La Política Estatal Anticorrupción presentada recientemente ante las autoridades estatales de San Luis Potosí incluye 62 prioridades para el combate a la impunidad, rendición de cuentas, fortalecimiento de la capacidad institucional y delimitación del interés para evitar el abuso del poder.
De acuerdo al documento que puede ser consultado en https://seseaslp.org/documents/pea.pdf y elaborado en forma conjunta por la UASLP, el Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva y Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, el mismo permitió tener un diagnóstico del estado que guarda la corrupción en San Luis Potosí, mismo que se erige como punto de partida en la construcción de una Política Estatal Anticorrupción (PEA).
El documento propone siete ejes para la Política Estatal, entre las que se encuentran:
1.- Atención a las necesidades ciudadanas;
2.- Fortalecimiento de las normas sociales;
3.- Delimitación del interés para evitar el abuso de poder;
4.- Gestión de conocimiento y racionalidad;
5.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales;
6.- Rendición de cuentas y
7.- Combate a la impunidad.
Cabe señalar que el documento establece que el combate a la corrupción se constituye como una tarea impostergable, por lo que las acciones y recomendaciones que urgen de este diagnóstico servirán para una adecuación institucional que coadyuve para la eliminación de la opacidad en la que operan buena parte de las agencias gubernamentales.
Entre las 62 acciones que se proponen para el combate a la corrupción se encuentran las siguientes: Generar mecanismos adecuados para el acompañamiento y asesoría de la ciudadanía, en cuanto a la denuncia de actos de corrupción; fomentar la simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad; Verificar la operación de los programas presupuestarios con base en derechos humano y gestión de riesgos de corrupción.
Además, implementar y fortalecer los mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios; promover la simplificación de los procesos institucionales y homologación de trámites y servicios públicos; generar un sistema único que integre información sobre políticas y programas sociales, así como un padrón de beneficiarios.
También se propone crear observatorios para una vigilancia de compras y adquisiciones gubernamentales; implementar un sistema que permita registrar actos o conductas corruptas de los servidores públicos estatal y municipales, denunciados por la ciudadanía; reconocer la calidad y honestidad de las instituciones públicas gubernamentales y promover la participación efectiva de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
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