el Gobierno del Estado.
Rodríguez Hernández señaló que una investigación periodística de N+ dio a conocer testimonios que apuntan a una posible intervención de estructuras partidistas en la distribución del recurso, mientras numerosas familias de la zona metropolitana enfrentan problemas de abastecimiento y dependen de las pipas para satisfacer sus necesidades básicas.
Advirtió que el acceso al agua no puede estar condicionado a la afiliación política y condenó que se aproveche la necesidad de las familias potosinas para beneficiar a un partido político. Ante estos señalamientos, exigió al Gobierno estatal una explicación seria y transparente, así como el esclarecimiento de los criterios y mecanismos utilizados para distribuir el recurso.
Asimismo, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen el posible uso de recursos públicos para favorecer al Partido Verde y determinen las responsabilidades correspondientes. También exigió que se apliquen las sanciones que procedan contra quienes resulten responsables, sin importar el cargo que ocupen.
La senadora potosina demandó al Gobierno del Estado que garantice el suministro de agua a las familias potosinas sin intermediarios partidistas y que se proteja a quienes hayan denunciado posibles irregularidades. Subrayó que las autoridades deben esclarecer quiénes intervienen en la distribución, quiénes autorizan las entregas y si existió algún condicionamiento político, pues ninguna familia debe temer quedarse sin agua por negarse a respaldar a un partido o denunciar posibles abusos.
“Recibir agua no los pone en deuda con ningún político”, enfatizó Rodríguez Hernández, al señalar que las familias no deben vivir con el temor de perder el suministro por negarse a respaldar a un partido político o por denunciar posibles abusos. “El agua no pertenece a un padrón electoral ni a las coordinadoras de un partido; el agua es un derecho humano y no una moneda de cambio para mantener el poder en San Luis Potosí”, concluyó.
